La inflación vuelve a acelerarse en Argentina: sube un 3,5% en septiembre

El Ejecutivo pretende congelar el precio de más de 1.000 alimentos, que han subido un 53,4% en los últimos 12 meses

Un grupo de personas realizan compras en el Mercado Central de Buenos Aires, el pasado enero.
Un grupo de personas realizan compras en el Mercado Central de Buenos Aires, el pasado enero.Juan Ignacio Roncoroni (EFE)

La inflación vuelve a acelerarse en Argentina. En septiembre fue del 3,5% intermensual, un punto porcentual más que en agosto, y a falta de un trimestre para cerrar el año acumula ya un 37% en lo que va de 2021. La rápida subida de precios se siente aún más en los alimentos: en septiembre de 2021 cuestan un 53,4% más que un año antes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El Gobierno de Alberto Fernández quiere evitar que la inflación le gane la carrera a los salarios en la recta final del año, marcada por las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre. Para lograrlo ha vuelto a la ofensiva con una vieja arma: el control de precios de alimentos, en manos de un nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

Feletti ha mantenido contactos con fabricantes de alimentos y supermercadistas para mantener fijos los precios de 1.245 productos hasta el próximo 7 de enero. Leche, harina, aceite, arroz, pan y otros productos de la dieta argentina forman parte del largo listado anunciado por la Secretaría.

“Tuvimos un año duro y necesitamos generar una tregua en la última parte del año para que el salario comience a recomponerse después de cuatro años de caída”, dijo el ministro de Producción, Matías Kulfas, al defender la congelación de precios anunciada por el Gobierno en el marco del coloquio empresarial Idea. Cuando Fernández asumió como presidente de Argentina en diciembre de 2019, la canasta alimentaria básica representaba el 9% del salario promedio de los trabajadores registrados del país. Hoy, representa el 11%. “El equilibrio social de la Argentina depende de que esta presión sobre el salario por parte de los alimentos baje”, coincidió Feletti.

La pérdida de capacidad adquisitiva de los argentinos se agravó el año pasado, cuando la economía se desplomó un 9,9% a consecuencia de la paralización de actividades decretada por la pandemia de la covid-19. La pobreza creció 6,5 puntos porcentuales, hasta el 42% de la población, la cifra más alta desde la crisis del corralito de 2001-2002.

Los aumentos aprobados este 2021 para el salario mínimo, las jubilaciones y en las negociaciones sectoriales colectivas (conocidas en Argentina como paritarias) buscaban revertir esa situación. Sin embargo, su éxito depende de que la inflación no se acelere, una condición que pocos creen posible dada la elevada emisión monetaria.

“Necesitamos estabilizar nuestro país. Hace 20 años que venimos de crisis en crisis. Es fundamental porque a los sectores populares todas las crisis nos han hecho cada vez más pobres”, destacó en el coloquio de Idea Gildo Onorato, secretario general de uno de los grandes movimientos sociales de Argentina, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Las cifras lo avalan: en el primer semestre de 2021 la pobreza retrocedió sólo 1,4 puntos porcentuales, lejos aún del 35% pre-pandémico.

Antecedentes

La estrategia de congelar precios tiene numerosos antecedentes en Argentina. Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri aprobaron antes que Alberto Fernández medidas para detener temporalmente la subida de alimentos y/o las tarifas de servicios básicos. Fueron efectivas en el corto plazo, pero fracasaron en el largo plazo al aumentar los desequilibrios fiscales.

El nuevo plan anunciado por el Gobierno carece por ahora de una resolución oficial que vuelva obligatorio mantener fijos los precios, lo que aumenta las dudas sobre su cumplimiento, en especial a medida que se acerquen las fiestas navideñas.

De forma paralela, también se mantiene invariable para los hogares argentinos el costo de la luz, el agua, el gas y el transporte público a costa de aumentar los subsidios estatales. Las tarifas volverán a incrementarse en 2022, cuando el Ejecutivo planea comenzar a aplicar una segmentación según la capacidad de pago de los usuarios.

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