El Gobierno rebajará de nuevo los cargos de la factura eléctrica en 2023

El Gobierno prolongará en 2023 su batalla para controlar uno de los principales detonantes de la inflación: la factura de la luz. Los cargos que soportan los hogares y las pymes (con una potencia contratada de hasta 15 kilovatios) en sus recibos bajarán un 9,21% más en enero. Para evitar que el sistema eléctrico en su conjunto incurra en déficit, un extremo prohibido explícitamente por la ley del sector eléctrico, cabe la posibilidad de que a lo largo del ejercicio se produzca algún tipo de transferencia desde los Presupuestos Generales del Estado o una fórmula similar, como usar fondos de las subastas de CO₂, con el objetivo de compensar la menor recaudación.

Según los cálculos del Ejecutivo, la nueva bajada de los cargos supondrá un ahorro de algo más de 50 céntimos al mes en una familia media acogida a la tarifa regulada (también conocida como PVPC) respecto a la situación actual. Para el resto de consumidores, al margen de los hogares y las empresas de tamaño pequeño y mediano, la bajada fluctuará entre el 5,35% y el 17,06% en función de la potencia que figure en su contrato.

La propuesta planteada este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el proyecto de orden que establece los precios de los cargos del sistema eléctrico, de aplicación a partir del 1 de enero de 2023, tendrá que ser corroborada en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta reducción se añadirá a las ya aplicadas durante 2022, que suponían una reducción de más del 50% con respecto a los cargos de 2021. La fiscalidad, por su parte, se recortó en más de un 80%, con el IVA y el impuesto especial en el mínimo posible (5% y 0,5%, respectivamente), y el impuesto sobre la producción de electricidad suspendido. El objetivo era y es claro: que pase lo que pase con la cotización del kilovatio hora (KWh) en el mercado mayorista, los hogares paguen menos en la parte de la factura que no depende de esa variable.

Los cargos son, junto con los peajes —que fija la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que retribuyen las redes y sobre los que el Ejecutivo no tiene ninguna potestad—, los costes fijos regulados que se agregan al coste puro del KWh consumido, así como el alquiler de los equipos y los impuestos. Su destino es sufragar las primas a las renovables antiguas —los proyectos actuales de eólica y solar no solo no necesitan esa muleta, sino que son los más rentables para los desarrolladores y baratos para los consumidores finales de electricidad—, así como parte de los sobrecostes de los sistemas eléctricos extrapeninsulares y del déficit del sistema.

Aún faltan, sin embargo, algunas piezas para cuadrar todo el puzle de la factura eléctrica del año que viene. Para hacer esta propuesta, el Ministerio se ha visto obligado a contar en su previsión de ingresos correspondientes con el citado impuesto sobre la producción de electricidad, que estaba en el 7% antes de quedar en suspenso. Todo apunta a que así seguirá a partir del próximo 1 de enero. “Si la anterior suspensión fiscal decidiera prorrogarse más allá del 31 de diciembre de 2022, deberá preverse una compensación equivalente al sistema eléctrico por la merma de ingresos que dicha suspensión provocaría, como ya reflejaron las sucesivas suspensiones del referido impuesto en el pasado, una dotación adicional”, se lee literalmente en la propuesta.