Los expertos convocados por Trabajo tendrán hasta noviembre para calcular cuánto debe subir el salario mínimo en 2023

En 2023 el salario mínimo interprofesional (SMI) volverá a subir, y para determinar en qué cuantía el comité de expertos convocado por el Ministerio de Trabajo dispondrá de un plazo de dos meses y medio. La previsión que maneja el departamento de Yolanda Díaz es, por tanto, convocar el próximo mes de noviembre a los agentes sociales para valorar un aumento que eleve el suelo retributivo hasta emparejarlo con el 60% del salario medio, como se comprometió a hacer a lo largo de la legislatura.

Así lo ha anunciado este viernes la propia vicepresidenta del Gobierno, una vez culminado el encuentro con los expertos, quienes volvían a reunirse tras el parón vacacional. Díaz ha remarcado también que otro de los estudios que deberá realizar la comisión asesora es analizar el impacto que ha tenido la revalorización del salario mínimo sobre la pobreza y la desigualdad en España. En opinión de la también Ministra de Trabajo, el auge de la inflación (en el 10,4% en agosto) y la incertidumbre económica han deparado “momentos difíciles y excepcionales”, pero ha recordado que pese a ello países europeos como Alemania, Bélgica, Grecia, Países Bajos o Polonia ya han adaptado sus salarios mínimos.

Teniendo en cuenta que la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) no da tregua, espoleado por la invasión de Rusia a Ucrania que ha elevado sobremanera el coste de la energía, las proyecciones que realizaron los expertos en sus primeros estudios podrían quedarse lejos del objetivo planteado por el Gobierno. Los resultados que presentaron en julio de 2021 proyectaban una subida para 2023 de 59 euros sobre los 1.000 euros mensuales repartidos en 14 cuotas que conforman el SMI actual. Sin embargo, algunas voces sindicales, como la de Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ya han señalado que este aumento debería ser mayor, y proponen elevarlo hasta los 1.100 euros, lo que supondría una subida del 10%.

La propuesta de elevarlo por encima de los cálculos preliminares de los expertos no disgusta al Ministerio de Trabajo, que internamente apuestan por un incremento del 8%. La propia Yolanda Díaz ha recordado en varias ocasiones que el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 27, permite al Gobierno —que es quien dispone en exclusiva de la potestad para decidir si el salario mínimo sube (o no)— fijar el importe, entre otras razones, en función de “la coyuntura económica general”.

La patronal, sin embargo, continúa sin ser partidaria de aumentar el salario mínimo. No secundó la última subida (de 35 euros), y no está dispuesta a hacerlo de nuevo el próximo año. En un comunicado remitido este viernes por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el órgano que dirige Antonio Garamendi reforzó nuevamente su rechazo. “Los anuncios sobre subidas desmedidas del SMI, que se ha incrementado en un 35,9% desde 2018, bloquean las negociaciones a la espera de lo que finalmente se apruebe, puesto que estas impactan en las tablas salariales, representando en la práctica una injerencia en la negociación colectiva”, dice en su nota la CEOE.

Malestar palpable

Una fuente que participa en la toma de decisiones del órgano de representación de los empresarios lamenta que la vicepresidenta Díaz “haya creado esta falsa mesa de negociación, porque el Gobierno no tiene ninguna obligación de consensuar esta subida con los agentes sociales”. Y añade: “si lo hace es porque así coloca sobre la patronal la responsabilidad del bloqueo”.

El malestar en la CEOE tras las últimas declaraciones de la Ministra de Trabajo es palpable. Díaz ha acusado estos días a la patronal de no demostrar “compromiso por su país”, y de “no estar a la altura”. Otros miembros del Gobierno de coalición, como María Jesús Montero, ministra de Hacienda, o el propio presidente, Pedro Sánchez, se han apresurado a rebajar estas críticas, hasta el punto de que la propia Díaz ha emplazado a los empresarios a que se sienten de nuevo con los sindicatos para acordar una senda de crecimiento de los salarios con la que combatir la pérdida de poder adquisitivo que está generando sobre las familias el aumento de la inflación.

Sin embargo, estas palabras han sido consideradas como una injerencia por parte de los empresarios, argumentando que la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) compete únicamente a los representantes de los trabajadores y los empresarios. En su nota también destacan que “sería deseable generar desde las instituciones un entorno favorable a la consecución de acuerdos, de manera que se evite la conflictividad social y no hacer declaraciones que favorezcan la crispación, que obviamente es perniciosa para la evolución de la economía, en general, y del empleo en particular”.

Ante estas declaraciones, Díaz ha replicado que “lo que tensiona a la sociedad española es, no solo no llegar a fin de mes, sino tener una pérdida de poder adquisitivo, como hoy 17 millones de asalariados están teniendo”.