El fraude infinito

Junto a la simplificación del mecanismo RED —antiguos ERTE—, la negociación de ayer perfiló más la propuesta oficial sobre la peor lacra del mercado laboral, la temporalidad.

La idea es someter a evaluación continua —empezando en 2025 y siguiendo cada dos años—, los avances en la contratación fija y los correspondientes retrocesos en la temporal. Con detalle de cada sector. Es clave (e inhabitual) que los resultados de las políticas públicas se sometan a examen minucioso. Y en su caso, a revisión.

Eso se suma a la anterior propuesta de limitar a tres meses los contratos eventuales y establecer topes de afectados según el tamaño de la empresa. Algo mucho más flexible que el tosco rasero universal del 15% para todos inicialmente planteado por Yolanda Díaz. La ausencia de críticas, quejas o lamentaciones sobre estas novedades parece auspiciar buenos augurios.

Indispensables. No en vano, “favorecer la transición hacia los contratos indefinidos” es la gran asignatura pendiente de la reforma de la reforma laboral, según reza literalmente la Recomendación del Consejo de la UE a España sobre su plan de reformas de 2019: el listón esencial que ahora debe superar (ver COM 2019, 509 final).

Y precisa que “el uso aún generalizado de contratos temporales, incluso en los sectores menos tendentes a la actividad estacional o cíclica, si bien está disminuyendo progresivamente, figura entre los más altos de Europa, y podría suponer un obstáculo para la capacidad de crecimiento de España y su cohesión social”.

El retrato sigue siendo exacto. A junio de este año, España es el segundo país en cuanto a temporalidad, y duplica la media europea; 25,2% contra el 14,1%. Así que uno de cada cuatro trabajadores es temporal. Y la brevedad de sus contratos resulta antológica: en 2019, se produjeron 27 millones de bajas de contratos ante la Seguridad Social. Uno de cada cinco era ¡de un día!

Esa insensatez esconde un fraude general, por doble vía. Uno, la concatenación de contratos temporales de cortísimo plazo: falsos fijos, más bien en las empresas. Y la de contratos interinos, frecuentes en la Administración. Que supera por puntos en temporalidad, qué escándalo, al sector privado: es del 10% en la central; del 33% en la autonómica, sobre todo en educación y sanidad. Ahí empieza a corregirse el rumbo con la trabajosa reforma Iceta de conversión de interinos en funcionarios fijos.

El fraude es la norma. Es estructural, sistémico. Lo detectan las cifras referidas a empresas. El Plan Director de la exministra Magdalena Valerio —agrupa la tarea convencional de la Inspección de Trabajo reforzada y los planes de choque— detectó de agosto de 2018 a junio de 2020 (el último semestre ya bajo Díaz) hasta 323.026 contratos temporales fraudulentos. Los convirtió en fijos. Y en lo que va de este año, las regularizaciones suman 280.565.

En suma, más de 200.000 contrataciones corruptas al año. Es el fraude que no cesa. Infinito. Permanente, pues los porcentajes de temporalidad apenas mejoran. O la reforma acaba con él. O no será tal.