El PSOE entierra la ley de vivienda alternativa de las organizaciones sociales

La proposición de ley que nació de más de un centenar de movimientos ciudadanos, apoyada por Unidas Podemos, es rechazada por el Congreso, que espera en breve el registro de la futura norma promovida por el Ejecutivo

Concentración de la Iniciativa por una ley que garantice el derecho a una vivieda, el pasado 30 de septiembre ante el Congreso de los Diputados, en Madrid.
Concentración de la Iniciativa por una ley que garantice el derecho a una vivieda, el pasado 30 de septiembre ante el Congreso de los Diputados, en Madrid.Eduardo Parra (Europa Press)

El PSOE cierra el paso a la Iniciativa por una ley que garantice el Derecho a la Vivienda. Esta plataforma que agrupa a 120 organizaciones sociales, incluyendo los sindicatos de inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), presentó a finales de septiembre un texto que pedía una regulación extensa de los precios de alquiler y una prohibición de desahucios a personas vulnerables. Con el apoyo de nueve grupos parlamentarios, entre los que se incluían Unidas Podemos y algunos socios del Gobierno en la Cámara Baja, la iniciativa legislativa llegó al Congreso como proposición de ley. Su recorrido, sin embargo, no pasará de ahí. El PSOE ha anunciado que no apoyará la tramitación y en su día ya mostraron su oposición otros grupos como PP, Vox y Ciudadanos, con lo que la norma llega al final de una vía muerta.

Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, Junts, CUP, Más País, Compromís, Nueva Canarias y el BNG son las fuerzas que en su día apoyaron la tramitación parlamentaria de la norma, aunque a formación morada no ha figurado finalmente como proponente de la misma. Esta llegó al Parlamento antes de que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos presentara su propuesta para elaborar la que sería la primera ley estatal de vivienda de la democracia. Y ambos proyectos son incompatibles para los socialistas. La norma alternativa “choca frontalmente con el anteproyecto de ley del Gobierno y también con las comunidades autónomas”, ha señalado este martes el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez. Lo mismo confirmaba horas después el diputado Ignacio López en la tribuna del Congreso.

Ambas propuestas son muy diferentes y, de hecho, los promotores de la iniciativa legislativa han criticado con dureza el texto del Ejecutivo, ya que consideran que muchas de las medidas que contiene para controlar las rentas (lo que se acota a las áreas tensionadas de las comunidades autónomas que lo soliciten) o frenar los desalojos son insuficientes. Estas organizaciones, entre las que se incluyen los sindicatos UGT y CC OO, se han reunido este martes a las puertas del Congreso con el objetivo de “presionar el PSOE” para que su texto, al menos, “pueda debatirse” en la cámara, según un comunicado difundido a los medios por el Sindicat de Llogateres de Barcelona. En el mismo, estiman además que la propuesta del Gobierno “no garantiza” el derecho a la vivienda porque tiene “grandes carencias”.

Un pie en cada proyecto

Ese divorcio entre ambas propuestas legislativas ha obligado a Unidas Podemos a hacer equilibrios con un pie en cada una de ellos. Ayudó a la llegada del proyecto de las organizaciones sociales a la Cámara Baja y, a la vez, es firmante en tanto que socio de Gobierno del anteproyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros en primera lectura el pasado octubre. El último movimiento de la formación comandada por Ione Belarra, una vez está claro que la única ley que puede tener recorrido parlamentario es la que llevará el Ejecutivo, es anunciar enmiendas a la misma. Pero, a la vez, ha retirado a última hora su firma de la ley alternativa y no ha subido a la tribuna en el turno de los grupos proponentes del proyecto. Esta acción, tal y como había adelantado elDiario, tendría por objetivo apaciguar a sus socios del PSOE.

Una de los cambios que quiere promover Podemos buscará rebajar de 18 a tres meses la moratoria que contempla el texto desde que entre en vigor y hasta que se apliquen controles de alquiler para grandes propietarios, indicaron recientemente fuentes del partido. Y Gerardo Pisarello, diputado de En Comú Podem, ha vaticinado este martes otras enmiendas para recoger algunas propuestas de las organizaciones sociales e intentar integrarlas en el proyecto del Ejecutivo.

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Este, no obstante, no contempla de momento modificar el texto que presentó a finales de octubre antes del trámite parlamentario. Fuentes del Ejecutivo insisten en la intención de mantener el calendario previsto y llevar el anteproyecto en segunda lectura al Consejo de Ministros antes de acabar el año. La fecha que se baraja es el 28 de diciembre, día en que previsiblemente se reunirá por última vez el Gobierno en 2021. Una vez reciba esa luz verde, el anteproyecto estará listo para entrar en el Congreso ya como proyecto de ley, con lo que su tramitación parlamentaria se iniciará a partir del próximo periodo de sesiones (a finales de enero o principio de febrero de 2022).

Sobre la firma

José Luis Aranda

Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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