Ribera se inclina por restringir la ayuda de 20 céntimos a los carburantes “a quien más lo necesita”

A falta de confirmación oficial, todos los mensajes apuntan en la misma dirección: el 31 de diciembre será el final del café para todos en las ayudas sobre los carburantes. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha inclinado este martes por que la bonificación de 20 céntimos por litro de diésel o gasolina deje de ser universal a partir del 1 de enero de 2023, quedando restringida a ciertos colectivos profesionales (como los transportistas) y a las capas más desfavorecidas de la población.

“La subvención fue una decisión de emergencia. Los precios muy elevados de los combustibles requerían una reacción rápida, generalizada y de aplicación sencilla, pero cada vez es más importante concentrar el esfuerzo en quien más lo necesita, ya sea por razones profesionales, ya sea por nivel de rentas de las familias”, ha apuntado Ribera este lunes en una entrevista en Radio Nacional de España. La gasolina está solo unos céntimos más barata que cuando empezó a aplicarse la subvención, el pasado 1 de abril; el gasóleo, en cambio, está notablemente más caro, en el entorno de los dos euros por litro en las principales estaciones de servicio.

El Gobierno, ha dicho la número cuatro del Ejecutivo, está analizando cuáles de las medidas desplegadas en el primer plan de choque para hacer frente a las consecuencias de la guerra sobre el coste de la vida seguirán tal cual el año que viene y cuáles “deben ser matizadas y cuáles deben ser reforzadas”. Como parte de ese estudio, los ministerios tendrán que “pensar hasta dónde y cómo” seguirá la ayuda al combustible. “Antes del verano era imposible ser preciso y discriminar entre familias, pero en estos momentos hemos ido aprendiendo cómo concentrar el esfuerzo fiscal y presupuestario en aquellos ámbitos en los que es más eficaz y justo”, ha añadido.

El Ministerio de Hacienda no confirma este extremo y no ha querido avanzar detalles sobre qué medidas se mantendrán en 2023 y cuáles sufrirán cambios. La responsable del departamento, María Jesús Montero, ha advertido en muchas ocasiones que el Gobierno está pendiente de la evolución de los precios para diseñar las políticas antiinflación más eficaces de cara al próximo año, por las cuales se ha reservado un margen fiscal de 10.000 millones.

Finales de noviembre, fecha clave

“Este decreto tiene finalización a 31 de diciembre y según nos aproximemos al final veremos cómo se comportan los mercados de la energía, el gas, el petróleo… y cuando tengamos esos datos podremos anunciar qué medidas vamos a prorrogar”, dijo Montero el pasado jueves. “Pero el Gobierno va a poner todos los recursos del Estado para los ciudadanos y sectores más afectados, también para las empresas. Cuando lleguemos a finales de noviembre podremos ver si esa medida u otras continúan”.

Las ayudas indiscriminadas a los carburantes han permitido una atenuación de la inflación y, por tanto, han paliado parcialmente el zarpazo sobre la renta de los hogares: no solo para los que tienen coche, sino para todos, en tanto que el carburante es una de las principales partidas de costes del transporte de mercancías. Pero tienen dos grandes peros, con mayúsculas: son claramente regresivas (quienes más se benefician de ellas son las rentas más altas, que suelen tener coches de mayor cilindrada y que suelen hacer más kilómetros en vehículo privado) y suponen una subvención sobre los combustibles fósiles, que están detrás del cambio climático.

En los últimos meses, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han criticado reiteradamente que las ayudas puestas en marcha por los países no se hayan centrado en los más vulnerables y han alertado de que son contradictorias con los objetivos de transición verde. Dado el limitado espacio fiscal del que disponen, decía, lo más recomendable es focalizarlas en quien más lo necesita.

En el caso de los carburantes, segmentar por renta es complicado por una cuestión técnica: se necesita determinar con cuáles requisitos deben cumplir los beneficiarios y, sobre todo, buscar fórmulas para que reciban la ayuda, sea por el lado del gasto o de los ingresos. Es decir, con esquemas que se concreten vía impuestos, por ejemplo en el IRPF, o a través de acreditaciones o cheques.

Más de 4.000 millones

La subvención de 20 céntimos el litro de carburante es una de las iniciativas más onerosas para las arcas públicas que el Gobierno ha activado para paliar la espiral inflacionista. Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que vio la luz la semana pasada estima su coste en casi 4.300 millones de euros para este año. El estudio critica que el descuento no distinga por renta, lo que termina beneficiando más a quien más consume (los más ricos) y, además, no desincentiva el consumo de energía.

Los hogares de menor renta son los más vulnerables al aumento de los precios, porque la renta que destinan al consumo de energía y alimentos es, en proporción, superior a la que emplean los que tienen mayores ingresos. Representan, además, el colectivo que más dificultades encuentra para cambiar sus hábitos. Un reciente análisis de la Autoridad Fiscal (Airef) evidencia cómo las medidas que actúan sobre los precios de la energía, implementadas a través de los sucesivos decretos anticrisis, benefician más a los hogares de más ingresos. En particular, la rebaja del IVA sobre el gas y la bonificación al consumo de combustible se concentran más entre las rentas altas.