Bruselas planea acumular reservas estratégicas de gas para paliar la crisis energética

Un buen número de gobiernos contienen la respiración mientras la Comisión Europea ultima los detalles de un plan de choque para tratar de cruzar un invierno que se prevé frío y con los precios de la energía disparados. Aunque en la propuesta del Ejecutivo comunitario que se presenta este miércoles no se esperan medidas revolucionarias, entre los mecanismos novedosos Bruselas sí tiene previsto estudiar la introducción de una reserva estratégica de gas y la compra conjunta de combustible por parte de los Estados miembros destinada a este depósito, según indican a EL PAÍS fuentes comunitarias. Esta medida recoge una de las propuestas clave lanzadas por el Gobierno español, que ha liderado en las últimas semanas una especie de entente energética de países golpeados por el zarpazo de los precios de la electricidad.

España lo propuso a través de una carta enviada a la Comisión el 20 de septiembre: “Debe crearse una plataforma europea centralizada de compra de gas natural que facilite la creación de reservas estratégicas”. Su objetivo era tratar de que las autoridades europeas fueran un poco más allá del statu quo en las medidas de alivio.

La misiva, firmada por las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera, detallaba en un documento adjunto una batería de herramientas para actuar en diversos frentes, desde la reforma de las reglas del mercado mayorista de la electricidad a la lucha contra la especulación en el mercado de derechos de emisión de CO₂, pasando por la citada plataforma de compra centralizada. “Lo hemos hecho con bastante éxito para las vacunas y deberíamos reproducir este modelo a otros campos estratégicos como este”, añadía el documento en referencia a esta última propuesta. “Además, podríamos utilizar nuestro mayor poder de negociación para constituir reservas estratégicas que nos permitan mitigar nuestra exposición a las fluctuaciones del mercado”, continuaba.

La semana pasada, los ministros de Finanzas de Francia, Grecia, República Checa y Rumania se sumaron a Calviño en un comunicado conjunto en el que reclamaban, entre otras cosas, “elaborar directrices comunes sobre el almacenamiento de gas para mitigar y suavizar las subidas de precios”. El texto, además, pedía “coordinar mejor” las compras de gas para aumentar el “poder de negociación”.

Compras conjuntas cuando el precio baje

La UE ya cuenta con un sistema de reservas de emergencia para el petróleo, que nació al calor de la crisis del sector en los años setenta del siglo pasado, pero no para el gas. Un nuevo mecanismo introducido en este sentido podría servir para comprar este recurso de forma conjunta cuando el precio estuviera bajo con el fin de liberarlo en períodos alcistas. Pero plantea también interrogantes, como la capacidad real de almacenaje de los socios comunitarios, la interconexión energética entre países, el precio que tendría mantener las reservas y quién se hace cargo de esa factura. Para esta tarea de acopio se suelen usar, entre otros espacios, minas de sal o yacimientos agotados, y no todos los Estados miembros cuentan con esta capacidad.

El centro de gravedad de la llamada “caja de herramientas” que la Comisión tiene previsto lanzar este miércoles, en cualquier caso, se circunscribirá a tierra conocida y, salvo algún cambio en el lenguaje o incorporación de última hora, no hará incursiones extrañas ni le dará la vuelta a los principios rectores del mercado liberalizado de la energía: serán “un conjunto de medidas que los Estados pueden adoptar de acuerdo con la legislación europea”, tal y como ya anunció la comisaria de Energía, Kadri Simson, la semana pasada en el Parlamento Europeo. Esto es: no habrá modificaciones de la normativa ni suspensión parcial extraordinaria de disposiciones y será, en realidad, un compendio de lo que ya existe; mecanismos centrados en aliviar en el corto y medio plazo el impacto social y la situación de las personas más vulnerables.

Entre las medidas, se recogen “mecanismos de prestación de apoyo específico a los consumidores, los pagos directos a los más expuestos a la pobreza energética, la reducción de los impuestos sobre la energía y el traslado de las cargas a la fiscalidad general”, según adelantó la comisaria Simson. Todas ellas ya están contempladas en la legislación europea, por lo que podrían “adoptarse muy rápidamente”. La responsable de Energía explicó que para mitigar la dentellada de la pobreza energética se podrían también usar los “ingresos más altos de lo esperado” del sistema de comercio de derechos de emisión de CO₂.

La semana pasada, Ribera explicó que había planteado al Ejecutivo comunitario mecanismos que podrían ser introducidos de manera extraordinaria mientras dure la crisis, como “disociar” el precio del gas del precio de la electricidad, extrayendo así al principal culpable del aumento de precios. Esta propuesta también llegó a ser valorada por parte de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que mencionó la necesidad de “estudiar la posibilidad de desacoplar el mercado” en una comparecencia en Estonia la semana pasada. Pero desde entonces la iniciativa nunca ha vuelto a ser mencionada como una opción.

El precio exorbitante de los derechos de emisión de CO₂ es otra de las obsesiones del Gobierno español. El 4 de octubre, las vicepresidentas Calviño y Ribera dirigieron una nueva carta a la Comisión denunciando la especulación en el comercio de derechos de emisión. “Existen pruebas de la fuerte actividad de los fondos de inversión y otros agentes no industriales en el mercado, lo que sugiere que el comportamiento especulativo está acentuando la volatilidad de los precios”, denuncia el texto de la misiva, al que ha tenido acceso EL PAÍS. La carta habla de un “repentino incremento” de precios de estos derechos, que han pasado de 28 a 62 euros (una subida del 121%) y alerta de los efectos de una “burbuja” en el sector, así como de las posibles consecuencias para los consumidores y la industria.

España propone a Bruselas, en un documento adjunto a la carta, tomar medidas específicas, como limitar el número de derechos de emisión excedentes que se pueden comprar”, tal y como ya se hace en Suiza y California; “excluir a los agentes especuladores de la participación en el mercado” o “limitar el período de validez de los derechos de emisión adquiridos, para evitar su uso con fines especulativos.