El plan de ahorro energético de Bruselas contempla la ‘excepción ibérica’

El plan de ahorro energético de la Comisión Europea ante las amenazas del corte del gas ruso admite la especificidad de países como España y Portugal, y su carácter de isla energética. El proyecto de reglamento de Bruselas presentado este miércoles exige a todos los países de la UE una reducción del consumo de gas de un 15% de aquí a primavera. Sin embargo, contempla la posibilidad de que algún Estado miembro pueda solicitar que se limite esa reducción a un máximo del 10% si demuestra que “no pueden contribuir sustancialmente” a aumentar el suministro directo o indirecto de otros Estados miembros por no tener —o tener pocas— interconexiones. Esto englobaría a España y Portugal, la conocida como excepción ibérica que el Gobierno de Pedro Sánchez ya logró que Bruselas admitiese en su mecanismo para abaratar la luz. Sin embargo, los países que soliciten limitar su ahorro deben demostrar que están utilizando su infraestructura para redirigir gas a otros socios comunitarios y que son, por tanto, igualmente solidarios.

El reglamento de la Comisión Europea, que busca de manera urgente un ahorro del consumo de gas frente a lo que la presidenta del Ejecutivo comunitario ha llamado este miércoles “chantaje de Rusia” sobre la amenaza de cerrar sus gasoductos por el apoyo de la UE a Ucrania, exige un ahorro de un 15% del consumo en todos los socios entre el 1 de agosto y hasta marzo de 2023. Ese recorte, que Bruselas revisará, primero será voluntario y, si no se cumple, pasará a ser obligatorio. Esta reducción lineal, que no tenía en cuenta la distinta dependencia del gas ruso de cada Estado miembro ni tampoco sus características geográficas y sus infraestructuras, había causado reticencias en algunas capitales.

España, finalmente, ha logrado que se reconozca de nuevo su insularidad energética y su condición de mercado en gran parte aislado del resto de la UE. Pero fuentes comunitarias advierten de que la autorización de la excepción en el ahorro del gas podría desatar un nuevo regateo entre Madrid y Bruselas, como el ocurrido antes de que la Comisión autorizase las normas excepcionales para el mercado eléctrico. Esta vez, por si acaso, el proyecto de Reglamento establece un plazo de dos meses para que la Comisión emita su veredicto tras recibir la petición y la documentación que acredite el derecho de un país a no reducir el 15% el consumo de gas, sino solo el 10%.

Entre los países reticentes se encontraba España, que teme la imposición de un recorte del 15%. Fuentes comunitarias han indicado que, precisamente, la excepción del 10% se introdujo durante la reunión de la Comisión a instancias del vicepresidente español del organismo, Josep Borrell. En las últimas semanas, fuentes diplomáticas españolas no ocultaban su inquietud por la intención de Bruselas de imponer un recorte obligatorio y lineal del consumo de gas, por considerar que perjudicaría innecesariamente a la economía.

Solo una interconexión

España solo tiene una interconexión con Francia, lo que la convierte en una pequeña isla. El reglamento va a obligar a demostrar que utiliza completamente esos gasoductos y la infraestructura de regasificadoras de que dispone para ayudar, llegado el caso, a cubrir la demanda de otros países de la UE. Las fuentes consultadas indican que España todavía no se muestra satisfecha del todo por considerar que incluso un recorte del consumo menor podría resultar dañino para la industria nacional sin redundar en beneficio de la seguridad de suministro del resto del continente, porque la capacidad de España de socorrer a sus vecinos es muy limitada por la falta de interconexión.

“Los consumidores españoles han pagado durante años su sobrecapacidad”, incide el eurodiputado socialista Nicolás González Casares. “Eso está permitiendo ya ser solidarios con el resto de Europa. Era lógico encontrar una vía que permitiera a la península Ibérica ayudar y al mismo tiempo usar todas sus capacidades y exigir menos reducción de consumo. Sin embargo, este paso que ha dado la Comisión todavía no es suficiente para las necesidades de España”, añade el eurodiputado.

Analistas como Ben McWilliams, del Instituto Bruegel, ya advertían a principios de mes en un informe de que la reducción del gas ruso solo podían acometerse reduciendo la demanda comunitaria y ya mencionaban un recorte del consumo de un 15%. “El despliegue inmediato de un enfoque coordinado de la UE ofrece la mejor opción para reducir sustancialmente el costo total de reducción de la demanda de gas”, comentaba McWilliams en un informe.

Solidaridad energética

Como base de su reglamento presentado este miércoles, la Comisión cree que una reducción general del 15% permitirá que los proveedores alternen los suministros a otros clientes: si un país ahorra, su suministrador podrá enviar más gas a otro. La Comisión exige que el almacenamiento subterráneo de gas de la UE se llene al 80% de su capacidad antes del 1 de noviembre de 2022 para garantizar el suministro durante el próximo invierno. Un corte de gas total ahora significaría que las reservas de la UE estarían llenas entre un 65% y un 71% a principios de noviembre, por debajo del objetivo del 80%, dice Bruselas. La Comisión Europea ha alertado, además, de que el plan de ahorro debería cubrir esta temporada de invierno y la próxima, ya que reponer las reservas el verano de 2023 puede suponer también un gran desafío.

De momento, las reducciones de los envíos de gas ruso ya han afectado a 12 Estados miembros, según ha mencionado este miércoles la presidenta de la Comisión Europea. Mientras, el presidente ruso, Vladímir Putin, agita la amenaza de los recortes. Este miércoles, durante una visita a Teherán (Irán), donde se reunió con los líderes iraní y turco, el jefe del Kremlin aseguró que Gazprom (que tiene el monopolio de los gasoductos rusos) “siempre ha cumplido, cumple y cumplirá” sus obligaciones. Sin embargo, también insinuó que debido a la “falta de mantenimiento” en los canales que no son rusos y a las sanciones, el suministro podría reducirse y no sería culpa de Rusia.

El reglamento de Bruselas habla de “riesgo significativo de que se materialice una interrupción total del suministro de gas ruso en un futuro próximo, de forma abrupta y unilateral” y habla de solidaridad energética. La nueva norma recoge que en caso de emergencia energética, un Estado miembro puede reclamar solidaridad de otros para que compartan con él su suministro de gas, pero para ello tiene que demostrar que ha hecho todo lo posible para ahorrar y poner en marcha sus planes de contingencia.