Compromís y Podemos reclaman a Puig una tasa turística valenciana para destinarla a ayudas a la vivienda para jóvenes

Los socialistas mantienen que cualquier acción ha de estar acordada con el sector

La Playa de Levante de Benidorm, en una imagen de junio,
La Playa de Levante de Benidorm, en una imagen de junio,Mònica Torres

Es un tema recurrente, tal como ha reconocido la vicepresidenta primera del Gobierno Valenciano, Mónica Oltra (Compromís). Pero, aprovechando que el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, está en Sevilla buscando socios para reclamar una financiación autonómica justa y que existe cierta tensión entre los socios del pacto del Botànic por la elaboración de los presupuestos, Compromís y Podemos han acordado este martes presentar una propuesta para implantar la tasa turística en la Comunidad Valenciana. Su recaudación, tal como ha apuntado el vicepresidente segundo del Consell, Héctor Illueca (Podem), estará destinada a políticas de vivienda que favorezcan la emancipación de los jóvenes.

Tanto Oltra como Illueca han apuntado que la tasa no podrá implantarse de inmediato, pues se ha de esperar a que el sector se recupere de los efectos de la pandemia. Pero, tal como ha dicho Illueca, sí pretenden que forme parte de los presupuestos de 2022, “que deben mirar más allá de la pandemia, no puede dejar atrás a nadie y la clave es la juventud”. “Vamos a discutirlo con nuestros socios de Gobierno (en referencia a los socialistas) y esperamos que pueda haber un acuerdo que permita al Gobierno del Botànic establecer un diálogo con la gente joven”, ha dicho.

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La respuesta del presidente Puig no se ha hecho esperar. “Es un debate que existe por parte de algunos partidos, pero lo que necesitamos ahora es la reactivación del sector turístico”. “Siempre hemos dicho que es una cuestión que se ha de hablar y negociar con el sector y ahora lo que planteamos es la recuperación del empleo”, ha señalado.

Tanto Compromís como Podem son conscientes de que la tasa no saldrá adelante sin el apoyo de los socialistas porque, además, quieren que la propuesta surja del mismo Gobierno, a través de los presupuestos, y no de una iniciativa parlamentaria. Ambos han apelado a que su socio mayoritario se abra a debatir esta posibilidad y han argumentado que no es el sector el que paga la tasa sino que son los turistas con sus estancias. La tasa, según han explicado, no sería un importe fijo, sino que la idea es crear un tipo de tasa propia, “a la valenciana”, que se aplicaría a los alojamientos, incluidos apartamentos turísticos, pero de forma diferente según la categoría y el emplazamiento.

Oltra ha argumentado que este tipo de tasas tienen un impacto positivo en el retorno “porque al final el turismo tiene una huella social y ecológica”. En el marco social, ha explicado, “está relacionada con los precios de alquiler y la inaccesibilidad de jóvenes a ese alquiler y nos parece que es importante tomar decisiones para repararlo y que el impacto tenga un efecto positivo”.

Por su parte, el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ya ha rechazado la iniciativa y considera que, de aplicarse, “será la puntilla definitiva para un sector muy perjudicado por la crisis derivada de la pandemia”.

El alcalde de Benidorm habla de "ocurrencias"

El alcalde de Benidorm (Alicante), Toni Pérez (PP), ha calificado este de “ocurrencia” la tasa turística que proponen Compromís y Podemos. “No y nunca a una tasa turística”, ha indicado el primer edil, quien ha atribuido la propuesta a “los ‘tics’ ideológicos de toda la vida” de la vicepresidenta. A su juicio, planteamientos como este “colocan a los pies de los caballos” al sector y a los municipios que viven del turismo y ha afirmado que con este tipo de medidas el Consell “desprecia al turismo, cuando no propone agredirlo”.

Pérez ha asegurado que la industria turística “está haciendo un gran esfuerzo, y sin prácticamente ayudas del Gobierno valenciano, para sacar la cabeza después de la pandemia”, según ha apuntado en un comunicado. El alcalde ha recalcado que la administración autonómica “tiene una competencia y responsabilidad clara en política juvenil, de empleo, de inserción y de vivienda”.

 

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