La banca participará en el reparto de 20.000 millones de créditos de los fondos europeos

El Gobierno y la banca siguen con su tira y afloja tras la dura negociación sobre las ayudas para los hipotecados y el pulso por el nuevo impuesto. En esta ocasión tratan de acordar su participación en la gestión de los fondos europeos. El sector financiero se quejó hace meses de que el Ejecutivo les dejase fuera en el reparto de las subvenciones del Plan de Recuperación (algo más de 70.000 millones). Pero ahora, para el tramo de los préstamos, el Gobierno sí contará con las entidades para agilizar la llegada de unos 20.000 millones de euros. Según ha explicado este jueves en el Congreso la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, España enviará en enero a Bruselas la adenda al plan con las nuevas inversiones y reformas comprometidas a cambio de más de 90.000 millones de euros en créditos a tipos reducidos y transferencias adicionales.

La número dos del Ejecutivo compareció para dar cuenta de la ejecución de los fondos Next Generation UE, que la Comisión aprobó durante la pandemia para ayudar a los países a recuperarse del golpe del virus y acelerar la transformación de las economías comunitarias. Calviño adelantó que las Administraciones públicas ya han autorizado casi 45.000 millones de euros de los 51.000 millones presupuestados hasta este año. Por la parte comprometida, la cifra supera los 39.500 millones de euros, según fuentes gubernamentales. Es decir, falta por adjudicar algo más del 20% de lo previsto en las cuentas de 2021 y 2022.

Las conversaciones para la participación de los bancos en este proceso están todavía en fase preliminar, explican fuentes financieras. Un punto en el que coinciden los responsables del Ejecutivo de definir el uso del dinero comunitario. “Todavía la adenda no se ha cerrado y en la negociación con el sector financiero faltan por pulir cosas”, relatan fuentes del Ministerio de Economía. A expensas de lo que ocurra en ese diálogo, el texto preliminar de la adenda incluye el rol que jugará el Instituto de Crédito Oficial (ICO): “El ICO verá también reforzado el papel que ya está desempeñando en la implementación del actual Plan de Recuperación, canalizando 15.000 millones de euros adicionales provenientes de los préstamos de la adenda”. Un montante que se destinará a financiar inversiones verdes de las empresas (10.000 millones) y reforzar el apoyo a las pymes (5.000 millones).

Cabe recordar que el ICO ya fue fundamental durante la pandemia y trabajó codo con codo con los bancos en la concesión de avales públicos a empresas. Una herramienta que sirvió para socorrer a miles de compañías que por el momento se ha saldado con éxito dada la escasa morosidad registrada. Así, si no se tuerce la negociación, esta vez las entidades sí participarán de forma activa para agilizar que esa inyección europea llegue a la economía real. Este proceso se apoyará precisamente en la experiencia pasada entre el ICO y las entidades, así como en el conocimiento que tiene el sector de las compañías que ya son sus clientes.

“El objetivo es facilitar a las empresas las inversiones en descarbonización y su adaptación a un entorno de precios de la energía más elevados. En línea con los mecanismos ya existentes, el ICO recibirá los recursos y los prestará a las empresas a través de las entidades de crédito que voluntariamente se adhieran al programa”, incluye el proyecto de adenda. Y añade sobre la línea para las pequeñas y medianas empresas: “Permitirá mantener la financiación del tejido empresarial de pymes ante un posible endurecimiento de las condiciones crediticias, dotando de estabilidad a la oferta de financiación del conjunto de la economía”.

En el sector bancario, por el momento, se mantienen expectantes a lo que ocurra. En el pasado ya se negoció su participación en la gestión de las subvenciones, pero entonces no hubo acuerdo por el coste que le suponía sin que hubiera un retorno claro. En cambio, ahora todo parece encaminado a su colaboración porque beneficiaría a sus propios clientes. Fuentes del sector sostienen que las entidades “mostraron su disposición a colaborar con las autoridades desde el principio para lograr una distribución eficiente de los fondos europeos”. Por eso, añaden, “se estudiará cuidadosamente las propuestas que elabore el Gobierno sobre este asunto”.

Otras fuentes financieras reconocen que ya ha habido contactos, que se han intensificado en los últimos días, aunque aún desconocen sobre qué cantidades podrían actuar. A este respecto, otras fuentes de la Administración adelantan que los bancos serán importantes en un reparto de más fondos de los que le corresponden al ICO: “Creemos que ayudarán a canalizar algo más de 20.000 millones”.

Refuerzo de los PERTE

Sobre los nuevos recursos que se incluyen en la adenda, buena parte de ellos se destinarán a los llamados proyectos estratégicos o PERTE, pensados para reforzar la autonomía estratégica y la capacidad industrial. Estos obtendrán unos 26.000 millones, de los cuales 18.000 serán préstamos, ya sea en forma de créditos, avales o inyecciones de capital. Lo que se une a los casi 15.000 millones de transferencias de la primera fase del plan. En total, estos proyectos recibirán casi 41.000 millones de los fondos comunitarios, siendo el de los microchips (12.250 millones) y el de energías renovables, hidrógeno y almacenamiento (10.475 millones) los más cuantiosos.

Por otro lado, el proyecto de adenda recoge la utilización de 12 fondos de inversión para facilitar el uso íntegro de los préstamos. “Con la dotación de estos fondos (más de 65.000 millones de euros) y el refuerzo de los PERTE a través de transferencias adicionales y préstamos (más de 26.000 millones de euros), se movilizarán los más de 90.000 millones de euros asignados a España”. Entre los fondos de inversión destacan los 20.000 millones dedicados a proyectos de las comunidades autónomas (vivienda social, transporte sostenible y sostenibilidad turística, entre otros), otros 9.000 millones para el ingreso mínimo vital y 5.000 millones para el mecanismo de flexibilidad y estabilización del empleo.

El Ejecutivo solicitará además a Bruselas como parte de la adenda que se puedan retrasar hitos intermedios de inversiones. Fuentes gubernamentales explican que el reglamento ya lo prevé para causas justificadas y señalan que todo lo relacionado con la construcción está sufriendo fuertes subidas de costes por las materias primas y que está habiendo problemas de suministros. Eso sí, el límite seguirá estando en el verano de 2026, cuando se podrá hacer la última petición de desembolsos a Bruselas. El Gobierno, mientras tanto, asegura que se cumplirá en tiempo y forma con todos los compromisos adquiridos.