El juez desimputa por segunda vez a Brufau y Fainé por el ‘caso Villarejo’

Manuel García-Castellón, juez del caso Villarejo, ha desimputado por segunda vez al actual presidente de Repsol, Antonio Brufau, y al expresidente de CaixaBank y exvicepresidente de la energética, Isidro Fainé. Según confirman fuentes jurídicas a EL PAÍS, el magistrado ha tomado esta decisión después de practicar nuevas diligencias a raíz de que la Sala de lo Penal volviera a imputar a ambos en febrero. El juez ya había archivado la causa contra ellos el pasado 29 de julio. En estas pesquisas se investiga cómo ambas compañías contrataron a Cenyt, el grupo empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo, para ejecutar una supuesta operación de espionaje en 2011 contra Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr y que pretendía hacerse con el control de Repsol tras un pacto con la mexicana Pemex.

La resolución de García-Castellón, que también da carpetazo a la causa contra Repsol y CaixaBank como personas jurídicas, incide en que no existen indicios contra los dos altos directivos. A través de un fallo de 32 páginas, el juez argumenta que la “iniciativa de contratar a Cenyt” no partió de ninguno de ellos. Y tampoco, según el magistrado, conocieron los “pormenores” del encargo al comisario. Es decir, no sabían que el policía era el proveedor, ni los “detalles” del servicio que prestó para ambas compañías.

El instructor de la Audiencia circunscribe así la responsabilidad a los directores de Seguridad de las dos empresas, Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Fernández Rancaño (CaixaBank); y a Rafael Girona, quien fuera subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de la petrolera. El juez propone enviar al banquillo a los tres por el presunto proyecto de espionaje, además de a Villarejo; a su socio Rafael Redondo; y al comisario Enrique García-Castaño, que supuestamente colaboraba con la trama y que sufrió un ictus el pasado abril.

“No hay indicios ni sospecha de los que puede desprenderse que la iniciativa de llevar a cabo la contratación de Cenyt partiese de Brufau, ni que este fuese informado con detalle de los resultados de las gestiones del grupo [del comisario]. Mantener esto serían meras conjeturas sin soporte alguno”, apostilla el juez instructor, que añade lo mismo sobre Fainé. Además, Rafael Araujo volvió a declarar ante el magistrado el pasado martes, cuando asumió toda la responsabilidad del encargo a Villarejo. Según dijo el jefe de Seguridad de Repsol, él fue quien decidió recurrir a los servicios del policía, aunque defendió que nunca le pidió que ejecutara maniobras ilícitas, según fuentes jurídicas.

La Sala de lo Penal, cuando volvió a imputar a ambos en febrero, mantuvo una tesis distinta. El tribunal expuso que existen “indicios” de que la contratación del comisario partió del presidente de Repsol y que, además, “fue informado con detalle de los resultados” de las gestiones que hacía Cenyt, que incluyó el presunto acceso a bases de datos confidenciales. De hecho, aunque Brufau y Fainé aseguran que nunca supieron que se contrató a Villarejo, sí admitieron que mantuvieron una conversación en 2011 y acordaron mover ficha ante los intentos de Del Rivero de hacerse con el control de la petrolera. “Le planteé a Fainé que sería bueno que las dos áreas de inteligencia corporativa colaborasen juntas para profundizar más en el pacto [entre Sacyr y Pemex]”, detalló Brufau ante el juez.

Entre las pruebas esgrimidas contra los dos altos directivos consta un documento denominado Charla-2.11.11, que detalla el contenido de una reunión mantenida el 2 de noviembre de 2011 en un restaurante entre Villarejo y los jefes de Seguridad de la petrolera y el banco. Una especie de “acta de reunión”, al que la Fiscalía concede verosimilitud, donde se plasma el presunto conocimiento directo de Fainé y Brufau del encargo de espionaje. “Pero, la mera referencia de Villarejo [a ambos] en uno sus documentos no es suficiente, por sí solo y sin otros elementos adicionales, para mantener o acordar la imputación de persona alguna”, mantiene el juez instructor García-Castellón.

Cenyt recibió más de 400.000 euros de Repsol y CaixaBank por este encargo, bautizado como Proyecto Wine. Pero, a la hora de archivar la causa contra estas personas jurídicas, empresas del Ibex 35, el juez subraya que las dos contaban con herramientas de “supervisión y control”, por lo que cumplían con los requisitos previstos en la ley y no se les puede achacar un delito por un “déficit en esta materia”. Las partes pueden presentar recurso contra la resolución del magistrado.