Ence sigue contaminando, pero menos

Entre las costumbres populares de los pontevedreses se ha ido afianzando en los últimos años la de asistir a las periódicas manifestaciones de la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) como la de ayer, a la que asistieron 4.000 personas según los organizadores, y que esta plataforma convoca para reclamar el cierre del complejo de Ence-Elnosa en Lourizán. A siete años de la fecha tope que la Ley de Costas marca para que la fábrica abandone su emplazamiento en el dominio público, los tres grupos municipales apoyan formalmente el traslado de la planta. Las razones, sin embargo, han ido cambiando. De una época en la que el foco ciudadano estaba puesto en la contaminación, el discurso ha ido derivando hacia la necesidad de recuperar el área, una parroquia costera que limita con Marín. Que la planta mancha menos parece un hecho aceptado, pero no tanto que su efecto sobre el entorno sea nulo.

El olor no es igual que en los noventa pero continúa llegando a la ciudad

La empresa saca pecho constantemente de su gestión medioambiental, en la que queda lejos la condena por delito ecológico continuado entre 1985 y 1992 a la que se avinieron sus responsables, patente en una sentencia judicial de 2002. "Pusimos en marcha un sistema de depuración ambiental que nos sitúa en la vanguardia del sector mundial de la pasta", rezan los anuncios de la pastera en los medios de comunicación. "En Ence el problema es más visual que ambiental", sostiene su gerente de comunicación, Pancho Tristán, que insiste en que las mejoras han reducido a la mínima expresión el potencial contaminante.

En el otro extremo se sitúa la APDR, que clama por el cierre inmediato. El conflicto, como ya ha pasado en otras ocasiones en este caso, está en la interpretación de la normativa. La fábrica de celulosas opera en la actualidad siguiendo los parámetros de vertidos que fija su Autorización Ambiental Integrada (AAI), un permiso administrativo que le renovó la Xunta en 2008, cuando el socialista Pachi Vázquez era conselleiro de Medio Ambiente. La planta los cumple. Pero la APDR protesta insistentemente contra esta autorización, que consideran ilegal y contra la que han presentado recursos en varias instancias. "La Xunta no nos contestó; ahora está en el Supremo", recuerda el portavoz de la asociación, Antón Masa.

La asociación ecologista aduce que un decreto-ley de 1995 sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, es la referencia por la que se debería guiar Ence, en la que se fijan límites de vertidos más estrictos que los de la AAI en tres parámetros: demanda química y biológica de oxígenos y sólidos en suspensión. Ence supera el tope que fija esta norma, pero dice que no le atañe. "Solo se aplica para las depuradoras y el alcantarillado urbano", aduce Carlos Casas, jefe de Calidad y Medio Ambiente de la planta, que justifica que la AAI es el único texto que les incumbe.

Otro punto de conflicto son los vertidos de mercurio, que la Lei de Augas prohíbe salvo cuando las propias materias primas lo contienen. No es el caso de Ence, que aún así vierte una cantidad diaria de dos microgramos por litro de vertido. Casas explica que las mediciones de mercurio en Ence se mantienen desde la época en que Elnosa, la otra planta del complejo de Lourizán, todavía formaba parte de la misma empresa. La química, propiedad de una compañía portuguesa desde 2003, sí utiliza mercurio en sus procesos, aunque asegura que planea eliminarlo. "La cantidad de mercurio en el agua que vierte Ence es minúscula, la misma que puede haber en el agua que sale del grifo", defiende la empresa.

Las emisiones atmosféricas también cumplen con la AAI, pero desde la plataforma aseguran que el punto de toma de las medidas está bajo el arco por el que sal el humo de las chimeneas. "Eso lo fija la Xunta, sobre eso no tenemos ninguna competencia", se defienden en la empresa, que critica la atención mediática a la APDR. "A veces dicen barbaridades, como que consumimos gas natural; es imposible, no tenemos tubería", se queja Tristán. Errores puntuales aparte, la APDR simboliza la oposición social a la planta, que encabezó cuando el apoyo político era escaso.

Donde no hay espacio para matices legales es en la cuestión del mal olor. Pontevedra no hiede de la forma en la que lo hacía en los noventa en los días de fuerte viento de sur, pero el mal cheiro no ha remitido. El viernes pasado, coincidiendo con la víspera de la manifestación, la empresa anunció un "plan de control del impacto oloroso" en el que planea gastar hasta dos millones de euros para acabar con "un fenómeno que a nivel doméstico sucede con la cocción de determinadas verduras".

En el plano político, la batalla está servida. Por mucho que la Ley de Costas obligue a la salida en 2018, el consejero responsable de la empresa, Ignacio Colmenares, insistía hace dos semanas en que no se están estudiando el traslado. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, avisó ayer en su toma de posesión como alcalde que quiere "dar pasos firmes" hacia el mismo. Le toca a la Xunta pronunciarse.