La subida de los precios de la energía pone en jaque a la industria

La escalada de los precios de la electricidad y del gas está provocando que, para algunas empresas, ya salga más a cuenta frenar la actividad, y con ello contener la sangría de la factura energética, que satisfacer la demanda de sus clientes. El impacto es especialmente significativo entre los grandes consumidores industriales. Es el caso de la siderúrgica Sidenor, que acaba de anunciar un parón de 20 días por los “desorbitados precios” de la luz, una decisión a la que se suman ahora otras compañías que han reducido su producción de una u otra forma, como Fertiberia (fertilizantes), Ferroatlántica y Asturiana de Zinc. La factura se ha disparado en los últimos meses y ha puesto en jaque los márgenes del negocio. Patronales y sindicatos vaticinan que, si la subida continúa, habrá más paradas de producción y cierres.

Cuando la economía española apunta a una reactivación tras los duros meses de la pandemia, la energía empieza a convertirse en un lastre cada vez más pesado. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista volverá a subir este miércoles, un 0,8% respecto al martes, hasta los 185,74 euros el megavatio hora, 4,5 veces más que en el mismo día de 2020. El precio lleva aumentando de forma ininterrumpida desde primavera, impulsado por el extraordinario repunte del precio del gas y de los derechos de emisión de CO₂. La factura de Sidenor, por ejemplo, se ha triplicado en el último año (de 60 a 260 euros el megavatio hora) y el impacto en los costes ha sido significativo: un 25% más, según los datos de la empresa. Por eso la acerera detendrá la producción durante 20 días. “Nos resulta imposible mantener el ritmo de producción actual”, dijo la empresa al comunicar el lunes esta medida “urgente”.

Otro grupo que ha tomado medidas es el fabricante andaluz de fertilizantes Fertiberia, que ha detenido de forma temporal su actividad en la planta de Palos de la Frontera (Huelva). El elevado precio del gas, que se utiliza para producir amoniaco, urea y fertilizantes, ha sido el causante de la decisión. La medida empezó el pasado 1 de octubre y está previsto que se prolongue inicialmente un mes. La empresa aprovechará para adelantar algunos trabajos de mantenimiento de la planta. El resto de sus instalaciones productivas y logísticas (13 fábricas repartidas por España, Portugal y Francia) mantienen una actividad normal.

En Cantabria, el presidente de esta comunidad, Miguel Ángel Revilla, confirmó a principios de octubre el cierre de uno de los cuatro hornos de la planta de la empresa del sector metalúrgico Ferroatlántica en Boo de Guarnizo. “Al cerrar un horno, los sindicatos están muy preocupados porque puede haber una deslocalización”, indicó el político. Según la Cadena SER, el grupo está estudiando trasladar la producción a sus plantas de Francia y Noruega, y dejar la planta española como centro de operaciones. La fábrica cántabra gasta en electricidad en un mes cinco millones de euros más que la noruega.

También la dirección de Asturiana de Zinc ha informado al comité de empresa de que elabora un plan para reducir la producción en determinadas horas del día debido al aumento de los costes energéticos, que provocan que la actividad no sea rentable en determinadas franjas horarias. De momento, la medida no implicará ajustes laborales.

Competitividad

El incremento de los costes golpea en especial a estas empresas electrointensivas (siderúrgicas, metalúrgicas y químicas) y también a las que necesitan mucho gas para funcionar, como las azulejeras. Para estas compañías la energía puede llegar a suponer el 60% de los costes totales. La patronal, la Asociación de Empresas Grandes Consumidoras de Energía (AEGE), ha pedido compensaciones y exenciones para afrontar una escalada que se inició hace cinco meses y que, de seguir así, llevará a un desastre “con quiebras y cierres en la industria”. Según cálculos de la asociación, sus empresas asumen unas cargas que en otros países no existen: estiman que a finales de agosto pagaban el megavatio hora a 96,82 euros, 34 euros más caro que en Alemania y 55 euros más que en Francia, una diferencia que mina la competitividad de las firmas españolas.

La patronal también considera que es necesario que haya más contratos a largo plazo con las comercializadoras eléctricas, con precios fijos y alejados de los vaivenes del mercado mayorista. En Francia y Alemania, según los cálculos de la asociación, este tipo de contratos suponen entre el 70% y el 80% del total. “Eso da mucha tranquilidad. Aquí los contratos bilaterales solo llegan al 30%”, afirmó recientemente el presidente de la AEGE, José Antonio Jainaga. La previsibilidad que disfrutan los que tienen uno de esos contratos está ahora, además, en el aire: Naturgy se va a sumar a Iberdrola y Endesa, y ha comenzado a comunicar a aquellos grandes clientes que tienen un contrato de suministro de energía eléctrica a precio fijo su intención de revisar las condiciones por el alza de los precios.

En junio, el Gobierno aprobó una compensación adicional de 100 millones de euros para ayudar a la industria electrointensiva a hacer frente a los sobrecostes por emisiones de CO₂. Con esos nuevos fondos, las compensaciones suman 179 millones, una cantidad que el sector sigue considerando insuficiente por dos motivos: primero porque está por debajo del techo de 220 millones que permite Bruselas y, segundo, porque es muy inferior a la que desembolsan Alemania y Francia.

Estas compensaciones se unen al paquete de medidas urgentes y transitorias que el Gobierno aprobó en septiembre para mitigar el encarecimiento de la electricidad. El plan diseñado por el Ejecutivo incluye una nutrida batería de medidas. Entre ellas, profundizar en las rebajas fiscales ―a inicios de verano ya había disminuido el IVA al 10% y suspendido el impuesto a la generación eléctrica―, con la reducción del impuesto especial sobre la electricidad del 5,11% al 0,5%; obligar a las grandes eléctricas a subastar energía a largo plazo para achicar el mercado mayorista y recortar, de forma temporal hasta marzo de 2022, una parte de “los beneficios extraordinarios sobrevenidos” de las centrales que no emiten CO₂, que obtienen ingresos extra de la cotización disparada del gas, ya que todas las plantas se retribuyen al precio que marca la tecnología más cara que entra al sistema para cubrir la demanda.