La Fiscalía investiga la seguridad de la fábrica de Ence en Pontevedra

La Fiscalía de Pontevedra, con su jefe Juan Carlos Aladro como principal supervisor y especialista en delitos de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, investiga si la planta de la fábrica Ence reúne las condiciones de seguridad para seguir operando. Así lo confirmó este viernes la Fiscalía Superior de Galicia, informando que se han abierto de oficio diligencias de investigación penal por un posible delito medioambiental en la empresa pastera.

La actuación del ministerio público se produce tras las declaraciones realizadas por el presidente de Ence, Ignacio Colmenares, “sobre un riesgo ambiental con posible afectación de las personas”, según expone la Fiscalía Superior en un comunicado. La Fiscalía de Pontevedra ha solicitado informes sobre el estado de la planta a la Policía Judicial de la Unidad de la Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y a varias delegaciones de la Xunta, para valorar si las instalaciones entrañan un riesgo para la seguridad de la población de su entorno.

Ignacio Colmenares hizo las polémicas declaraciones en un contexto interno de la compañía, cuando este se dirigía a los trabajadores a propósito del futuro de la factoría cuyo cambio de emplazamiento, a Brasil o Portugal, depende ahora de lo que se concrete en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se encuentra en plena tramitación legislativa.

La alocución del directivo aparecía en un video que fue difundido el pasado fin de semana. En él, Colmenares advertía de que la fábrica de Lourizán podría dar “un susto medioambiental” por la falta de inversiones debida a la situación de indefinición que genera para la factoría la futura ley. En concreto se aludía al artículo 18.4 de la ley en tramitación, contrario a los intereses de Ence porque contempla una aplicación retroactiva del límite de 75 años para las concesiones en terrenos situados en el dominio público marítimo-terrestre, de competencia estatal.

Ence dio su versión en un comunicado en el que sostiene que el video es una “grabación ilegal”, “sacada de contexto”. Además, ha desmentido que Ignacio Colmenares haya puesto en cuestión el futuro de la empresa y subraya que “este extracto, de cerca de cuatro minutos de duración, es parte de una intervención de más de tres cuartos de hora” y que “no refleja su sentido ni significado”.

La controversia del video se avivó cuando la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) anunció que pondría en conocimiento de la fiscalía las declaraciones de Colmenares para que esta actuara. La APDR puso el foco en estado actual de la caldera de recuperación de la fábrica, mientras el Ayuntamiento de Pontevedra admitió que las advertencias del directivo de Ence habían generado gran alarma entre los ciudadanos y también pidió una investigación.

Esta es la segunda investigación del fiscal jefe de Pontevedra sobre Ence. En 1993, durante su etapa como fiscal de Medio Ambiente, Juan Carlos Aladro intervino en las diligencias por presunto delito ecológico contra la pastera. Un proceso del que salieron condenados varios directivos de la compañía por emisiones contaminantes a la atmósfera y a la ría de Pontevedra, lo cual obligó a Ence a realizar inversiones medioambientales.