Portugal y España crean un nuevo frente ibérico contra la propuesta de recorte de gas de Bruselas
Ambos países consideran que la reducción se cebaría con la industria y que reducir el consumo no permitiría aumentar los envíos al resto del continente
El frente ibérico en materia energética está de vuelta. Portugal se ha alineado con la posición española de rechazo frontal del recorte lineal en el consumo de gas propuesto por la Comisión Europea. Poco después de las duras críticas lanzadas por el Gobierno español —”no podemos asumir un sacrificio sobre el que no nos han pedido opinión”; “España ha hecho los deberes en este ámbito, pagando más que muchos socios europeos”—, ha llegado el turno del secretario de Estado de Medio Ambiente y Energía del país vecino, João Galamba, que ha calificado el plan de Bruselas de “insostenible”.
Aunque consciente de que “hay países que no se han protegido y ahora piden ayuda”, Galamba ha explicado en declaraciones al diario luso Público que la “lógica del racionamiento solidario presupone la existencia de sistemas ligados entre sí y parece que la Comisión Europea se ha olvidado de esa realidad”. La falta de conexiones energéticas entre la Península Ibérica y el resto de Europa fue el principal argumento esgrimido para aplicar el famoso tope sobre el precio del gas para generación eléctrica, que ha permitido una rebaja sustancial sobre la factura de la luz de quienes cuentan con una tarifa regulada.
“Es caricaturesco”
El secretario de Estado de Medio Ambiente y Energía de Portugal ha remarcado que el aislamiento de su país del resto del continente ha obligado a comprar gas “siempre más caro” y ha considerado “caricaturesco” que se exija ahora un mecanismo de solidaridad que presume la existencia de interconexiones a un país que “siempre ha sido perjudicado años y años por no tener interconexiones”.
El Ejecutivo comunitario busca obligar a los Veintisiete a acometer un recorte lineal del 15% en el consumo de gas, independientemente de su estructura de aprovisionamiento o su exposición a Rusia. Solo en el último minuto, España y Portugal lograron que ese umbral objetivo del 15% baje hasta el 10% para los países que, como ellos, puedan demostrar que “no pueden contribuir sustancialmente” a aumentar el suministro directo o indirecto de otros Estados miembros por tener pocas interconexiones con el resto de la UE. Aun así, un 10% sería un recorte muy duro, que obligaría a racionar la demanda industrial, con el consiguiente daño económico que llevaría aparejado.
Galamba ha recordado que la reducción de consumo de gas en Portugal no se traduciría en un aumento para otros países, como considera Bruselas —ya que no existen gasoductos capaces de transportarlo—, y que la situación de sequía que sufre la península Ibérica ha obligado a aumentar el consumo de gas en Portugal en un 67% en los primeros cinco meses del año respecto al mismo periodo de 2021. Para cumplir la reducción del 15% fijada por Bruselas, el Gobierno portugués sostiene que el peso recaería sobre la producción industrial, que tendría que cortar su actividad, ya que el sector doméstico solo consume el 10% del gas.
En su oposición a la propuesta de Bruselas, el argumentario español y portugués —dos países que comparten tanto mercado como sistema gasista y eléctrico— es muy similar. Aunque abiertos a aumentar la solidaridad entre socios europeos, ambos Ejecutivos —liderados por un socialista: Pedro Sánchez y António Costa, respectivamente— consideran que reducir el consumo de gas en la Península no redundaría en un aumento en los envíos al resto del continente. En junio, España reexportó el 20% del gas que compró en el exterior: el 10%, directamente —por gasoducto, vía Francia—; el 8%, de forma indirecta: el gas se quema para generar electricidad y esta, a su vez, se envía por cable a través del país vecino; y el 2%, mediante la recarga de buques: el combustible llega a la Península en barcos de gran tamaño y luego se reparte en otros de menor capacidad.
El segundo argumento tiene que ver con las ingentes inversiones económicas acometidas durante años en la red de regasificadoras. España, según fuentes gubernamentales, ha invertido más de 3.500 millones de euros en sus siete plantas de recepción y tratamiento del gas que llega por barco (seis activas y una más en estado latente), con un coste de aproximadamente 300 millones de euros al año que abonan los consumidores a través de peajes y cargos. Ambos países tienen sus depósitos de gas notablemente más llenos que la media Europea (65%): 100% en el caso de Portugal y 75% en el de España. La meta de Bruselas es que todos los países estén por encima del 80% a principios de noviembre.
Apoyo de la patronal del sector
La patronal del sector gasista español (Sedigas) también se ha alineado este jueves con la posición del Gobierno de “no considerar la hipótesis de una restricción general de la demanda, ni para los hogares, ni para los consumidores industriales”. En una nota, la asociación empresarial subraya la importancia del ahorro, pero recuerda tanto la “baja exposición” de España al combustible procedente de Rusia, así como la “relevancia estratégica de la infraestructura gasista nacional, que ya está contribuyendo a la seguridad de suministro energético del conjunto de los Estados miembros”.
