El Gobierno espera reducir el recibo de la luz un 22% con el nuevo plan de choque contra la escalada de la electricidad

El Gobierno espera recuperar 2.600 millones de euros de las empresas energéticas hasta el 31 de marzo de 2022 por la devolución de “los beneficios extraordinarios sobrevenidos” por los altos precios del gas en el mercado mayorista. Así figura en el Real Decreto-Ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros para abaratar el recibo de la luz y que forma parte del plan de choque para mantener la factura final de la electricidad de los consumidores este 2021 en el mismo nivel que 2018, como se comprometió el presidente, Pedro Sánchez. El plan, que además recoge otras siete medidas de aplicación inmediata, supondrá una rebaja de la factura de un consumidor medio de un 22% al mes hasta final de año, que, con la rebaja del IVA aprobada el pasado junio y la supresión temporal del impuesto de generación, se amplía al 30%, según fuentes gubernamentales. En agosto, la luz subió un 34,5% hasta el nivel más alto de la serie histórica, según el INE.

El impacto de la alta cotización del gas natural en los mercados internacionales y la elevada cotización del CO₂ en la UE en el mercado mayorista de la electricidad, que mañana pulverizará todos los registros con un precio de 172,78 euros megavatio hora (MWh), han llevado al Gobierno a tomar estas medidas de choque “considerando que los desajustes entre oferta y demanda en el mercado global del gas permanecerán durante los próximos meses”. Según fuentes gubernamentales, “la situación crítica de los mercados energéticos coincide con la senda de recuperación tras la pandemia y es prioritario evitar una ralentización del ritmo de crecimiento”.

“La proyección para los próximos meses dibuja una espiral sin precedentes que genera un efecto amplificador en el precio de la electricidad y que incide de manera sistémica en el bienestar de las familias y en el conjunto de la economía española”, ha declarado Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ribera, que ha añadido que por cada euro que sube el gas repercute dos en el mercado mayorista, ha destacado que las medidas contenidas en el decreto ley son acordes con el ordenamiento jurídico interno y con la normativa europea.

Además de los denominados “beneficios extraordinarios”, el Ejecutivo ha aprobado otras siete medidas, algunas temporales y otras permanentes, en la tarifa regulada a la que están sometidos unos 10,5 millones de hogares (otros casi 17 millones tienen tarifa libre). Estas son:

Minoración temporal. Se aplicará una minoración temporal del “exceso de retribución obtenida por las centrales de generación eléctrica no emisoras en el mercado mayorista gracias a la repercusión de unos costes de gas que no soportan”, consiste en aplicar una fórmula similar a la empleada para minorar el dividendo de carbono de las centrales no emisoras, ahora en tramitación en el Congreso. La rebaja retributiva será proporcional al precio del Mercado Ibérico del Gas (MibGas), que está fijado en un mínimo de 20 euros, con un límite de aplicación del 90%. Es decir, la aplicación de la minoración se hará a partir de ese suelo de 20 euros en las tecnologías inframarginales (principalmente, la hidroeléctrica y la nuclear y algunas renovables de primera generación) y se detrae el 90% de ese margen que sobrepasa a partir de la entrada en vigor. La previsión es que en el periodo hasta el 31 de marzo de 2022 se haya alcanzado 2.600 millones. Para esa fecha, el Ejecutivo espera que se hayan superado las tensiones en el mercado global de gas, por lo que no será necesario ampliar este periodo de gracia más allá de los seis meses y medio que ahora se establece. “La minoración es una medida proporcionada que actúa sobre los beneficios extraordinarios, sobrevenidos súbita e inesperadamente por los desajustes en los mercados internacionales del gas natural, y que no pudo ser considerada en las previsiones de negocio”, explican fuentes del entorno del Ministerio para la Transición Ecológica.

Impuesto Especial. Rebaja del Impuesto Especial de la Electricidad del 5,11% al 0,5%, que es el mínimo que permite la normativa comunitaria. Este impuesto se carga sobre la tarifa eléctrica y se transfiere a las comunidades autónomas, por lo que habrá que buscar una forma de compensarlas. El ministerio analizará el impacto para determinar la cantidad que tendrá que traspasar posteriormente a las comunidades.

Impuesto de generación. Se suspende el Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica, que grava con un 7% la generación eléctrica. Este impuesto se suprimió hasta finales de este trimestre, pero el Gobierno ha decidido ampliarlo hasta final de año. Esta tasa, que ya se suprimió temporalmente en 2018 durante otra crisis climática, se carga directamente a las empresas productoras de electricidad, que luego lo repercuten en la tarifa de forma indirecta.

Subastas de CO₂. El Gobierno ha decidido aumentar en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO₂ destinada a cubrir costes del sistema eléctrico, lo que supone elevar la cifra hasta los 2.000 millones durante el ejercicio.

Reducción de cargos. Estas medidas permitirán rebajar los cargos aplicables en la tarifa eléctrica un 96% sobre los actuales. De esta forma, la parte regulada de las facturas finales de los consumidores (costes extrapeninsulares, primas a renovables, déficit tarifario) se situará en una horquilla que abarca desde el 47,2% de los hogares hasta el 24,5% de la gran industria, según datos oficiales. Adicionalmente, sobre esta disminución se aplicará la menor presión fiscal. La aplicación inmediata de las medidas dejará el esfuerzo económico de los consumidores para cubrir su demanda de electricidad este 2021 en el mismo nivel que en 2018 (sin considerar el IPC), unos 600 euros anuales en el caso de un consumidor medio en baja tensión.

Subastas de energía. Al objeto de aumentar la liquidez de los mercados a plazo, el Gobierno convocará subastas de contratos de compra de energía. Los grupos empresariales dominantes ofertarán electricidad de forma proporcional a su cuota, y las comercializadoras independientes, así como los grandes consumidores, podrán adquirirla y suscribir con ellos contratos a plazo con un periodo de liquidación igual o superior a un año. La norma prevé también la reforma de la tarifa regulada (el precio voluntario al pequeño consumidor, PVPC) para que incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10%. Las comercializadoras libres que adquieran energía por esta vía deberán indicarlo en las facturas de sus clientes. El Ministerio para la Transición Ecológica aprobará un calendario para estas subastas y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año. Las compañías Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP ofertarán 15.830 gigavatios hora (GWh), equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.

Suministro Mínimo Vital. A la par de esas medidas coyunturales se incrementa la protección de los consumidores vulnerables, las familias y las pymes, estableciendo un Suministro Mínimo Vital que prohíbe el corte del servicio por impago a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes. Asimismo, se garantiza un potencia mínima de 3,3 kw.

Tarifa de Último Recurso (TUR). Se limita durante un semestre el impacto del coste de la materia prima en el cálculo de las tres bandas de la tarifa de último recurso (TUR) de manera que el incremento medio en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4,4% de media en lugar del 28%. Las cantidades adeudadas se repercutirán en las siguientes revisiones, con un mecanismo amortiguador similar al existente para las bombonas de butano. Además, se crea un nuevo mecanismo para fomentar la contratación de electricidad a plazo, que beneficiará especialmente al tejido industrial.

Ley de Aguas. El Gobierno modifica la Ley de Aguas “atendiendo a la consideración del agua embalsada como un bien de primer orden económico, social y ambiental” para evitar súbitos desembalses. Al inicio de cada año hidrológico, las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 hectómetros cúbicos, tanto para situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes. Esta introducción de criterios de utilización racional de los recursos hídricos evitará, según el Gobierno, efectos indeseados sobre la flora y la fauna, y contribuirá a alcanzar los objetivos ambientales fijados por la normativa europea. Asimismo, ayudará a afrontar los efectos del cambio climático en la disponibilidad de agua en España, superiores al 15% a medio plazo y entre el 35% y el 40% en un horizonte a largo plazo. Al efecto, se procurará facilitar el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización de los municipios ribereños.

Estas medidas de choque se añaden a las ya aprobadas el pasado mes de junio para amortiguar el impacto de la cotización del gas en la electricidad. En aquel momento, el Ejecutivo rebajó el IVA sobre la electricidad del 21% al 10% hasta final de año, para suministros hasta 10 kW, y decidió suspender el Impuesto del 7% a la generación durante el tercer trimestre, que posteriormente amplió hasta final de año.

Las medidas se añaden a los dos proyectos al Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que redistribuirá entre todos los vectores energéticos el coste de las renovables históricas en los próximos cinco años, y el que actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico (los llamados beneficios caídos del cielo).