Nacho Álvarez (Podemos): “Debemos terminar con la deserción fiscal de los más ricos”

El secretario de Estado de Derechos Sociales cree que las pensiones y el ingreso mínimo vital deben actualizarse en función del IPC

Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de economía de Podemos.
Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de economía de Podemos.Álvaro García

Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de Economía de Podemos, recibe a EL PAÍS en un momento crítico, con la inflación dando dentelladas y negociando con Hacienda los Presupuestos para el año que viene. Considera que las subidas de precios se pueden doblegar y que estas cuentas públicas serán esenciales para amortiguar entretanto el impacto en los hogares. Su tono pausado y didáctico marca la entrevista.

Pregunta. Están preparando unos presupuestos en un contexto de alta inflación, con la guerra de Ucrania. ¿Son los más difíciles de la legislatura?

Respuesta. Estos Presupuestos son clave desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político. Este Gobierno ha tenido que hacer frente a dos situaciones excepcionales: la pandemia y ahora a un shock internacional de precios por la guerra en Ucrania. Con la pandemia fuimos capaces de proteger al tejido productivo y a las familias. El reto de estos Presupuestos es el de reforzar esta protección frente a la inflación y el de extenderla aún más a los hogares.

P. La naturaleza de este Gobierno, con sus dos almas, provoca que se evidencien muchas diferencias.

R. La negociación de Presupuestos es difícil. Es costosa hasta el último minuto y estamos sudando la camiseta. Pero creo que la experiencia nos avala.

P. ¿Cuáles son las líneas rojas de Unidas Podemos?

R. No me gusta acudir con líneas rojas a la negociación, pero hay una que es inevitable: garantizar la protección de los sectores sociales que se pueden ver más afectados por la inflación. La subida de las pensiones, de las prestaciones no contributivas, del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras ayudas sociales debe de hacerse con el IPC.

P. Tienen diferencias en el ámbito fiscal, defensa, ley de vivienda...

R. Como digo, mantenemos diferencias. Estamos sudando la camiseta hasta el último minuto porque es una negociación difícil, pero a mí no me cabe duda de que estos Presupuestos van a ser ambiciosos.

P. Ha habido mucho desgaste durante la legislatura. El bloque de investidura tiene más grietas. ¿Cree que será posible aprobar los PGE?

R. La derecha española está echada al monte. La aprobación sólo tiene una vía y es mantener el acuerdo que desde el principio de esta legislatura mantenemos con los socios de investidura.

P. Entonces, ¿cree que será posible aprobarlos?

R. Yo confío en que sí.

P. Hacienda piensa repartir en diferentes partidas el gasto militar para para evitar el bloqueo de Unidas Podemos.

R. Hemos acordado con los socios de coalición que cualquier aumento del gasto en defensa no se va a hacer a costa de las partidas prioritarias del Gobierno de coalición. De hecho, en el techo de gasto no se incorporó ningún incremento del gasto militar.

P. Hace un año, en los Presupuestos, el gran escollo fue la Ley de Vivienda. Brindaron el apoyo a las cuentas a cambio de que la ley se aprobara a los seis meses, pero un año después sigue bloqueada en el Congreso.

R. Sinceramente, me parece inaudito que esa ley siga bloqueada.

P. ¿Siguen condicionando su apoyo a las cuentas a que salga adelante esta ley?

R. Es un punto clave.

P. Durante la legislatura han aprobado el ingreso mínimo vital (IMV), la subida del salario mínimo (SMI), y lo que llamaron el escudo social para proteger a los más vulnerables. ¿Cómo se explica que en las últimas semanas hayamos visto aumentar las colas del hambre?

R. Estamos en un contexto económico complicado en el que la guerra en Ucrania ha desatado la inflación. El Gobierno está trabajando en dos direcciones para corregir este escenario. En primer lugar, con medidas para amortiguar los efectos de la inflación: se ha incrementado el ingreso mínimo vital en un 15%, igual que las pensiones no contributivas. Se han desplegado ayudas en los distintos sectores productivos. En el caso de los transportes, se han puesto en marcha ayudas como los 20 céntimos a los carburantes, el cheque de 200 euros. Además de estas medidas, el Gobierno trabaja también a través del tope al gas y con la reforma que tiene que producirse del mercado eléctrico para cortar el proceso inflacionario. El objetivo está en frenar la inflación y en amortiguar sus efectos.

P. Más allá de los Presupuestos, ¿trabaja el Gobierno en otro paquete de medidas para amortiguar la inflación a partir del año que viene?

R. Desde luego, este paquete, que ahora está en vigor se evaluará y, si es necesario, se extenderá.

P. ¿Estudian, entonces, no solo prorrogar el paquete de ayudas, sino también ampliarlo?

R. No solo prorrogarlo, sino también reforzarlo.

P. Cómo va a caber todo eso en los Presupuestos con la recomendación europea de que haya un límite al gasto.

R. Bruselas ha mandado un mensaje muy claro durante estos años al supender las reglas fiscales, y por lo tanto estamos en un contexto de excepción donde la política económica tiene que ponerse al servicio de la protección a los hogares y garantizar al mismo tiempo la creación de empleo de forma prioritaria. Esto está, de hecho, siendo compatible además con una reducción progresiva del déficit.

P. Cree que es innegociable subir las pensiones con el IPC.

R. Si no hubiéramos derogado la reforma del PP, las pensiones se actualizarían ahora solo un 0,25% con una inflación del 10%. Hay que cumplir la ley. Y la ley dice que las pensiones tienen que subir lo que establece el IPC.

P. ¿Incluso las más altas?

R. Insisto, hay que cumplir la ley.

P. Cree que el SMI debería subir tanto como las pensiones.

R. Es sobradamente conocido el compromiso de la vicepresidenta Yolanda Díaz con alcanzar el 60% del salario medio que establece la Carta Social Europea para el salario mínimo. Y esto, lógicamente, quiere decir que el salario mínimo seguirá subiendo.

P. ¿Pero al ritmo de la inflación?

R. Esa es una decisión que el Ministerio de Trabajo tiene que tomar en consulta con los interlocutores sociales.

P. ¿Qué pasará con el sueldo de los funcionarios? ¿Va a subir conforme a la inflación?

R. Son muchos los actores que hablan de la necesidad de alcanzar un pacto de rentas. Creo que el Gobierno tiene la oportunidad de dar ejemplo respecto de cuál debe ser este pacto de rentas, que tiene que garantizar dos cuestiones: tiene que anclar las expectativas de inflación, pero también tiene que permitir un acuerdo plurianual que garantice la recuperación de la capacidad adquisitiva perdida.

P. Esta semana ha surgido cierta polémica tras la decisión de Andalucía de suprimir el impuesto de Patrimonio. ¿Qué le parece?

R. Cuando el PP crea paraísos fiscales, como en Madrid o en Andalucía, recordemos que lo hace beneficiando exclusivamente a menos del 0,5% de la población de esos territorios y en detrimento de los servicios públicos que deben de dar servicio al 99% restante. Yo creo que el mensaje que lanza el PP es muy claro: gobiernan para unos pocos.

P. El Gobierno anuncia un nuevo impuesto para hacer tributar más a las grandes fortunas. Dicen que será un impuesto temporal. ¿Por qué tiene que ser temporal?

R. Bueno, esta es una propuesta que Unidas Podemos viene haciendo desde hace años y creo que ha llegado el momento de ponerla en marcha para frenar y para poner fin a la competencia fiscal desleal a la que el PP está sometiendo a este país. En este momento estamos trabajando los detalles del impuesto. Creo que la clave tiene que ser que sea una figura que permita terminar con la deserción fiscal de los ricos.

P. Y dónde queda la autonomía financiera de las comunidades autónomas?

R. Desde luego, esto nadie lo cuestiona. Pero eso no puede llevar a que generemos una competencia fiscal desleal que incluso produzca migraciones de los grandes patrimonios entre regiones.

P. ¿Y no cabe que con el nuevo impuesto haya migraciones fuera del país?, a Portugal por ejemplo.

R. No las hemos observado en otros países europeos.

P . Además del impuesto sobre las grandes fortunas, ¿se están planteando otras medidas fiscales?

R. Creo que el debate en este momento no está tanto en nuevos impuestos, sino en hacer que los que tenemos funcionen y que los grandes grupos empresariales y los más ricos asuman su parte de sostenimiento del Estado del Bienestar en nuestro país.

P. ¿Qué le parece que se deflacte la tarifa del IRPF?

R. Las propuestas de reducción de impuestos que habitualmente realiza el PP, de forma generalizada para el conjunto de los contribuyentes y de forma lineal, hacen más regresivo nuestro sistema fiscal.

P. Pero, ¿podríamos ver en los próximos Presupuestos una rebaja del IRPF para las rentas medias bajas?

R. Todos estos temas están en este momento en discusión.

P. Entonces, no se descarta.

R. No he dicho eso.

P. El FMI, el BCE, la OCDE desaconsejan ayudas generalizadas o rebajas de impuestos generalizadas. Piden ayudas concretas a los vulnerables. Y eso no parece que se esté haciendo en España: ayudas con los carburantes para todo el mundo, bajada del IVA de la luz y del gas, a todo el mundo. No parecen muy sostenibles a medio plazo.

R. Son perfectamente sostenibles desde el punto de vista fiscal, porque la senda de reducción del déficit se viene manteniendo en este año. Pero el objetivo del Gobierno ha sido muy claro: proteger al conjunto de los hogares españoles. Proteger a las clases trabajadoras, a las clases medias. Y esto implica medidas dirigidas al conjunto de las clases trabajadoras, pero también medidas focalizadas para grupos de menor nivel de renta. Es el caso, por ejemplo, del cheque de 200 euros. Es el caso del aumento del 15% en las pensiones no contributivas o en el ingreso mínimo vital. El Gobierno ha adoptado iniciativas de amplio espectro, pero también las ha adoptado claramente focalizadas en los sectores más vulnerables.

P Y veremos más medidas de tipo focalizadas...

R. Si es necesario, sí.

P. Reclaman más ayudas para la dependencia, pero ¿no sería mejor asegurar una gestión más eficiente por parte de las comunidades autónomas que en algunos territorios deja mucho que desear?

R. Si de algo tiene que sentirse orgulloso este Gobierno de coalición es del impulso que se le está dando a la dependencia esta legislatura. Cuando llegamos, el presupuesto del Estado para la dependencia no alcanzaba los 1.500 millones de euros y vamos a terminar seguramente con una cifra superior al doble en este presupuesto. El esfuerzo que hemos hecho para impulsar la dependencia es titánico. Se ha aprobado, además, un nuevo modelo de residencias que las comunidades deben de transponer a su normativa.

P. ¿En qué consiste?

R. El nuevo modelo no solo se centra en el ámbito de la dependencia, está basado en primer lugar en reforzar la asistencia domiciliaria y en la atención a las personas mayores en sus propios domicilios y, al mismo tiempo, en ir transformando progresivamente las residencias para que sean centros más pequeños, organizados en unidades de convivencia, que garanticen los derechos humanos y los derechos de las personas que viven en estos centros. Porque recordemos que estos centros son los hogares donde viven las personas mayores y por lo tanto debe garantizarse un entorno lo más parecido a los domicilios de las personas mayores.

P. En el presupuesto anterior no se incluyó la ayuda a la crianza. ¿Es una de sus demandas para los PGE?

R. Yo confío en que esto saldrá adelante. Es un punto clave de la negociación. España es uno de los pocos países de nuestro entorno que carece de una prestación generalizada de crianza. Reforzar la financiación de aquellos hogares que tienen criaturas de 0 a 3 años es una prioridad para luchar contra la pobreza infantil.

P. ¿Qué nuevas medidas para afrontar la inflación están preparando?

R. Como decía, el Gobierno ha adoptado dos hojas de ruta para abordar la inflación. En primer lugar, amortiguar sus efectos con todo un paquete de medidas muy relevantes como los 20 céntimos, la ayuda al transporte, etcétera. Y en segundo lugar, tratar de frenar la inflación allá donde está se irradia hacia el conjunto de la economía con un tope al gas que ha funcionado razonablemente bien, propiciando un ahorro de en torno al 15-20% de la factura eléctrica en el mercado mayorista, pero que, desde mi punto de vista, debe seguir profundizándose en los próximos meses. Es necesario ir más allá.

P. Tiene problemas en su aplicación.

R. Las limitaciones del tope al gas nos hacen ser conscientes de que es el momento de abordar ahora, sin mayor dilación, una reforma del mercado eléctrico y una reforma del mecanismo marginalista que desacople de una vez por todas el precio del gas, de la remuneración que reciben el resto de tecnologías inframarginales, nucleares e hidroeléctricas, fundamentalmente, es ahora el momento. No podemos seguir propiciando unos beneficios caídos del cielo para estas tecnologías que no se corresponden con sus costes de generación.

P. ¿Cómo ve la evolución de la economía en los próximos trimestres?

R. Qué duda cabe que el contexto que vivimos es un contexto de dificultad, fruto de la de la guerra y de esos de precios energéticos internacionales. Y en ese contexto me preocupa la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo porque incrementa el riesgo de recesión. Insistir en una nueva ronda de austeridad, en esta ocasión por la vía monetaria, es un error. Y es un error porque frenará la economía y el empleo, y puede que ni siquiera sirva para corregir la inflación en la medida en que la inflación no se debe a un exceso de demanda, sino a un incremento de los costes internacionales de la energía.

P. ¿Y cómo se aborda una crisis de precios en esta situación si no es con alzas de tipos?

R. La primera medida que debemos adoptar es reformar aquellos mercados que están irradiando inflación hacia el conjunto de la economía. Insisto, no podemos posponer más tiempo una reforma del mercado mayorista eléctrico.

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