El juez propone juzgar al exjefe de seguridad de la Mutua por contratar a Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dictado un auto en el que propone juzgar por cohecho al exdirector de seguridad de la aseguradora Mutua Madrileña, Benjamín García Cañón, por contratar al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que elaborase informes de solvencia de, entre otros, al expresidente de la entidad José María Ramírez Pomatta y su familia. El magistrado -que también procesa por el mismo delito al policía y al socio de este, el abogado Rafael Redondo- concluye que García Cañón autorizó con su firma el pago de 18.880 euros, IVA incluido, a Villarejo por dichos trabajos en 2012, cuando este aún era comisario en activo de la Policía Nacional. La decisión aún no es firme y puede ser recurrida. El auto mantiene fuera de la causa a la Mutua.

Esta pieza, la número 15, es una de las cuatro de las más de treinta con los que cuenta el macrosumario de la Operación Tándem en la que se investigan las actividades presuntamente ilícitas del policía jubilado que el juez ha cerrado en los últimos días. La decisión la toma, además, el mismo día en la que el magistrado, en otro auto, ha retirado la imputación a Repsol y Caixabank, así como al actual presidente de la petrolera, Antonio Brufau; y al expresidente del banco y exvicepresidente de la energética, Isidro Fainé por los encargos que Villarejo hizo para estas compañías.

El auto sobre la Mutua Madrileña, fechado el pasado martes y dado a conocer este jueves, detalla que Villarejo tuvo, el 20 de octubre de 2009, una reunión con el entonces jefe de seguridad de la empresa (abandonó la compañía hace siete años) en el que ofreció a este la elaboración de “un proyecto de investigación denominado Proyecto Lump”. El objetivo último era “salvaguardar los intereses” de la compañía ante lo que el documento elaborado por el comisario calificaba de “situación de riesgo como consecuencia de prácticas poco ortodoxas de ciertas personas”. Entre ellas citaba al expresidente Ramírez Pomatta, que había dimitido en mayo de 2008, y a dos de sus antiguos colaboradores, Juan Expédito Suárez y Arturo Baldasano. El comisario redactó al menos un informe de avance, otro preliminar y tres anexos. En uno de estos últimos se detallaban tres posibilidades de contratación que, en el caso de que la investigación durase cinco meses, alcanzaba los 375.000 euros. El juez no recoge en el auto el hallazgo de indicios que apunten que el policía realizó dicho trabajo y que la Mutua pasase finalmente cantidad alguna.

La investigación si los ha localizado, sin embargo, en un trabajo posterior, de 2012, que Villarejo denominó Proyecto Autumm” y en la que el objetivo fue, de nuevo, Ramírez Pomatta. Según detalla el auto, este encargo vino supuestamente motivado por la demanda que el expresidente interpuso contra su antigua compañía a propósito de la cuantía de la indemnización que le correspondía y por la que reclamaba 21 millones. La Audiencia Provincial de Madrid condenó en enero de aquel año a la Mutua a abonar a su antiguo máximo responsable cerca de 14 millones de euros. “Ante la vicisitud de que el recurrente [Ramírez Pomatta] instase una ejecución provisional de la sentencia, y asesorada por sus letrados, Mutua Madrileña solicitó, de manera inmediata y urgente, la confección de un informe de solvencia patrimonial” de su expresidente, recoge el magistrado. El entonces jefe de seguridad, ahora procesado, fue el que encargó este trabajo al Grupo Cenyt, la sociedad de Villarejo que servía de epicentro a su entramado empresarial.

El juez detalla que el comisario y su socio entregaron en febrero de ese mismo año un documento que recogía los datos personales, propiedades, actividad profesional, sociedades y antiguos cargos de Ramírez Pomatta, así como la profesión de sus cuatro hermanos, su esposa y sus cuatro hijos. Villarejo apunta en el documento la posible existencia de “actuaciones irregulares” del exdirectivo y sugería que “podrían rentabilizarse en cualquier medida, incluso en el ámbito judicial”. Para ello, el policía reclamaba “la dotación de ciertos medios complementarios, según criterios a valorar conjuntamente”. Finalmente, el Supremo anuló en mayo de 2014 la pensión de jubilación del expresidente al considerar que su cobro fue un “abuso de derecho”.

Por aquel informe inicial, Cenyt percibió de la Mutua 18.880 euros en tres pagos efectuados entre febrero y julio bajo el concepto “estudios de solvencia patrimonial”. El juez destaca que el comisario solo gastó 459 euros en consultar los registros de la propiedad y mercantil para elaborarlo.