La prórroga de Rajoy a Ence, en riesgo de quedarse en papel mojado
El Gobierno de Sánchez desiste en la defensa judicial de la concesión por 60 años en la ría de Pontevedra porque no fue "conforme a derecho" y la ubicación no está "justificada"
La bendición de Rajoy a Ence está en el aire y puede acabar como papel mojado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez desiste de la defensa de la concesión por 60 años más a la empresa celulosa para seguir ubicada al borde de la ría de Pontevedra y deja sola a la pastera frente a los tres procedimientos en marcha, promovidos por Greenpeace, el Ayuntamiento de la ciudad gallega y la Asociación pola Defensa da Ría, para conseguir su nulidad. El escrito del abogado del Estado remitido a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional sostiene que la prórroga en la concesión a Ence en la ría de Pontevedra en enero de 2016 por el Gobierno en funciones del PP no fue "conforme a derecho".
Uno de los argumentos que blande ahora el Gobierno es un dictamen del Consejo de Estado que fija que el plazo máximo de una concesión es de 75 años, sin que se "pueda sobrepasar" ese límite. En 1958 se estableció una concesión de 75 años que caduca en 2033 para la pastera, por ello el Gobierno apunta que la prórroga otorgada en 2016 por 60 años (a contar desde la fecha de solicitud en 2013, hasta 2073) "no sería conforme a derecho". Además, el Estado se refiere a la normativa de Costas que fija que "únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre" en aquellas instalaciones que "por su naturaleza no puedan tener otra ubicación". "No queda justificado", sigue el documento de seis folios, que en este caso "la mercantil no pueda tener otro emplazamiento".
El reguero de reacciones ante esta noticia no ha hecho más que empezar. Ence Energía y Celulosa ha hecho público esta mañana un comunicado en el que reconoce su "sorpresa ante el inesperado cambio de criterio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, de allanarse el pasado 8 de marzo en los tres procedimientos que actualmente se siguen en la Audiencia Nacional". Para la empresa, la nueva decisión de la Administración General de Estado es "contraria al ordenamiento jurídico e implica un cambio arbitrario en el criterio que había venido manteniendo durante todo el procedimiento". Esta actuación, defiende la pastera, "solo puede ser explicada en clave electoral y supone una falta de respeto hacia los puestos de trabajo de miles de empleados, proveedores y del mundo rural, altamente dependiente de la actividad forestal de la empresa, ya que Ence es el destinatario de la mitad de la madera que se produce anualmente en Galicia". "El 30% de las personas empleadas en el sector forestal de Galicia dependen de la actividad de Ence", insiste en la misma línea varias veces el comunicado.
"Es sorprendente que la Dirección General de la Costa y del Mar dé argumentos contrarios a los que ha defendido hasta la fecha en el último momento procesal, cuando hasta hace nada estaba defendiendo la absoluta legalidad de la orden ministerial que otorgó la prórroga de la concesión de Ence", continúa la compañía sobre el incierto futuro de su factoría en Lourizán (Pontevedra). "Si el allanamiento es aceptado en las sentencias de los tribunales podría provocar una fuerte destrucción de empleo en toda Galicia", augura a continuación sobre el nuevo escenario que se le presenta a la empresa. En palabras de Ence, de la "biofábrica" de Pontevedra "dependen de forma directa e indirecta más de 5.100 familias. La planta dispone de una plantilla fija de 400 empleados a los que se unen 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte (cada día 300 camiones entran en la fábrica y la celulosa de Ence supone la mitad del tráfico del puerto de Marín ya que se exporta el 95% de la producción), así como más 2.100 empleos en el sector forestal de Galicia que dependen directamente de la actividad de Ence-Pontevedra".
Mientras tanto, Greenpeace ha celebrado la decisión de que el Estado "reconozca el valor de este terreno" y la defensa que hizo el colectivo ecologista de que "la reforma de la Ley de Costas se realizó en contra de un bien público y del medio ambiente". "La extensión de la ocupación de Ence en la ría de Pontevedra durante 60 años más siempre ha sido ilegal”, recalca el grupo: "Confiamos en que la justicia y el Estado de Derecho resuelvan en favor de la preservación del medio ambiente”.
Por su parte, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pontevedra, Carme da Silva, considera que "se abre una puerta de esperanza a que esa prórroga de 60 años no se efectivice y que Ence se vaya de su actual ubicación y se pueda recuperar la ría". Destaca que esta decisión del Gobierno llegue "cuando parecía que ya no había partido" y "Ence creía que tenía todo atado y bien atado", como a su juicio demuestran "las campañas enormemente agresivas" que tiene la pastera en los medios. Mientras tanto, el presidente de la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), Antón Masa, va todavía más allá y cree que en la práctica este paso del Estado puede suponer que Ence "podría estar como mucho hasta 2033", al cumplirse el límite de 75 años desde 1958. "Seguiremos luchando para que no se cumpla ni siquiera ese plazo", avisa.
