Casi media España no aplicará la futura ley de vivienda

Una ley que nace coja. Casi la mitad del país, la gobernada por la derecha, no aplicará la futura ley de vivienda que define un nuevo marco para el mercado de los alquileres en España. Las cinco comunidades autónomas con gobiernos del PP ―Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia―, que suman más de 21 millones de habitantes, así como los ayuntamientos populares ―el PP tiene las alcaldías de cuatro de las ocho grandes capitales― se negarán a aplicar la norma, según ha anunciado este miércoles el presidente del PP, Pablo Casado, que critica el “intervencionismo suicida” de esta regulación. El PP se opondrá a las medidas del Gobierno para aliviar el alto coste de la vivienda en España y piensa recurrir además la ley al Tribunal Constitucional cuando se apruebe.

La norma que han anunciado PSOE y Unidas Podemos no es de aplicación directa: la letra pequeña deja en manos de las comunidades y de los ayuntamientos las principales medidas, como la imposición de precios tope a los grandes propietarios y la penalización fiscal a las casas vacías.

La rebeldía contra la ley de las comunidades y ayuntamientos del PP es posible porque la norma requiere la colaboración de las administraciones. Por un lado, las comunidades autónomas deben solicitar la declaración de “área tensionada” en la que, según la futura norma, se podrán luego limitar los precios de los alquileres. Por otro, los consistorios gestionan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), sobre el que la ley fija un recargo de hasta el 150% a las viviendas vacías. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del PP, ya ha avisado de que su Gobierno se negará a aplicar ese recargo. “No vamos a recargar el IBI de viviendas vacías. Es un ataque a la propiedad privada con pocos precedentes y será inútil porque no va a ayudar a solventar un problema que existe”, dijo este martes el regidor. Martínez Almeida ha sacado pecho de su oposición frontal a la norma en las redes sociales, con un tuit en el que reivindica que no hará “nada” para controlar el precio de los alquileres en Madrid. Sorprendentemente, el mensaje lo había difundido su oposición, Más Madrid, para criticarle, pero él se reivindica. “Lo que hará Almeida para regular el precio de los alquileres en Madrid: NADA”, decía el tuit de Más Madrid, que Almeida ha retuiteado con este mensaje: “Exacto”.

La norma diferencia dos situaciones para el control de los precios de los alquileres: caseros particulares y empresas que tienen más de 10 viviendas (los denominados “grandes propietarios”). Para los primeros, la vía principal de regulación son los incentivos fiscales, mientras que para los segundos sí se establecerán topes de precios. En ambos casos, las medidas se aplican en las llamadas “áreas tensionadas”, cuya declaración deberá ser solicitada por las comunidades autónomas al Gobierno. Se declarará “área tensionada” una zona donde los precios de alquiler hayan crecido en los últimos años por encima de lo que se considera razonable.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reconocido que el Gobierno tiene que “respetar las competencias de las comunidades autónomas y locales”, y por eso la ley depende en parte de que las autonomías la apliquen. Bolaños ha confiado en que todos los gobiernos cumplirán la ley, porque en caso contrario “estarán perjudicando a todos”. “También a los propietarios”, ha incidido el ministro, al recordar que los dueños de las casas que se encuentren en las zonas tensionadas podrán acceder a beneficios fiscales si quieren bajar el precio del alquiler. “Espero que las comunidades autónomas estén a favor de defender el interés general”, ha exhortado Bolaños en TVE a primera hora. Poco después, el presidente del PP anunciaba en televisión que los gobiernos populares se pondrán enfrente de la norma.

Las comunidades del PP se descuelgan

Tras el anuncio de Casado, los gobiernos autonómicos del PP se fueron descolgando uno a uno de la norma, con expresiones más o menos —o nada— templadas.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid presentará su propio recurso al Tribunal Constitucional, con independencia del que lleve adelante el PP, porque considera que la ley invade sus competencias y critica el “ataque” contra la hucha de las familias, que genera “miedo” y “limita la libertad”. Madrid mostró inmediatamente su rechazo frontal a las medidas recogidas en la ley. Una posición previsible, ya que el Ejecutivo regional se ha convertido en el principal bastión de la oposición del PP a las políticas del Gobierno nacional, e Isabel Díaz Ayuso en la protagonista estrella de esa estrategia de confrontación.

“Lo que hemos conocido de la ley de vivienda es de una enorme gravedad”, opinó, aún sin leer el texto, Paloma Martín, la consejera de Medioambiente, Vivienda y Agricultura de Madrid. “Sánchez hace suyas las propuestas más radicales de sus socios de Gobierno”, añadió, en referencia a Podemos. “El sectarismo ideológico no puede poner en riesgo los ahorros de toda una vida de una familia invertidos en un piso”, siguió, pese a que las medidas anunciadas solo afectarán a propietarios de al menos diez viviendas, y que no sean personas físicas. Y remató: “La Comunidad defenderá a los propietarios. Si su aplicación dependiera de las Comunidades, buscaríamos cómo blindarnos. El modelo de la CAM es el contrario”.

No fue una opinión improvisada. Hace meses que el Gobierno de Díaz Ayuso estableció su posición en contra de los topes al valor de los alquileres, pese a que la región es una de las más caras para vivir de España, y en la que los jóvenes tienen más dificultades para emanciparse. Así lo aseguró ya en enero de 2020 David Pérez, entonces consejero de Vivienda, en una entrevista con este diario. “Nos oponemos al tope de los alquileres en el sector privado. En materia de vivienda estamos viviendo una explosión de propuestas experimentales. En Madrid no las vamos a aplicar”, dijo entonces.

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado por su parte la ley un “atropello” a sus competencias, aunque la Xunta solicitará acceder al proyecto con el fin de analizarlo y presentar alegaciones. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha cargado contra una “ley comunista”, y en Andalucía y Castilla y León han censurado la norma por “intervencionista”.

Más allá del PP, hay recelos en algunas autonomías de otros colores políticos, como Cataluña, gobernada por los partidos independentistas, que también estudia si recurre la ley. El Govern está en un tira y afloja con el Gobierno central, porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez recurrió la ley de alquileres catalana, pionera en España, por invasión de competencias estatales. El Gobierno vasco (PNV) está a la espera de conocer los detalles para valorar la norma, y algunas autonomías socialistas, como Aragón, se han quejado de no haber sido consultadas. Extremadura (PSOE) afirma que no tiene zonas tensionadas. El resto han celebrado la ley.

Al implicar a dos administraciones diferentes ―Gobierno autonómico y Ayuntamiento― habrá lugares en los que la ley se aplicará a medias. Por ejemplo, en los ayuntamientos gobernados por el PSOE dentro de una comunidad autónoma gobernada por el PP, como muchos municipios del extrarradio de Madrid, como Leganés o Fuenlabrada. En estos casos, los consistorios podrán aplicar la parte que les compete, como el recargo del IBI, pero no el límite de precios, que depende de que la comunidad solicite la declaración de área tensionada.

El líder del PP considera que esta ley lanza un “mensaje de inseguridad jurídica” porque “el Gobierno puede interferir en tu propiedad privada”. “Tú tienes un piso que has ahorrado durante toda tu vida con una hipoteca porque quieres dejárselo a tus hijos, y el Gobierno te dice qué precio tiene que tener”, ha afirmado Casado en una entrevista en Telecinco, aunque esto no es así en la nueva norma, que solo limita los precios a los grandes tenedores de viviendas, esto es, los que tengan más de 10 casas. A los particulares solo les incentiva a bajar el precio con beneficios fiscales. “Este intervencionismo es suicida”, se ha quejado Casado, que cree que el efecto es que “va a haber menos pisos en alquiler”. El jefe de la oposición no se ha opuesto a la ayuda de 250 euros al mes que también concederá el Gobierno a los menores de 35 años con rentas inferiores a 23.725,8 euros, pero sostiene que “no es una cuestión de dar ayudas solo, sino es un plan de dar seguridad jurídica y que los jóvenes tengan empleo”. “Porque si tienes un trabajo y una nómina, puedes acceder al alquiler”, asegura Casado, aunque las dificultades para el acceso al alquiler las sufren también las personas con trabajo.

Con información de Juan José Mateo (Madrid), Eva Sáiz (Sevilla), Nacho Sánchez (Málaga), Virginia Vadillo (Murcia), Juan Navarro (Valladolid), Mikel Ormazábal (Bilbao) y Silvia R. Pontevedra (Pontevedra).