Protesta de los agricultores: los costes suponen ya el 62% del valor de la producción

“Llenar el depósito de gasóleo cuesta casi el doble que hace un año; los precios de los abonos se han incrementado alrededor del 50% y hasta el 100% en los nitrogenados; el hierro ha duplicado los precios, y los repuestos, cuando los encuentras, no tienen precio”, señala Edu Ausín, un joven agricultor de secano castellanoleonés. En el caso de los cerealistas, lo comido por lo servido. Los altos precios percibidos este año en producciones como trigos, cebada, maíz o girasol se los está tragando la tierra. De hecho, este aumento de los insumos ha provocado que los costes asciendan al 62% de la producción final agraria (PFA), más de 16 puntos por encima del anotado en 2020.

Con estos datos, la protesta de los agricultores —las ya pasadas y las que están por venir— gana intensidad ante lo que entienden como un agravio y una dificultad para su supervivencia. “Encender la luz en una granja o mantener equipos de frío cuesta dos veces más y los piensos se han encarecido en una media de casi el 30%, lo que supone que producir un litro de leche cuesta cinco céntimos más que hace unos meses”, señala Charo Arredondo, ganadera con una cuadra de 80 vacas en Cantabria, que pertenece a COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos).

En 2010, los costes se situaban en 18.000 millones de euros frente a una producción final agraria de 40.000 millones. En 2020, con una PFA de 52.000 millones, los costes de producción ascendían a 23.774 millones de euros, destacando los 12.500 millones de los piensos, 1.190 millones de semillas, 1.700 millones de energías por la luz y unos 3.000 millones de litros de gasóleo, 1.763 millones en abonos y otros 6.000 millones en otros conceptos como maquinaria, servicios y reparaciones, entre otros.

De acuerdo con las cifras manejadas por las organizaciones agrarias, en los últimos meses se han registrado subidas medias de los piensos de un 26%, del 20% en las semillas, de un 80% en el gasóleo, casi un 300% en la luz, más del 50% como media los fertilizantes, un 46% los plásticos o el 33% el agua. En este segmento, el Gobierno hizo oídos sordos a la exigencia del Congreso contemplada en la Ley de Presupuestos de obligar a las eléctricas a aceptar la posibilidad de que los regantes pudieran firmar dos contratos cada año con diferente término de potencia para hacer uso del más alto solo en los periodos de riego. Con esta medida, se rebajaría un 20% la factura global de 500.000 regantes, según datos de la Federación.

Ahora, con las subidas de los últimos meses, los costes se habrían disparado hasta unos 32.000 millones y suponen ya el 62% del valor de una producción final agraria estimada también en otros 52.000 millones de euros, de acuerdo con los datos oficiales manejados por la Administración referidos a 2020. Así, queda muy por encima del 45,7% que suponían en el ejercicio anterior y del 35% de hace varias décadas. Estas cifras son las razones que se hallan en el fondo de las actuales movilizaciones del campo y las que se convocarán para las próximas semanas si el Ejecutivo no da respuesta a sus problemas con un plan de choque solicitado al Ministerio de Agricultura. Con este cálculo, los costes superan ya en más de 10 puntos la renta agraria estimada para 2020 en 29.000 millones de euros.

Ley de la Cadena

Con el gasóleo como protagonista, se produjeron grandes movilizaciones en la pasada década que obligaron a la Administración a elaborar diferentes planes de choque para apoyar la viabilidad del sector: medidas fiscales, reducción de IVA en medios de producción o avales en los créditos a bajo interés tradicionalmente poco utilizados. Nunca cuajó la demanda aceptada y no cumplida, con Pedro Solbes en Agricultura, de llegar a tener a un gasóleo profesional para el campo en 2009. Las movilizaciones precedentes más importantes en demanda de precios justos se registraron en los primeros meses del año pasado y se desconvocaron por la llegada de la pandemia, que descarriló posibles cambios posteriores. Pese a ello, el sector logró antes del coronavirus que se aprobara una disposición en la Ley de la Cadena para que los precios cubrieran siempre los costes de producción.

Actualmente, con la Ley de la Cadena en vigor, en el sector no se entiende cómo no se vigila más de oficio el cumplimiento de esta norma por parte de la Administración para que no sea solo un papel del Boletín Oficial del Estado. Agricultores y ganaderos coinciden en sus dificultades para denunciar su no cumplimiento y exigir a los compradores pagar unos precios que cubran los costes cuando operan con productos perecederos y, sobre todo, cuando una de las partes tiene una posición de dominio con la posibilidad o el riesgo de poder abandonar una recogida, en el caso de la leche.

Parte del sector, además, cree que la escasa vigilancia del cumplimiento de la norma se debe a la mano en la sombra del Ministerio de Economía. El departamento que dirige Nadia Calviño pretendería de esta forma evitar una mayor presión sobre los precios al consumo de productos básicos en la cesta de la compra en un momento de elevada inflación. Pero esta estrategia deja un perdedor: el campo está siendo el pagano.