El FMI pide a los gobiernos que ayuden a los vulnerables con la comida y la energía

Históricamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido el gran guardián de la ortodoxia fiscal. Sus programas de ajuste en países necesitados de ayuda se acababan cebando con no poca frecuencia en los más pobres. Hace tiempo que el Fondo entendió que ese no era el camino y fue abriendo la mano. Este año pide abiertamente que los Gobiernos ayuden a los más necesitados a capear la inflación con ayudas para costearse los alimentos y la energía.

El FMI sigue pidiendo responsabilidad fiscal (no cabe imaginar lo contrario). Ha advertido a los países de que no pueden pisar el acelerador mientras la política monetaria pisa el freno, porque hay un riesgo de que el coche acabe estrellándose. Rechaza rebajas de impuestos generalizadas y ayudas fiscales indiscriminadas, pero la subida de los precios ha puesto a tanta gente en el mundo en situación de inseguridad alimentaria y pobreza energética que sí defiende apoyar a los vulnerables.

En general, el análisis del FMI muestra que los países más pobres han tomado medidas dirigidas a facilitar sobre todo el acceso a los alimentos, mientras que los más desarrollados han concentrado subsidios y rebajas fiscales en el sector energético.

“El aumento de la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria, que comenzó incluso antes de la pandemia, es muy preocupante. Es necesaria una ayuda de emergencia”, defiende Vítor Gaspar, director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI. En su opinión, los países deben dar prioridad a la seguridad alimentaria, pero en muchos casos, las restricciones financieras hacen que las compensaciones sean muy dolorosas para los países. “Por lo tanto, es urgente una acción mundial coordinada”, concluye. “La crisis alimentaria debe abordarse, a nivel mundial, mediante un amplio conjunto de iniciativas que incluyan el levantamiento de las restricciones a las exportaciones de alimentos y fertilizantes”, añade.

Concesiones difíciles, pero apremiantes

En cuanto a la crisis energética, especialmente en Europa, Gaspar destaca que está siendo profunda, prolongada y es probable que persista. “Dada la magnitud de la crisis, muchos hogares y empresas necesitan un apoyo que facilite el ajuste. Es fundamental diseñar la respuesta política de forma que se puedan hacer concesiones difíciles, pero apremiantes. El mecanismo de precios debe desempeñar un papel clave en la asignación de los escasos recursos energéticos y las medidas específicas ayudan a conciliar el imperativo de apoyar a los vulnerables con el mantenimiento del déficit presupuestario en una senda descendente”, explica.

Gaspar pide que las medidas sean temporales y que los Gobiernos se guarden margen de maniobra. “Los compromisos a largo plazo no son más que una pretensión de certidumbre y pueden volverse rápidamente inasequibles”, explica.

En general, el FMI pide aprender del apoyo que los Gobiernos brindaron a la sociedad en lo peor de la pandemia con sus políticas fiscales. Elogia a aquellos que tienen un Estado del bienestar que garantiza acceso a servicios básicos como la sanidad y la educación.

“Para amortiguar el golpe de los altos precios de los alimentos y la energía, las políticas deben evitar en general las subvenciones o los controles de precios, que son costosos e ineficaces, y en su lugar dirigir el apoyo a los hogares de bajos ingresos a través de las redes de seguridad social”, sostiene el informe Monitor Fiscal, publicado este miércoles por el FMI.

“Los países que no cuentan con redes de seguridad sólidas pueden ampliar los programas sociales (por ejemplo, la alimentación escolar y el transporte público) o los descuentos a tanto alzado en los servicios básicos. En el caso de los países en desarrollo de bajos ingresos, debe darse prioridad a la seguridad alimentaria dentro de la dotación fiscal existente”, añade.

En cuanto a la forma de asumir el coste, el FMI cree que puede compensarse con otras medidas, incluidos los impuestos. Pide “sopesar cuidadosamente si los impuestos sobre los beneficios caídos del cielo” son adecuados, incluyendo el análisis de si hay un instrumento fiscal adecuado para gravar esos beneficios y si debe diseñarse un impuesto permanente o temporal.

El Fondo también señala que las transferencias monetarias a los necesitados son una opción mejor que las subvenciones generales a los precios de los combustibles, como las que han aprobado muchos países. En la mayoría de ellos, esas subvenciones a los precios benefician más a las personas de mayor renta. Además, mantener la señal de precios altos es bueno para desincentivar el consumo y facilitar la transición energética.

Riesgo de crisis fiscales

El Fondo, eso sí, guarda también un mensaje para la ortodoxia. Los países salen de la crisis de la pandemia mucho más endeudados y la situación se complica con el frenazo económico provocado por la guerra de Ucrania, los rebrotes de la covid en China y las subidas de tipos de interés para hacer frente a la alta inflación.

Con esas subidas de tipos de interés y una deuda elevada, los Estados deben tener cuidado y conservar su credibilidad, pues lo contrario podría aparejar crisis de deuda. “Con una inflación elevada y unas condiciones de financiación más estrictas, los responsables políticos deberían dar prioridad a la estabilidad macroeconómica y financiera por encima de todo. Esto es especialmente relevante, ya que la reciente evolución de los mercados de bonos muestra una mayor sensibilidad del mercado al deterioro (o a la mala) de los fundamentos. Esto aumenta la posibilidad de que se produzcan crisis fiscales más frecuentes y perturbadoras en todo el mundo”, advierte Vítor Gaspar.