El nuevo año traerá más subidas de precios pese a las medidas sociales del Gobierno

El año nuevo augura viejos males para la economía española. Los precios van a seguir disparados en 2023, un aumento que no se verá compensado por la subida de salarios y rentas, salvo en el caso de los jubilados. Por ello, la mayor parte de los hogares tendrá más difícil llegar a fin de mes. Para paliar esos efectos perversos, el Gobierno ha lanzado una batería de medidas que beneficiarán sobre todo a las familias más vulnerables y, en mucha menor medida, a las clases medias, desde la rebaja del IVA a alimentos básicos, la limitación del precio de los alquileres o abonos gratuitos y descuentos para el transporte público.

Los efectos de la guerra de Ucrania y los coletazos de la pandemia están azotando la economía en forma de un alza de precios que no se conocía en los últimos 30 años. La inflación acabó el 2022 en el 5,8%, tras moderarse en la última parte del año empujada por los costes de la energía y de los alimentos, aunque los precios subieron una media del 8,4% en el conjunto del año. Los recibos de la luz y del gas han aumentado más de un 30% pese a las reducciones de varios impuestos que van asociados a las facturas. Los precios no darán tregua el año que viene.

El Banco de España prevé que el IPC crezca un 4,9% en 2023. Los tipos de interés también se han desbocado, con el euríbor superando ampliamente el 3%, lo que traduce en un encarecimiento de la mayor parte de las hipotecas, y se espera que siga subiendo en 2023 hasta alcanzar el 4%, tras la eliminación de la política de tipos cero de los bancos centrales para contener la inflación.

Electricidad y gas. Tras el año más convulso en la historia de los mercados energéticos, en el que la luz, el gas y los carburantes han pulverizado todos sus récords, 2023 debería marcar un punto de inflexión. El abaratamiento de la electricidad en este tramo final de año es el aperitivo de lo que debería estar por llegar en los próximos meses: frente a los más de 200 euros por megavatio hora (MWh) del ejercicio que termina, los futuros apuntan a valores algo más bajos para el ejercicio entrante, en el entorno de los 175 euros. El año no obstante, irá de menos a más: el mercado de derivados apunta a un primer y un segundo trimestre de precios relativamente bajos y a una segunda mitad claramente al alza.

A esa tendencia contribuirá —aunque a costa de una factura fiscal que no deja de crecer— la decisión del Gobierno de mantener íntegramente la rebaja impositiva aplicada en los últimos meses. El IVA de la luz permanecerá en el 5%, tras dos bajadas -desde el 21%- en el último año y medio. El impuesto de generación (7%) seguirá en suspenso. Y el especial permanecerá en el 0,5%, el mínimo permitido por la Comisión Europea, frente al 5,11% de antes de la crisis.

También seguirá en pie la llamada excepción ibérica, un mecanismo que ha logrado separar los caminos del gas y la luz. Lo hará, al menos, hasta mayo, cuando Madrid, Lisboa y Bruselas tendrán que negociar su continuidad. Su protección, sin embargo, irá cada vez a menos: el precio del combustible que utiliza como referencia irá subiendo a razón de cinco euros por MWh de gas al mes. El primer aumento, este mismo domingo.

La gran novedad de 2023 en el mercado eléctrico, no obstante, será la entrada en vigor de la nueva tarifa del mercado regulado —también conocida como PVPC—, que promete deslindar el recibo de la volatilidad de los precios a corto plazo para vincularla a una cesta de largo plazo, a semejanza de lo que ocurre desde hace años en la mayoría de países del entorno. De haber entrado en vigor este nuevo sistema de cálculo, el hachazo del recibo para los hogares acogidos a esta tarifa habría sido mucho menos abrupto. Y mucho más diferido en el tiempo.

En el mercado gasista, la tarifa de último recurso (TUR) seguirá siendo el principal mecanismo de protección frente a la escalada sin fin de los precios en el mercado libre. Aunque subirá un 8,7% de media a partir de este domingo, el mercado regulado seguirá siendo entre dos y tres veces más económica que las que tienen las energéticas en sus catálogos de ofertas. El precio del butano, entretanto, seguirá limitado —como desde mediados del año pasado— a un máximo de 19,55 euros por bombona. En ambos casos, la próxima revisión se producirá el 1 de abril.

Subidas y bajadas fiscales. En 2023 no llegará la reforma fiscal, pero sí habrá muchas novedades tributarias. El Gobierno ha dado luz verde tanto a bajadas como a subidas de impuestos para el ejercicio que entra, en el que se celebrarán elecciones a todos los niveles. La última medida de peso, recién aprobada en el decreto de medidas anticrisis, es la rebaja del IVA a los alimentos de primera necesidad. Productos básicos como pan o leche quedarán en la práctica exentos, ya que pasarán a gravarse a un 0%; a la pasta y el aceite se aplicará un tipo del 5% en lugar del 10% actual. Este descuento forma parte del decreto para mitigar el impacto económico de la guerra en Ucrania, y seguirá en vigor durante seis meses o hasta el 1 de mayo si la tasa interanual de marzo de la inflación subyacente —depurada de los precios de energía y alimentos frescos, los más volátiles— cae por debajo del 5,5%.

Los Presupuestos de 2023 también vienen cargados de cambios fiscales. Uno de los más destacados es la reducción del IRPF para las rentas más bajas, una medida que el Ejecutivo ha anunciado después de que varias comunidades deflactaran el tramo autonómico del tributo. En lugar de emplear la misma solución a nivel estatal, Hacienda ha ampliado la reducción por rendimientos del trabajo de los 18.000 euros a los 21.000, con un coste estimado de unos 1.881 millones para las arcas públicas, argumentando que de esta manera no beneficiará a las rentas altas —como ocurre con la deflactación—. Según cálculos del ministerio, un trabajador sin hijos que cobra 18.000 euros brutos se ahorraría 746 euros al año.

En 2023 también se ampliará la reducción por gastos de difícil justificación de los autónomos en estimación directa, del 5% al 7%, habrá una rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto de módulos y bajará al 4% el IVA de productos de higiene íntima femenina y anticonceptivos.

Las cuentas de 2023 también incorporan alzas fiscales. El tipo del ahorro en el IRPF se eleva del 26% al 27% de los 200.000 euros para arriba, y se introduce un nuevo tramo por encima de los 300.000 euros gravado al 28%. En el impuesto de sociedades se limitará al 50%, solo en 2023, la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales de los grupos consolidados. El crédito fiscal no se pierde, sino que se aplaza. Según Hacienda, afectará al 0,2% de las empresas, y brindará unos 2.400 millones al fisco. En cambio, el tipo nominal del impuesto bajará del 25% al 23% para las pymes con facturación inferior al millón, con un coste de unos 290 millones.

El Gobierno también ha actualizado los coeficientes máximos del impuesto de plusvalía municipal, que abona quien vende, hereda o recibe en donación un inmueble por la ganancia extra que supuestamente consigue por la revalorización del suelo. Se trata de unos topes que se revisan cada año, que varían en función de la antigüedad de la adquisición y que los ayuntamientos tienen cierto margen para modificar. Multiplicados por el valor catastral del terreno, conforman la base imponible del impuesto. En 2023, en línea general, aumentan para adquisiciones realizadas entre hace 5 y 13 años y para las transmisiones a corto plazo, mientras que se reducen los multiplicadores aparejados a compras efectuadas en plena burbuja inmobiliaria.

Nuevos impuestos. 2023 también será el año de los impuestos extraordinarios. El Congreso ha aprobado tres nuevos gravámenes temporales para 2023 y 2024, alegando que ayudarán a financiar las medidas anticrisis en el contexto de elevada inflación. Dos de estos se aplicarán a banca y energéticas, sectores que según Hacienda están consiguiendo beneficios extra gracias a las subidas de tipos y el encarecimiento de los precios energéticos. Ambos tributos -que en realidad son prestaciones patrimoniales de naturaleza pública- se aplicarán sin embargo a los ingresos.

El impuesto a la banca gravará al 4,8% el margen de intereses y comisiones de las entidades que superaron en 2019 los 800 millones entre ambos conceptos. Para las energéticas -en este caso el umbral son los 1.000 millones de facturación, siempre en 2019- el recargo será del 1,2%. Hacienda estimó inicialmente recaudar unos 7.000 millones en conjunto, pero la cifra ha bajado a unos 6.500 millones porque en la tramitación parlamentaria algunas materias quedaron excluidas de la órbita de los tributos. Ambos sectores han anunciado recursos.

El tercer tributo extraordinario es el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, que deberán pagar los contribuyentes que en 2022 tuvieran un patrimonio superior a los tres millones de euros. También en este caso ha habido bronca, pero de índole política. En España ya existe un tributo que grava la riqueza, el impuesto sobre el patrimonio, que está cedido a las comunidades. Estas pueden modificarlo y hasta dejar de recaudarlo, como ya hace Madrid y hará en 2023 Andalucía a través de una bonificación del 100%.

El nuevo recargo a los ricos elimina en la práctica esta autonomía e impone una armonización indirecta, ya que se aplicará a las mismas bases imponibles y tendrá tipos similares al tributo autonómico. Para evitar la doble imposición, este último será deducible en el impuesto de solidaridad, que tendrá un tipo del 1,7% hasta los tres millones, del 2,1% entre cinco y diez, y del 3,5% para bases superiores a los 10 millones. Hacienda calcula que afectará a 23.000 contribuyentes y recaudará unos 1.500 millones anuales.

Este 2023 también se aplicarán los nuevos impuestos al plástico de un solo uso y a los residuos, que serán permanentes y que llevaban tiempo aplazándose pese a ser requeridos por Bruselas. El primero -que ha puesto en pie de guerra a los fabricantes y a la distribución- se aplicará a la producción, importación y compra de envases no reutilizables, con un recargo de 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclado, y vetará la comercialización de producto monouso como las pajitas. El segundo gravará el depósito de desechos en vertederos y la incineración, reemplazando los tributos autonómicos aprobados con anterioridad.

Carburantes y peajes. El Gobierno ha decidido eliminar en 2023 el descuento de 20 céntimos por litro de carburante que, con carácter general, recibían todos los automovilistas desde el pasado 1 de abril. No obstante, la mayoría de las compañías petroleras (Repsol, Cepsa, Galp, Shell y BP, entre otras) mantendrá una bonificación de 10 céntimos para sus clientes con tarjeta de fidelización. Además, seguirán recibiendo la subvención estatal de los 20 céntimos para los transportistas, los agricultores y los pescadores. Para el automovilista, la única buena noticia es que los peajes de las autopistas de competencia estatal solo subirán un 4%, aunque las tarifas de las vías rescatadas como las radiales de Madrid estarán congeladas.

Transporte público. 2023 será el año del transporte público. El Gobierno y las comunidades autónomas se han aliado para abaratarlo al máximo en todas sus modalidades. Los abonos gratuitos de Renfe para viajeros frecuentes en Cercanías y Media Distancia se prorrogan durante todo el 2023, aunque habrá que renovarlos cada cuatro meses, y realizar al menos 16 viajes en ese periodo. También tendrán un descuento del 50% los servicios Avant y algunos trayectos cortos del AVE.

Respecto al transporte urbano (autobús, metro y tranvía), la mayor parte de los ciudadanos gozarán de un descuento de al menos el 50% en los abonos, de los que el 30% será aportado por el Estado y el 20% restante por las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas salvo Andalucía y Asturias, que están estudiando la medida, han anunciado que aplicarán los descuentos. Baleares y Canarias gozarán de un régimen especial porque el transporte público será completamente gratuito durante todo el año para los viajeros recurrentes, al asumir el Estado el 100% de la subvención.

Telecomunicaciones y Correos. Tras años de bajadas de precios por la feroz competencia en el sector, las operadoras de telecomunicaciones aplicarán subidas generalizadas en 2023. Vodafone España subirá sus tarifas un 8,1% a partir del próximo 22 de enero, de acuerdo a la fórmula de actualizar automáticamente cada año sus precios a la inflación. La compañía calcula que el aumento medio de la factura será de 4 euros (2,5 euros para los contratos de solo móvil y 5,5 euros mensuales para los paquetes de Internet y móvil).

La subida se producirá apenas una semana después de que Telefónica elevase sus precios una media del 6,8%, que supondrán aumentos de hasta 13 euros mensuales para algunos de sus paquetes convergentes a partir del 13 de enero. MásMóvil también ha actualizado algunas de sus tarifas aunque las subidas solo afectarán a menos del 20% de los 15,2 millones de clientes con los que cuenta, sobre todo a segundas líneas de móvil contratadas en paquetes de las marcas Yoigo, MásMóvil y Virgin con incrementos de entre 1 a 3 euros.

Respecto a Orange, la compañía no descarta una subida de precios en los próximos meses, tras la que aplicó en agosto de 2022. El único gran operador que mantendrá sus precios es el rumano Digi, que actualmente es el que más crece en el mercado español gracias a sus agresivas tarifas. Los aumentos tampoco afectarán a las marcas de bajo coste de todos los operadores como O2 (Movistar), Lowi (Vodafone) y PepePhone, Lebara, LlamaYa y Lyca (MásMóvil).

Por su parte, el precio de la carta nacional ordinaria con un peso de hasta 20 gramos subió un 4% el 1 de enero hasta los 0,78 euros, mientras que las cartas internacionales mantendrán sus tarifas con respecto a 2022.

Pensiones y salarios. Bajo el paraguas de la nueva reforma, y a pesar de la tormenta inflacionista, las pensiones subirán este año un 8,5%, y cerca de nueve millones de pensionistas mantendrán su capacidad adquisitiva. 2023 será, sin embargo, el primer año en el que no ingresarán la paguilla de enero, puesto que la cantidad compensatoria que el Gobierno ingresaba a principios de año para corregir la desviación de los pronósticos ya está incluida en ese porcentaje, que representa la evolución media del IPC durante los últimos doce meses.

Con este aumento, la pensión máxima de jubilación para este año será de 42.823 euros brutos. Repartida en 14 pagas, ascenderá hasta los 3.059 euros al mes (240 euros más que la de 2022). En cuanto a las mínimas, dependiendo de la edad de la persona jubilada, y de si cuenta o no con un cónyuge a su cargo, oscilarán entre los 13.526 y los 9.694 euros. Las pensiones no contributivas, que reciben aquellas personas que no han cumplido los requisitos de cotización necesarios y se encuentran en una situación de necesidad, por su parte, se incrementarán en un 15%.

Menos suerte tendrá el resto de trabajadores. El Gobierno ha prorrogado para este nuevo año el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente fijado en 1.000 euros mensuales, pero aplicará con carácter retroactivo el nuevo SMI cuando el Ministerio de Trabajo acuerde la cifra para este año con los agentes sociales, que los expertos sitúan hasta en 1.082 euros. Para los trabajadores del sector privado, tampoco ha sido posible un acuerdo entre patronal, sindicatos y Gobierno que sirva de guía para mejorar los sueldos en 2023.

Los representantes de los trabajadores públicos sí han definido junto con el Gobierno una hoja de ruta a tres años vista que derivará en una nueva mejora en 2023. Después de que en 2022 se produjera una subida adicional del 1,5% (que se sumó al 2% inicial), la de este año será del 2,5%, pero con posibilidad de incrementarse en otro punto adicional en función de la evolución del IPC y del PIB. Junto a estas alzas, también se llevarán a cabo otra serie de mejoras en las condiciones de trabajo que los más de tres millones de empleados públicos venían reclamando durante los últimos años. Para que en 2023 puedan aplicarse las dos cláusulas que abrirán la puerta a un aumento de un punto porcentual, el IPC acumulado de 2022 y 2023 tendría que superar el 6%. Es decir, que la suma del IPC medio de ambos años exceda ese porcentaje.

Cotizaciones. A partir del 1 de enero de 2023, se aplica el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que supondrá un incremento del 0,6% en las cotizaciones, de los que el 0,5% será aportado por la empresa y el 0,1% por el trabajador. De esta forma, el tipo de cotización por contingencias comunes quedará fijado en un 28,90%, que se desglosará en un 24,10% a cargo de la empresa y un 4,80% a cargo del trabajador.

Para un salario medio (es decir, 2.000 euros de salario y base de cotización mensual) va a suponer 12 euros de cotización mensual adicional (10 euros la parte a cargo de la empresa y 2 euros la parte a cargo del trabajador). Para el salario mínimo interprofesional (1.000 euros mensuales) serían unos 6 euros mensuales de más.

En el caso de los trabajadores autónomos, el tipo de cotización por contingencias comunes también pasará del 28,30% aplicable en 2022 a un 28,90% aplicable a partir de 2023. A este incremento de tipo de cotización habrá de sumarse, además, el nuevo sistema de cotización por el que los autónomos pagarán una cuota a la Seguridad Social dependiendo de sus ingresos que supondrá un alivio para aquellos trabajadores por cuenta propia con rendimientos más bajos, según defiende el Ministerio de Seguridad Social.

Aunque el despliegue de este nuevo marco está pensado para completarse dentro de nueve años, por el momento el Gobierno y las organizaciones de autónomos solo han definido el esquema de cotización para los tres próximos ejercicios. Así, en 2023, los trabajadores por cuenta propia con un rendimiento neto por debajo de 670 euros pagarán 230 euros al mes, pasarán a pagar 225 en 2024, y 200 en 2025. En el tramo alto, por encima de 6.000 euros, abonarán 500 euros en 2023, 530 en 2024 y 590 en 2025.

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Con información de Ramón Muñoz, Ignacio Fariza, Laura delle Femmine, José Luis Aranda y Gorka R. Pérez.