La Mutua gana en el Supremo la pelea contra su expresidente por su pensión

El Tribunal Supremo ha anulado la pensión de jubilación asignada al expresidente de Mutua Madrileña, José María Pomatta, de 13,9 millones de euros al considerar que la maniobra para determinar el cobro fue un “abuso de derecho”.

Pomatta, que reclamaba inicialmente cerca de 21 millones, presentó su dimisión el 28 de mayo de 2008, dos días antes de que se celebrara la junta en la que se preveía anular el sistema de jubilaciones. La sentencia ha valorado que la fórmula para el cálculo y el pago de las pensiones vitalicias fue auspiciado por el propio Ramírez Pomatta y que presentó su dimisión “con el propósito de tratar de devengar el derecho a la previsión social al que no tendría derecho si cesaba como consejero después de que fuera aprobada la modificación estatutaria”.

El fallo de la Sala de lo Civil del Supremo apunta que una cosa es que tuviera derecho a dimitir y “otra cosa es que por las circunstancias en que ejercitó este derecho y el propósito que le movía, ligado a las consecuencias negativas para la Mutua, pueda advertirse un abuso de derecho”.

El texto de la sentencia hace alusión a otros fallos sobre abuso de derecho y sostiene que esta doctrina “se sustenta en la existencia de unos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos”.

Ramírez Pomatta, que fue presidente de la Mutua desde 2002 y 2008, aprobó durante su mandato la retribución para los consejeros, así como el derecho de pensión vitalicia para los que hubieran desempeñado su cargo durante dos o más mandatos. La propia Mutua se percató del alcance que podrían tener estas pensiones y su Consejo de Administración decidió anular cualquier derecho a pensión o beneficio de previsión social.

El expresidente, Ramírez Pomatta, promovió un pleito con el objetivo de reclamar una pensión de más de 21 millones de euros. El Consejo de Administración de Mutua Madrileña decidió en 2008, por unanimidad, no atender la reclamación al considerarla “injustificada y desproporcionada”.

En septiembre de 2010, Mutua Madrileña obtuvo una sentencia de la Primera Instancia totalmente favorable a sus intereses, que desestimó las pretensiones de José María Ramírez Pomatta por entender que resultaban abusivas. Posteriormente, en febrero de 2012, la Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia que estimaba parcialmente la petición y condenaba a la entidad a pagar a Ramírez Pomatta 14 millones de euros, frente a los 21 millones reclamados. No obstante, la resolución de la Audiencia incluía el voto particular en el que un magistrado mostraba su desacuerdo con la misma.

Mutua Madrileña recurrió al Supremo, que le ha dado finalmente la razón. En su sentencia, señala que “desde la perspectiva de un observador objetivo”, la propia pensión había sido “auspiciada” por Ramírez Pomatta, que era el presidente del Consejo y “a quien directamente y más pronto iba a beneficiar, pues constituía una forma de preparar su jubilación”. El fallo señala además al expresidente por anteponer su interés particular al interés general de la entidad.