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Dos relatores de la ONU reclaman al Gobierno un control de los alquileres más estricto

Los expertos de Vivienda y Derechos Humanos de Naciones Unidas también piden mayor protección para los inquilinos en la ley que ultima el Congreso

Ley de Vivienda concentracion
Concentración ante el Congreso para exigir la aprobación de la ley de vivienda, el pasado martes en Madrid.Andrea Comas
José Luis Aranda

El relator especial de Naciones Unidas para una vivienda adecuada y su homólogo para la extrema pobreza y los derechos humanos creen que el proyecto de ley de vivienda que presentó el Gobierno se queda corto. En un comunicado dirigido al Ejecutivo y fechado esta semana, ambos responsables recomiendan modificar el texto para, entre otras cuestiones, “mejorar el sistema de contención de alquileres”. El texto recuerda que la futura norma contempla un sistema de límites de precios “que puede introducirse en mercados inmobiliarios estresados” y da “la bienvenida” a ese hecho. Pero añade que “esta medida debe extenderse a todos los contratos nuevos en dichas áreas, no solo a los propietarios de viviendas a gran escala”. Según la propuesta que el Gobierno envió al Congreso, donde se está debatiendo y previsiblemente se modificarán aspectos sustanciales, los controles de rentas se reservaban a los denominados grandes tenedores, mientras que para los pequeños propietarios se incluían bonificaciones fiscales a cambio de arrendar barato.

Pero ese sistema dual no convence a los relatores de la ONU, que recuerdan que “según los datos proporcionados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, solo alrededor del 6% de todas las viviendas están alquiladas por grandes propietarios”. Esto, continúan, “significa que la gran mayoría de los inquilinos no se beneficiarían de tales medidas”. “La mayoría de los países que han adoptado sistemas de contención de rentas han establecido tales reglas para todas las viviendas alquiladas en mercados inmobiliarios en tensión, independientemente de si la propiedad de la vivienda es un actor grande o pequeño”, insisten en otro punto de la misiva remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fechada el 24 de enero y publicada en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los relatores especiales son expertos independientes a los que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide que controle de cerca determinados asuntos.

Las diferentes reglas para grandes y pequeños propietarios no son el único aspecto que no convence a los representantes de Naciones Unidas. “La facultad de declarar una zona como mercado inmobiliario tensionado [un requisito que exige el proyecto para aplicar controles de alquileres] no debe quedar restringida a las comunidades autónomas”, sostienen. Por ello recomiendan que se faculte también a los ayuntamientos, “que conocen de primera mano los problemas de oferta de viviendas en alquiler a precios asequibles”.

Los relatores destacan que, según Eurostat, el 40,9% de los inquilinos españoles destinaban más del 40% de sus ingresos a gastos de vivienda en 2021. “La contención de alquileres por sí sola no podrá garantizar que la vivienda sea asequible”, afirman, “además de expandir urgentemente el parque de viviendas sociales, puede ser necesario considerar el establecimiento de subsidios al coste de la vivienda para los hogares de bajos ingresos”. También demandan que se obligue a los caseros a informar a los inquilinos de la renta anterior en los nuevos contratos. Y que si los arrendatarios creen que se incumple el sistema de control, puedan “impugnar de una manera fácil el alquiler excesivo”. “La ley del derecho a la vivienda también debería especificar las multas que las autoridades pueden imponer a las propiedades que cobran alquileres excesivos”, agregan.

Una “oportunidad” para España

Los autores de la carta piden que esta se entregue a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, puesto que su departamento coordina las políticas estatales de vivienda, que es una competencia transferida a las comunidades. También que se comparta con el Congreso y “las comisiones y grupos parlamentarios que actualmente estén considerando esta legislación”, en alusión a la futura norma estatal. El escrito se inicia con elogios a la elaboración de la norma, de la que dicen que constituye “una oportunidad para alinear la ley estatal con varias decisiones tomadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [de Naciones Unidas] en relación con quejas individuales relacionadas con el derecho a una vivienda adecuada en España”. El citado comité se ha pronunciado en varias ocasiones sobre asuntos españoles, especialmente para pronunciarse contra desahucios de familias vulnerables, puesto que España ratificó en 2010 el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Los dos expertos de la ONU que firman la carta conocida ahora abundan en la misma idea. Entre las siete recomendaciones que formulan a los legisladores, se pide la “protección de las personas vulneradas frente a los desalojos”, recomendando que se impidan los desahucios en estos casos sin que se haya ofrecido a las familias una casa alternativa donde vivir. También demandan que la ley sea más taxativa y especifique que la vivienda es un derecho humano, medidas para combatir la discriminación de determinados colectivos en el acceso a la vivienda, aumentar la protección de grupos vulnerables, garantizar el acceso a la justicia de quienes vean vulnerado el derecho a la vivienda y marcar objetivos concretos en la ampliación del “muy reducido” parque de viviendas sociales de España, además del ya mencionado refuerzo del sistema de contención de alquileres.

Fuentes de Transportes indican que “el ministerio valora todas las propuestas de los diferentes organismos y colectivos, con los que siempre se ha sido sensible y con los que se han mantenido numerosas reuniones en todo el proceso de elaboración de la ley”. Y agregan que, “en cualquier caso, hay que recordar que ahora mismo la ley se encuentra en trámite parlamentario y que es en ese ámbito donde se está trabajando el texto legislativo”. Más entusiasta es la reacción de organizaciones sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). “En la carta hay una cuestión primordial, que venimos reclamando nosotros hace mucho tiempo, que es el derecho subjetivo a una vivienda”, comenta Paco Morote, portavoz de esa organización. “El tema de protección de los desahucios coincide también con lo que nosotros llevamos tiempo pidiendo”, añade, quien señala que la PAH, que en muchas ocasiones se ha dirigido al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, no se ha reunido con los relatores especiales para tratar ese asunto.

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Sobre la firma

José Luis Aranda
Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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