A Ence se le atraganta la planta de Pontevedra

Ignacio de Colmenares, presidente y consejero delegado de Ence, es un ejecutivo acostumbrado a remar a contracorriente. Pelea contra la Asociación de Defensa de la Ría de Pontevedra (APDR), que lleva tres décadas intentando que la planta de celulosa que se asoma al mar en esa localidad gallega se lleve sus olores a otra parte. La empresa asegura que los ha reducido en un 99%, pero todavía algunos días hay emisiones que causan molestias a los vecinos. También batalla contra el Ayuntamiento, que declaró a Mariano Rajoy persona non grata por darle la última prórroga —de 60 años— a la instalación en 2016. Una prórroga contra la que denunciaron Greenpeace, el Ayuntamiento de la ciudad gallega y la APDR para conseguir su nulidad y sobre la que la Audiencia Nacional debe pronunciarse muy pronto.

El último capítulo del desencuentro también ha acabado en los tribunales y amenaza con costarle a la compañía buena parte del esfuerzo que ha hecho en los últimos años por mejorar su imagen social. Un esfuerzo en el que De Colmenares se ha aplicado especialmente, con extensas explicaciones a los medios de comunicación sobre el funcionamiento de la compañía y el trabajo desarrollado para minimizar el impacto ambiental de la factoría. En un vídeo interno difundido hace un par de semanas, Colmenares reflexionaba —en una intervención de tres cuartos de hora— sobre el proyecto de Ley de Cambio Climático. Hablaba de que, por un matiz en la redacción de un artículo, la ley podría llegar a bloquear las inversiones que la fábrica necesita realizar para no perder seguridad y competitividad. Y dijo lo siguiente: “Podemos tener un susto mayúsculo medioambiental en cualquier momento, que puede afectar a las personas. Como tenemos una responsabilidad como administradores, como no nos dejen horizonte suficiente para invertir lo que hay que invertir [...] nos veremos obligados a cerrar la fábrica de forma ordenada pero rápida. Que no os engañen cuando os dicen que ese artículo no nos afecta, porque si no nos afectase no le habría costado nada al ministerio cambiar la redacción siguiendo recomendación del Consejo de Estado”. También mencionó que él personalmente tuvo reuniones con miembros del Ejecutivo para advertirles de esa posibilidad de verse obligados a abandonar Pontevedra si la ley saliese adelante en los términos en los que está redactado el proyecto. Ante eso Ence no ve posibilidad de trasladarse a otro emplazamiento gallego para mantener los puestos de trabajo. Siempre ha dicho que esa posibilidad es económicamente inviable.

Cualquiera que escuchase la intervención (el vídeo duraba unos cuatro minutos) se daría cuenta de que Colmenares no hablaba de un peligro inminente de seguridad en la planta de Pontevedra, sino de que, sin las condiciones necesarias para invertir en el futuro, la planta tendría que desmantelarse. Pero la carga de profundidad de la declaración no pasó desapercibida para nadie. El PSOE de la ciudad demandó a la compañía por amenazas para “redactar leyes a su antojo”; la fiscalía abrió una investigación de oficio y la APDR denunció a Colmenares en el juzgado de guardia. La Asociación, en una carta dirigida al secretario de Estado de Medio Ambiente pidió que “no cedan a las amenazas y las presiones del Señor de Colmenares y su círculo, verdaderos chantajes con los que pretenden conseguir la modificación del proyecto de ley para continuar en Lourizán de forma irregular en los terrenos de dominio público marítimo-terrestre que ahora ocupan”.

Por su parte, la compañía -en cuyo consejo se sientan dos expolíticos del Partido Popular, la exministra Isabel Tocino y José Carlos del Álamo, exconsejero en gobiernos de Manuel Fraga en la Xunta- ha dado extensas explicaciones sobre que la planta cumple con todos los estándares de seguridad posibles, como una certificación AENOR que acredita el cumplimiento de la normativa internacional y “un robusto sistema de gestión de la seguridad”. De hecho, dicen, sus índices de seguridad “son diez veces mejores que los de la industria en España”. En su página web se pueden consultar extensos informes de sostenibilidad que hablan del escaso impacto medioambiental actual de la planta. La Audiencia Nacional avaló, en una sentencia del año pasado, el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de la compañía. La lucha avivada por el vídeo de Colmenares incluso llevó a un encierro de los trabajadores en el Ayuntamiento este jueves, en defensa de la planta y de sus puestos de trabajo. Este viernes hay convocada en Madrid una protesta de empleados (la planta tiene 800 trabajadores de forma directa). Pero en el fondo, el conflicto saca a relucir un problema difícil de resolver: el peaje por tener una fábrica en un lugar donde una parte de la población no la quiere.