España saca 285.000 empleos de la economía sumergida desde la pandemia

La pandemia ha cambiado muchas cosas. Y una muy evidente ha sido la reacción del Estado ante un hundimiento de la economía. Se trata de un primer estudio preliminar y que tendrá que confirmarse más adelante con microdatos de la Seguridad Social y otras estadísticas. Pero el Gobierno va a enviar a Bruselas cifras, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, sobre cuánto empleo está aflorando de la economía sumergida y cómo está bajando el déficit y el paro estructural. Según sus cálculos, el déficit estructural de las Administraciones, que organismos como el Banco de España y la Autoridad Fiscal situaban en el 4%, se habría reducido en al menos 0,7 puntos desde 2020. Esto equivale a una rebaja de más de 9.000 millones de euros.

Una de las razones que esgrime el Gobierno es el afloramiento del empleo sumergido tras la covid por la utilización de mecanismos como los ERTE y la prestación de autónomos por cese de actividad. De acuerdo con las estimaciones del Ejecutivo, comparando con septiembre de 2019, de los 850.000 empleos creados en la afiliación a la Seguridad Social, unos 285.000 serían puestos que procedían de la economía b. Aproximadamente un tercio.

El Gobierno ha estudiado la relación entre el empleo en la afiliación a la Seguridad Social y en la Encuesta de Población Activa (EPA). En la Seguridad Social se plasma todo el empleo legal al tratarse de un registro administrativo; en cambio, en la EPA, al ser una encuesta, se capta también parte del trabajo en negro. Hasta antes de la pandemia, siempre hubo una relación bastante estable entre las dos estadísticas, que se rompió con la covid. A partir de esas diferencias, el Ejecutivo ha tratado de examinar cuánto ha podido proceder de la actividad irregular. Y ha cruzado esos datos con otros de recaudación y actividad. La conclusión es que han emergido unos 250.000 asalariados y otros 35.000 autónomos. En total, los 285.000 puestos calculados.

La razón fundamental de este afloramiento en el empleo son los ERTE y todas las ayudas de sostenimiento de rentas que se han desplegado en los últimos años a raíz de la pandemia. El coste de estar fuera de los esquemas de ayudas públicas era muy alto, lo que ha provocado, según las tesis del Ejecutivo, un trasvase hacia la economía oficial de una porción sustancial de los puestos de trabajo. Los trabajadores y las empresas preferirían que el puesto estuviese en a, para poder optar a una prestación si fuera necesario.

Ese incremento del empleo aflorado conlleva a su vez un aumento de las cotizaciones sociales ingresadas por valor de 2.900 millones, según calcula el Gobierno, un 0,23% del PIB, ayudando a bajar el déficit estructural.

Por otro lado, adicionalmente se habría reducido el paro estructural en medio millón de personas, según las cuentas que elabora el Ejecutivo. El Gobierno estudia cuál ha sido en los últimos años la relación entre el paro y el crecimiento del PIB. De este análisis concluye que ahora hace falta menos crecimiento para reducir el desempleo. Y además observa que hay una mayor estabilidad y que, por tanto, el desempleo va a ser menos procíclico. Así sucedió en 2020, cuando a pesar de un hundimiento de la actividad de más del 10%, el paro solo aumentó en torno a tres puntos hasta el entorno del 16%. Cabe recordar que por aquel entonces hubo muchas predicciones que lo situaban por encima del 20%.

El Gobierno explica que tres factores contribuyen a este fuerte descenso del paro estructural en 500.000 personas. Uno es el nuevo mecanismo RED, hecho a imagen y semejanza de los expedientes de regulación de empleo que funcionaron durante la pandemia y que, según el Ejecutivo, tan buen resultado dieron.

Otro es el aumento del empleo en sectores tecnológicos, que sube en la afiliación un 15% frente al 7% de la media del régimen general. En este punto, el Ejecutivo señala que son fundamentales la nueva Formación Profesional, con un mayor componente práctico y tecnológico, y los programas de mejora de las habilidades digitales, financiados con los fondos europeos.

El tercer factor es la reducción de la temporalidad y la mejora de las políticas activas de empleo. Gracias a la reforma laboral, la tasa de temporales ha caído por debajo del 20%, acercándose a la media del 15% de la UE. Según el Ejecutivo, esto hará que los trabajadores tengan más estabilidad y formación y, por lo tanto, aguanten mejor en el puesto de trabajo cuando vengan mal dadas.

Estabilidad del empleo

La mejora del capital humano que propicia la estabilidad en el empleo también permitirá que los trabajadores puedan recolocarse con más facilidad durante las recesiones. La reforma laboral de 2012 ya mejoró algo la flexibilidad, haciendo que con un crecimiento menor se pudiese crear empleo. Sin embargo, el Gobierno apunta a que esta no resolvía el problema de la dualidad. Con la reforma de 2021, se ataca la temporalidad y, en consecuencia, el comportamiento excesivamente procíclico del mercado laboral, apoyado además en el nuevo mecanismo RED copiado de los ERTE. En definitiva, con este nuevo marco, el Ejecutivo espera que el mercado laboral aguante mucho mejor los embates de una crisis.

Bajar el paro estructural en medio millón de personas supondrá, además, una mejora del déficit estructural en unas cinco décimas, esto es unos 6.500 millones de euros entre mayores ingresos y menores gastos en prestaciones. La suma de haber aflorado unos 285.000 empleos y reducir el paro estructural lleva a una reducción del déficit estructural del 0,7% del PIB, más de 9.000 millones de euros. En lugar del 4% del PIB de desfase estructural que se calculaba para las cuentas de las Administraciones, se baja al 3,3% del PIB, unos 40.000 millones, según cálculos del Gobierno.

Tal cantidad todavía constituye una cifra muy elevada y sería el déficit de las cuentas públicas cuando la economía se halle en una tasa de crecimiento que no genera desequilibrios y que ha cerrado las brechas creadas por la pandemia. Sin estas reformas y las medidas adoptadas durante la pandemia, el mercado laboral sería menos resiliente y el déficit estructural sería siete décimas superior, concluye el Gobierno.