El Gobierno cifra en 1.000 millones el impacto en las eléctricas por el recorte a su exceso de retribución por CO₂

Esta medida contribuirá a bajar la factura de la luz entre el 4% y el 5%, según el Ministerio de Transición Ecológica, que confía en reducir la tarifa en los próximos cinco años hasta un 15%

La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.FOTO: POOL

El Gobierno cifra en unos 1.000 millones de euros el impacto que tendrá en las eléctricas el recorte al exceso de retribución que reciben estas empresas. Las eléctricas reciben estos ingresos, denominados beneficios caídos del cielo, en el mercado mayorista por la generación de energía en las centrales eléctricas no emisoras de CO₂ (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005. La iniciativa para reducir estos ingresos, adelantada el viernes por EL PAÍS, ha sido aprobada este martes como anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros para su tramitación. El Ministerio de Transición Ecológica, que encabeza Teresa Ribera, prevé que, con los precios actuales por la emisión de CO₂ por encima de 50 euros por tonelada, esta medida supondrá un abaratamiento de la tarifa de la luz de entre el 4% y el 5%.

Además, el Gobierno impulsa otra iniciativa con la que pretende reducir la factura de la luz. El Consejo de Ministros ha aprobado también este martes el proyecto de ley del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Con esta medida, se quiere sacar de la tarifa eléctrica el coste de las primas renovables más antiguas (en torno a 6.500 millones anuales) y repartirlo entre todos los sectores energéticos. Según las fuentes ministeriales, ello también repercutirá en el recibo de la luz en un porcentaje de alrededor del 10%, pero en un plazo dilatado de cinco años, ya que la aplicación del denominado fondo verde es gradual (un 20% cada uno de los cinco años). “El impacto acumulado de los dos proyectos de ley supondrá una reducción del 15% en la factura”, ha dicho la vicepresidenta Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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El ahorro de los 1.000 millones procedentes de los beneficios caídos del cielo permitirá destinar unos 100 millones a financiar el bono social, sobre todo para los consumidores vulnerables severos (unos 600.000, de los que 7.000 padecen riesgo de exclusión). Los 900 millones restantes se destinarán a financiar otros proyectos recogidos en la política energética del Gobierno, principalmente para potenciar las energías renovables.

La eliminación de esta sobrerretribución de las eléctricas repercutirá, según fuentes ministeriales, a los consumidores particulares y a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, supondrá un incentivo para que las compañías del sector se vuelquen de forma definitiva en las energías renovables y abandonen los combustibles fósiles, tal como ya está previsto.

El Consejo de Ministros aborda esta reforma el mismo día en que entra en vigor la nueva factura eléctrica, que incentivará un consumo más eficiente por parte de los consumidores, buscando que el importe del recibo final dependa más de cuándo que de cuánto se consume, con el traslado de los consumos a las denominadas horas valle.

La medida, recogida en el compromiso de Gobierno entre PSOE y Podemos, tiene el objetivo de reducir la factura de la luz de los consumidores, que ha subido notablemente en abril y mayo con el repunte del precio de los derechos de emisiones CO₂, precisamente. Desde el pasado enero y con la tensión sufrida en el precio de la luz por el paso del temporal Filomena, la reforma del mercado eléctrico volvió a ponerse en primera fila del debate entre los socios de Gobierno.

Tras el Consejo de Ministros, Ribera defendió la necesidad de que los beneficios por el alza de los precios del CO₂ repercutan también en los consumidores domésticos e industriales y no solo en “las cuentas de resultados de las empresas”. ”Para las compañías, es legitimo maximizar su beneficio, pero debemos velar como Gobierno por el interés de los españoles”, subrayó.

Con este anteproyecto normativo, las eléctricas tendrán que repercutir en su coste de producción los derechos de emisión del CO₂ para estas dos modalidades de generación (nuclear e hidráulica), por lo que se les descontará del precio del mercado mayorista. De esta forma, su situación será análoga a la que ya tienen las plantas gasistas. La propuesta respeta el marco normativo europeo y el sistema sería similar al existente entre 2006 y 2009, con la minoración de una parte del dividendo del CO₂ a plantas no emisoras previas al 2005 que vendan energía en el mercado.

La decisión contra los beneficios caídos del cielo ha recibido la contestación de las eléctricas, que el lunes tuvieron un fuerte castigo en Bolsa y este martes continúan con la sangría de forma más suave. Iberdrola, con importantes activos en hidráulica y en nuclear, era este lunes la compañía del sector más castigada, con una caída del 0,7%, hasta los 10,895 euros, después de haber perdido el lunes un 2,74%. Endesa, que es el primer operador de energía nuclear en España, y que el lunes fue el valor más penalizado del selectivo español, con una caída del 5,71%, cedía a media mañana un 0,18%,hasta los 22,26 euros. Mientras, Naturgy, que el lunes fue el valor que mejor aguantó dentro del sector (-0,19%), cedía en este inicio de jornada un 0,7%, hasta los 21,28 euros. Acciona, que el lunes retrocedió un 2,68%, figuraba sin embargo este martes en positivo, con una subida del 0,29%.

Ante la posibilidad de demandas por parte de las empresas, Ribera destacó que lo mas importante es la solvencia del sistema y recordó el acuerdo alcanzado con las empresas para el cierre ordenado de las nucleares. En aquel momento la tonelada de CO₂ estaba en torno a 20 euros y el megavatio a 50. Ahora, el CO₂ está a más de 50. Según la vicepresidenta, las empresas saben que se descuenta de un sobrebeneficio de plantas antiguas amortizadas, con costes operativos muy bajos y una rentabilidad elevadísima, incluso después de la aminoración del CO₂. “Se trata de empresas que actúan con los compromisos de sostenibilidad, saben que un precio como este es algo absorbible. Teniendo en cuenta estos argumentos económicos y el respaldo jurídico [con el que cuenta la norma], no es probable que vayan a producirse demandas. Pero, evidentemente, cada consejo de administración tomará la decisión que quiera”, concluyó.

Sobre la firma

Miguel Ángel Noceda

Corresponsal económico de EL PAÍS, en el que cumple ya 32 años y fue redactor-jefe de Economía durante 13. Es autor de los libros Radiografía del Empresariado Español y La Economía de la Democracia, este junto a los exministros Solchaga, Solbes y De Guindos. Recibió el premio de Periodismo Económico de la Asociación de Periodistas Europeos.

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