¿Cuánto cobraremos en 2023? Así está la negociación que marcará las pensiones y los sueldos de funcionarios y empleados del sector privado

Los agentes sociales buscan acuerdos para compensar la brecha entre los salarios y el aumento del coste de la vida

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el día 21.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el día 21.A. Pérez Meca (Europa Press)
Pierre Lomba Selina Bárcena
Madrid -

Las propuestas para afrontar la subida generalizada de precios se suceden. Los funcionarios negocian con el Gobierno un aumento de sueldos que será del 8% en tres años (empezando por un 3,5% en 2022), mientras que para el sector privado también están en marcha las negociaciones de un acuerdo salarial dentro de un pacto de rentas más amplio. Este mecanismo de diálogo, que lleva encallado desde que se iniciaran las conversaciones en julio, pretende sentar a la mesa de negociación a empresas, sindicatos y administraciones públicas para alcanzar un equilibrio en los niveles de renta que permita amortiguar los efectos de la subida generalizada de precios.

Los agentes sociales negocian subidas salariales que aproximen el poder adquisitivo de los trabajadores a los crecientes precios de consumo. Los sindicatos avisaban este verano de que si no se producía una revisión de los sueldos, se avecinaría un “otoño caliente” con sucesivas protestas. El miércoles lo han plasmado en un calendario de movilizaciones que empieza el 7 de octubre.

Una subida del 3,5% este año en el salario de los funcionarios

Los trabajadores públicos se avanzaron al grueso del sector privado y se manifestaron el sábado en Madrid. Las administraciones constituyen el mayor empleador de España, con casi 3,5 millones de funcionarios, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). A principios de 2022, sus salarios se subieron un 2%. Sin embargo, con la inflación avanzando a doble dígito, los sindicatos exigen revalorizaciones retroactivas que compensen la pérdida de poder adquisitivo.

En una reunión del miércoles entre el Gobierno y los sindicatos, el Ejecutivo ha propuesto una subida del salario de los empleados públicos para los próximos tres años que contempla un aumento adicional del 1,5% para 2022, que se sumaría al 2% ya establecido en los Presupuestos Generales del Estado (lo cual supondría un incremento final del 3,5%,). Para 2023, esta alza se rebajaría hasta el 2,5%, y en 2024 se quedaría en el 2%, según fuentes sindicales. En total, un 8% para el próximo trienio.

Salarios ligados a la inflación para el sector privado

En el marco de negociación del pacto de rentas el mayor punto de fricción entre patronal y sindicatos son las cláusulas de revisión salarial. Este mecanismo, del que disfrutan 1,73 millones de trabajadores en España, permite corregir la cuantía de los salarios en función de la inflación. Los sindicatos abogan por implementarlo para paliar el estancamiento de los sueldos, mientras que los empresarios rechazan la medida. La revalorización de los salarios en agosto se situó en el 2,6%, pero el IPC no abandonó los dos dígitos y se situó en el 10,5%. La OCDE estima que la inflación media este año en España se situará en el 9,1%.

La finalidad de un pacto de rentas es tratar de alcanzar un reparto de los costes entre todos los agentes implicados, de modo que ninguno sufra pérdidas excesivas. En el caso de las empresas, si estas pretendieran mantener sus márgenes de beneficios intactos, la reducción del poder de compra de los hogares terminaría por lastrar la demanda y la producción de las empresas se vería afectada, al igual que sus beneficios finales. En el otro extremo, si se mantiene el poder adquisitivo de los trabajadores aumentando los salarios, esto podría afectar a la rentabilidad de las empresas, lo que se traduciría en despidos. El mantenimiento del equilibrio entre estos dos extremos para evitar esta espiral negativa es el mayor reto de la negociación, que por el momento no ha dado frutos.

Otro asunto que está sobre la mesa en esta negociación es la subida del salario mínimo (SMI), que el Gobierno pretende implantar. La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, abogaba el pasado miércoles, tras un encuentro con los agentes sociales, por contener los márgenes de beneficio empresariales a la vez que se eleva “de manera moderada” la cuantía de los salarios.

Revisión del sistema de pensiones

Desde 2021 las pensiones en España se revalorizan anualmente conforme a la evolución del IPC. A comienzos de este año, el Gobierno las actualizó subiéndolas un 2,5%, para responder al IPC medio del año anterior. Para calcular las pensiones de 2023 se tomará como referencia la inflación media del periodo que va desde diciembre de 2021 hasta noviembre de 2022, al ser esta mucho más elevada que la de 2021, dejará un índice de revalorización de las pensiones superior al de los salarios. El Banco de España calculó antes de verano que el coste para las arcas públicas podría estar entre los 12.600 y 13.500 millones de euros si en noviembre cierra los 12 meses con una tasa media de entre el 7% y el 7,5%.

El sistema de pensiones también está siendo revisado por el Gobierno desde agosto de 2021. Este septiembre entró en una tercera fase de negociaciones con dos propuestas sobre la mesa: el destope de la base de cotización y de la pensión máxima y la modificación del periodo de cómputo para calcular las pensiones, que actualmente es de 25 años.

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