La Audiencia Nacional desimputa a Repsol, CaixaBank, Brufau y Fainé en el ‘caso Villarejo’

El juez Manuel García-Castellón, instructor en la Audiencia Nacional, ha desimputado a Repsol y CaixaBank por el caso Villarejo, así como al actual presidente de la petrolera, Antonio Brufau, y al expresidente del banco y exvicepresidente de la energética, Isidro Fainé. Según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado ha tomado esta decisión tras interrogar esta misma semana a los representantes jurídicos de ambas compañías, que negaron cualquier irregularidad por su parte en la contratación de Cenyt, el grupo empresarial encabezado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, pese a las sospechas de los investigadores de que las dos sociedades se hicieron con los servicios del policía para urdir una operación de espionaje en 2011 contra Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr y que pretendía hacerse con el control de Repsol tras un pacto con la mexicana Pemex.

Esta decisión llega apenas dos días después de que finalizara la última ronda de interrogatorios fijada en esta línea de investigación de un macrosumario que señala a varias de las compañías más importantes del país: otra parte de las pesquisas salpican a Iberdrola, Mutua Madrileña, BBVA o el Grupo Planeta. Tras escuchar el pasado martes y miércoles a los representantes de Repsol y CaixaBank, el magistrado descarta que ambas empresas fueran responsables como personas jurídicas de la contratación de Villarejo. También rechaza que sus entonces máximos responsables, Antonio Brufau e Isidro Fainé, supieran algo del encargo al comisario. De hecho, el juez baja el punto de mira en la escala directiva y lo sitúa, especialmente, en los directores de Seguridad: Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank).

El auto de García-Castellón recoge buena parte de la defensa de Repsol y CaixaBank, que alegaron esta semana que solo contactaron con Cenyt para obtener de forma legal cualquier información sobre el acuerdo entre Pemex y Sacyr, pero nunca para recabar datos personales que pudieran suponer una vulneración de derechos —en los registros a Villarejo se encontró un registro de llamadas telefónicas de las presuntas víctimas—. Además, remacharon que la contratación fue transparente y rigurosa, y que se cumplió siempre con los estándares internos y de control de las empresas.

Una batería de argumentos que acepta el juez en su fallo, donde considera que ambas compañías contaban un sistema de prevención y cumplimiento “eficaz” cuando se produjeron los hechos, “sin que las acusaciones hayan aportado elementos de cargo que permitan concluir la existencia de un defecto estructural en los modelos de prevención, vigilancia y supervisión vigentes en las compañías”. La documentación aportada por las dos sociedades, incide el instructor, “permite constatar que los mecanismos de prevención implantados existían y eran adecuados, con independencia de la final ocurrencia de los hechos objeto de investigación”.

“No recaía en el ámbito de los presidentes”

El magistrado García-Castellón mantenía imputados por estos hechos a varios directivos de ambas compañías. Entre ellos, a Antonio Brufau, actual presidente de Repsol, y a Isidro Fainé, expresidente de CaixaBank y exvicepresidente de la petrolera española, para quienes archiva ahora las pesquisas. Ambos ya negaron también al juez cualquier ilegalidad e insistieron en que desconocían quién era Villarejo. El comisario jubilado bautizó esta supuesta operación de espionaje contra Del Rivero como Proyecto Wine y, según el sumario, cobró al menos 400.000 euros de ambas compañías.

Sobre Fainé y Brufau, el magistrado considera que no se ha acreditado su participación en la contratación de Cenyt y que, de la prueba documental aportada por ambas compañías, “se desprende que la contratación no recaía en el ámbito de control del presidente, sino en el de sus directores de Seguridad”. Por tanto, añade: “Sin indicios que apunten a que [ambos] interviniesen de manera directa en los hechos investigados, no es posible transferir a dichos presidentes una obligación de supervisión y vigilancia corporativa que está delegada en los órganos competentes para ello”. García-Castellón remacha que “no cabe la responsabilidad objetiva por razón del cargo”.

El magistrado afirma que no existen indicios suficientes para mantener imputados a los dos empresarios. Según el juez, la contratación de Cenyt por parte de Repsol corrió a cargo de Araujo “en el ámbito de sus funciones”: “No consta en las actuaciones que Brufau tuviese conocimiento de a qué empresa se contrataba, ni de la existencia de Villarejo”. En la misma línea se pronuncia sobre Fainé: “No consta en la causa otra participación de Fainé que informar a Fernández Rancaño de que Repsol ya habría contactado con una empresa y que hablase con su homólogo de [la petrolera]. No consta un especial conocimiento sobre la empresa, ni antes, ni después de la contratación; ni de Villarejo, ni antes, ni después de la contratación; ni de los detalles del contrato. Tampoco consta que Fainé hiciese un especial seguimiento de dicha contratación tras la conversación mantenida con Brufau. Ni tan siquiera que ambos volviesen a hablar sobre el asunto en cuestión”.

Tras conocerse las desimputaciones, CaixaBank ha valorado de “forma muy positiva la resolución que se ha dictado y continuará, en su caso, con la voluntad de colaborar con la autoridad judicial, como ha hecho siempre”.