¿Pueden las eléctricas ganar un pulso a todo un país?

Lo que está pasando con la electricidad en España hace tiempo que dejó de ser razonable. Muchos llevamos años advirtiendo de que las reglas actuales de fijación de precios en el mercado eléctrico, establecidas hace más de 20 años y mantenidas en esencia desde entonces, no sirven en la actualidad. El sistema marginalista, que asigna el precio de la oferta más alta recibida a la totalidad de la energía a producir, es claramente inadecuado para un mercado en el que conviven tecnologías que nada tienen que ver entre sí y en el que las numerosas barreras de entrada existentes lo mantienen alejadísimo de la competencia perfecta.

Es indiscutible que el precio del gas en Europa cotiza en niveles no vistos hasta la fecha. También lo es que los derechos para emitir gases de efecto invernadero están en máximos históricos. Pero no menos cierto es que las centrales eléctricas de ciclo combinado, aquellas que queman gas para producir electricidad y que deben comprar derechos de emisión por hacerlo, han aportado menos del 3% de la energía subastada durante la última semana. Que el 100% de las centrales esté cobrando cerca del triple del precio que hace un año —cuando ya obtenían beneficios— mientras que la inmensa mayoría de las mismas no ha variado sustancialmente sus costes es una aberración.

Si sabemos desde hace tiempo que el sistema no es el adecuado, ¿por qué no se ha modificado? La respuesta es conocida: aproximar los precios de la electricidad a los costes que tiene producirla tendría un impacto demoledor sobre la cuenta de resultados de las eléctricas y ningún Gobierno, hasta la fecha, se ha atrevido siquiera a proponerlo. Con una excepción: el actual, en su último Consejo de Ministros, ha aprobado remitir a las Cortes un proyecto de ley que prevé enmendar una parte minoritaria del problema, la que tiene que ver con el mayor precio del CO₂ cobrado por las centrales construidas antes siquiera de que se pagara por emitirlo.

El texto ha recibido una fortísima contestación por parte de las empresas afectadas y sus palmeros, que no han dudado en afirmar que atenta contra la confianza legítima de sus inversores y que incluso han amenazado abiertamente con el cierre anticipado de las nucleares (lo que llevaría a un incremento de precios aún mayor).

En realidad, deberíamos dejar de hablar de las eléctricas y hablar de la eléctrica, pues una de ellas tiene una posición muy distinta a la de sus competidoras: produce más energía de la que vende a sus clientes y, además, goza de la titularidad de muchas más centrales hidroeléctricas que el resto.

Las centrales hidroeléctricas son claves en momentos como el actual porque almacenan energía en forma de agua y pueden decidir cuándo desembalsarla. Por esta razón su coste de producir la electricidad, uno de los más bajos si no el que más, les es indiferente. Ofertan al denominado coste de oportunidad, esto es, calculan a qué precio ofertaría la central de gas que las reemplazaría y fijan su precio ligeramente por debajo. Es por ello que es el agua en lugar del gas la tecnología que está marcando en la mayoría de las horas los precios máximos históricos que estamos padeciendo.

Es hora de anteponer el interés general sobre el particular y de reservar los mecanismos de mercado para los segmentos donde el nivel de competencia es razonable. Es inadmisible que una empresa se permita echar un pulso a todo un país, mucho menos que se haya acostumbrado a ganarlo.

Jorge Morales es director de Próxima Energía.