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María Sánchez: “La competición fiscal de algunas comunidades es desleal”

La consejera cántabra defiende el coste efectivo de los servicios públicos de cara a la futura reforma del sistema de financiación autonómico

Laura Delle Femmine
María Sánchez, consejera de Economía y Hacienda de Cantabria, el pasado jueves.
María Sánchez, consejera de Economía y Hacienda de Cantabria, el pasado jueves.Alberto Losa

María Sánchez (Suances, Cantabria, 42 años) es funcionaria de carrera. Interventora del cuerpo de inspectores de finanzas de Cantabria (PRC-PSOE), en 2018 fue fichada como directora general de Economía y Asuntos Europeos. Al año siguiente se presentó como independiente a las elecciones regionales de la mano del PSOE y tras los comicios pasó a ocupar el cargo de consejera de Economía y Hacienda. En una entrevista por videoconferencia desde su despacho, reconoce que empieza “a ver la luz al final del túnel” tras el golpe causado por la pandemia. Cree que “la guerra fiscal” entre comunidades “es inaceptable” y niega que Cantabria esté sobrefinanciada. “Para prestar el servicio a los ciudadanos de una manera igual que en el resto de comunidades tenemos que gastar más”, asegura.

Pregunta. ¿Qué previsión económica tiene para 2021?

Respuesta. Empezamos a ver la luz al final del túnel. Nuestra previsión es recuperar en el último trimestre de 2021 el PIB del cuarto trimestre de 2019. Hemos invertido mucho y llevábamos mucho tiempo haciéndolo. Cuando se invierte en el Estado del bienestar no solo es la calidad de los servicios públicos, también provoca una recuperación económica fuerte.

P. Han emitido la orden para elaborar los presupuestos de 2022, pero aún falta la reunión con Hacienda.

R. Hemos querido adelantar la orden de elaboración para hacer una buena planificación y procurar esa recuperación. No obstante, es fundamental esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde a todas las comunidades de régimen común se nos marcan los objetivos presupuestarios y se nos informa de las transferencias que vamos a recibir del Estado. Estamos pendientes de que se determine hasta donde podemos llegar con los presupuestos. Todas las comunidades estamos expectantes y tenemos una preocupación añadida: las liquidaciones negativas.

P. ¿Qué proponen?

R. Vamos a ver la propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Estoy segura de que será buena. El Gobierno ha demostrado estar cerca de las comunidades: nos apoyó financieramente como nunca en 2020 y ese apoyo sigue en 2021.

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P. En 2022 habrá una minoración de recursos del Estado. ¿Puede afectar a la recuperación?

R. Confío plenamente en el Gobierno. Además, no solamente vamos a tener que ejecutar nuestros presupuestos. Tenemos un gran desafío las comunidades, el Ejecutivo y todos como país: la ejecución de los fondos europeos. Va a ser una cantidad muy importante para que la recuperación sea intensa y sostenida en el tiempo.

P. ¿Qué proyectos tienen para los fondos Next Generation?

R. Dentro del React [unos de los dos instrumentos de reparto de las ayudas europeas], tenemos asignados 96 millones y contamos con proyectos importantes que están en licitación, como un centro de protonterapia que va a ser el único del país de carácter público. En el Marco de Recuperación y Resiliencia no tenemos la foto final de cuál será el importe que se destinará a Cantabria, pero hay una serie de proyectos en los que estamos muy interesados. Uno de ellos es el MUPAC, el museo de prehistoria de Cantabria, un proyecto integral que implica una transformación digital del patrimonio prehistórico. Intentaremos captar todos los recursos posibles, pero quiero poner otra cosa encima de la mesa: se trata de captar fondos, pero después hay que gestionarlos. Y no es fácil.

P. ¿Le preocupa la gestión?

R. No. Cantabria es líder en la gestión de fondos europeos. Lo demuestran los datos y nos lo reconoce Europa. Tenemos proyectos maduros, que se van a ejecutar en el plazo establecido; hemos eliminado los cuellos de botella y reforzado el personal. Nos preocupa captar y no tanto gestionar. Pero eso no hay que perderlo nunca de vista. Es un reto, aunque lo visualizamos como una gran oportunidad para impulsar un cambio del modelo productivo y fortalecer el Estado del bienestar. La crisis provocada por la covid ha puesto sobre la mesa determinadas debilidades. Y hay una reflexión adicional: si algunos proyectos no son susceptibles de esa financiación, siempre tenemos la complementariedad del marco financiero plurianual.

P. ¿Cuándo llegarán a las empresas las ayudas directas del Gobierno?

R. La convocatoria salió el lunes 21 y apoyaremos a la Consejería de Industria, Comercio, Turismo e Innovación, que está en el ala regionalista de nuestro gobierno, para que el dinero llegue cuanto antes a empresas y autónomos. Somos conscientes de que es una tramitación muy compleja.

P. ¿Se ha elegido el diseño correcto? Las comunidades no han sido consultadas...

R. No sé cuál hubiera podido ser otro planteamiento. Es un desafío, pero las comunidades conocemos de cerca las necesidades de nuestros territorios, empresas y autónomos. Está bien que el Gobierno nos deje margen de actuación. Siempre hablamos de cogobernanza. Este es un ejemplo, nos guste o no.

P. ¿Cómo abordaría la reforma del sistema de financiación?

R. Muchas comunidades dicen que Cantabria está sobrefinanciada. No es verdad. Soy muy contundente en ello. Cantabria tiene una orografía, una dispersión, un envejecimiento, unas particularidades que no tienen otros territorios. Prestar servicios públicos de calidad cuesta muchísimo más. Defendemos y defenderemos, y es una posición unánime de todos los partidos políticos en Cantabria, el coste efectivo del servicio y el statu quo. Es decir, no empeorar nuestra situación. No es por capricho. Para prestar el servicio a los ciudadanos de una manera igual que en el resto de comunidades tenemos que gastar más.

P. ¿Cómo se determina ese coste efectivo?

R. Hay determinadas variables cuantitativas que son objetivas: la dispersión, el envejecimiento… Pero hay otras cualitativas, como la orografía. En determinados pueblos, por ejemplo, no puede ir el autobús escolar a buscar a los niños, van taxis. No es medible, pero tiene que ser compensado de alguna manera.

P. Pero hay comunidades infrafinanciadas. ¿El sistema no necesita más recursos?

R. Ellas conocen sus peculiaridades y necesidades de financiación. Y entramos en otro tema: los impuestos. Cantabria tiene unas necesidades que se cubren a través del sistema de financiación. Además, no bajamos impuestos. Otras sí. Es un comportamiento insolidario, porque por el otro lado reclaman más financiación porque no les llega para prestar servicios públicos de calidad. Nuestra Constitución dice que debe haber cohesión social, territorial, que no puede haber desigualdades entre los españoles y que todos debemos tener los mismos servicios. Esa competición que están desarrollando algunas comunidades es una postura desleal y desde mi punto de vista inaceptable. La guerra fiscal no cohesiona, no está prevista en esa configuración de país que establece la Constitución.

P. ¿Y cómo se concilia el statu quo con el principio de solidaridad?

R. Habrá que buscar un equilibrio. Quizás hay que poner más recursos encima de la mesa para el sistema en su conjunto. No pido mejorar la posición de Cantabria quitándole recursos a otras comunidades. Uno de cada tres euros que gastamos es para sanidad; no tenemos televisiones autonómicas o un tribunal de cuentas propio. Nos gastamos el dinero en la prestación de servicios públicos esenciales. Quiero que los demás estén financiados correctamente, pero no voy a renunciar a nuestra financiación.

P. ¿Qué opina de la armonización?

R. Hay que buscar un equilibrio y no me cabe duda de que el Gobierno lo encontrará. Las comunidades tenemos autonomía financiera, reconocida en la Constitución, pero la propia Constitución también dice que debemos prestar los servicios públicos de la misma manera en todo el territorio. Hay que buscar ese equilibrio, que se consigue con diálogo.

P. En impuestos como sucesiones y donaciones están en la horquilla más baja.

R. Tendrá que haber un planteamiento del Gobierno y las comunidades nos tendremos que sentar y dialogar, siempre respetando los principios de la Constitución: prestar los servicios públicos de una manera igual para todos y respetando la autonomía financiera.

P. Se ha creado un comité de expertos para la reforma fiscal.

R. Me parece bien. También me parecería bien que se nos dé participación a las comunidades y se escuchen nuestras posturas. Estoy segura de que se hará y cada una pondremos encima de la mesa nuestras peculiaridades y particularidades. Pero hay que reconocer que, a priori, no participamos.

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Sobre la firma

Laura Delle Femmine
Es redactora en la sección de Economía de EL PAÍS y está especializada en Hacienda. Es licenciada en Ciencias Internacionales y Diplomáticas por la Universidad de Trieste (Italia), Máster de Periodismo de EL PAÍS y Especialista en Información Económica por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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