Podemos presenta su tasa turística valenciana, con un tramo autonómico y otro municipal

Un tributo con un tramo fijo autonómico y otro variable municipal que los Ayuntamientos podrán decidir si establecer o no y que ascenderían a un mínimo de 50 céntimos y a un máximo de tres euros en función de la calidad del alojamiento. Así es la tasa turística que insiste en implantar Podemos y a la que la Generalitat se resiste.

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La tasa que la formación morada ha presentado este miércoles en las Cortes Valencianas reportaría a las arcas públicas entre 30 y 40 millones de euros, según sus cálculos. Podemos, que todavía no ha confirmado si apoyará los presupuestos de la Generalitat presentados por los socios del Gobierno autonómico, socialistas y Compromís, argumenta que los ingresos se reinvertirían en el sector turístico. Los empresarios se oponen, al considerar que frenará la actividad. La Agencia Valenciana de Turismo se ha manifestado en contra.

El grupo parlamentario presentará mañana su propuesta en forma de enmienda a la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat, con el fin de que el impuesto se pueda implantar en 2018, según han explicado el portavoz de Economía de Podemos, David Torres, y la secretaria de Políticas Públicas, Rocío Segura.

El impuesto, según el planteamiento de Podemos, contaría con un tramo autonómico fijo que sería destinado a la mejora de los servicios turísticos, las infraestructuras y las dotaciones, a impulsar las buenas prácticas laborales y la lucha contra la precariedad laboral en el sector, la lucha contra el intrusismo y el fraude en el alojamiento, y a la promoción del medio ambiente.

Quedarían exentos los menores de 16 años, las estancias por causas de fuerza mayor, las que sean por motivos de salud (enfermos y acompañantes) y las estancias subvencionadas por programas sociales de las administraciones públicas de cualquier estado de la Unión Europea, como el Imserso.

Las tarifas fijas, que se establecen entre 0,50 y 2 euros según la propuesta de Podemos, se recaudarán por alojamiento en hoteles, hoteles apartamentos, viviendas turísticas, hoteles y casas rurales, hostales, pensiones, hospederías y albergues, campings, áreas de pernoctaciones para autocaravanas y acampadas en finca particular, y embarcaciones de crucero.

El impuesto solo se aplicaría a los 10 primeros días de estancia y se bonificaría el 50% de la cuota tributaria íntegra las estancias en temporada baja, entre el 1 de noviembre y el 30 de abril excluida la Semana Santa.

Para su gestión, se crearía un fondo para favorecer el turismo sostenible como instrumento de financiación de los fines del impuesto que se nutriría de la recaudación del tramo fijo, y una comisión formada por representantes de las consejerías competentes, Hacienda, Economía, Empleo y Medio Ambiente y de agentes sociales y económicos.

En el tramo municipal, que deberá ser aprobado por acuerdo del pleno municipal y cuya recaudación iría a competencias de ámbito municipal, las tarifas se sitúan entre 0,25 y 1,25 euros y tendrían carácter variable.

David Torres ha defendido la aplicación del impuesto turístico como un mecanismo para aumentar los presupuestos destinados por la Generalitat a turismo, que suben un 13,16 % en 2018 hasta los 9,5 millones, una cantidad insuficiente para un sector que representa el 13 % del PIB, ha argumentado.

"No hemos visto que en otros destinos turísticos donde un impuesto similar al que proponemos para la Comunidad Valenciana suponga un descenso en la actividad turística, ni siquiera en casos similares al de Benidorm", ha afirmado Torres en referencia a Cataluña, Baleares y otros países europeos.

Respecto a su apoyo a los Presupuestos de la Generalitat para 2018, ha indicado que el trámite parlamentario "da margen" para negociar y evitar una prórroga de los presupuestos, y ha asegurado que en puntos concretos como el turismo el grupo parlamentario no apoyará las cuentas si no se da respuesta a sus demandas.