¿En qué comunidad se pagan menos impuestos por una herencia? ¿Y cuál grava más las donaciones?

Los años pasan, pero las diferencias se mantienen: a efectos de pagar impuestos, no es lo mismo vivir en una comunidad u otra. Las autonomías cuentan con plena competencia normativa sobre los tributos que tienen cedidos ―como patrimonio o sucesiones y donaciones―, lo que les permite modificar tipos y aplicar deducciones y bonificaciones que hacen que los contribuyentes tengan que abonar por ellos cantidades muy distintas en función de dónde residan. Las diferencias pueden ser monumentales, y hasta llegar a superar las decenas de miles de euros por el mismo hecho imponible.

Así lo deja claro el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2021, elaborado por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE), en el que se presentan una serie de ejemplos para entender la magnitud de la brecha entre regiones. Y esta es también la principal razón por la cual la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende llevar cabo una armonización de los impuestos cedidos.

Impuestos sobre sucesiones y donaciones

Los impuestos sobre sucesiones y donaciones son los más dispares. Esto no solo se debe a que están cedidos al 100% a las comunidades, sino que la cuantía a liquidar crece al alejarse el grado de parentesco con el fallecido. Es decir, no es lo mismo que herede un hijo o cónyuge o que se haga una donación a un sobrino. En el caso de descendientes directos menores de 21 años, en comunidades como Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid y Murcia, así como los territorios forales de Navarra y el País Vasco, solo se abonan importes simbólicos; en Castilla y León y La Rioja no se paga si no se rebasan determinados límites (400.000 euros) y en Aragón los menores de edad tienen una reducción del 100% si no se superan los tres millones.

El REAF-CGE pone un ejemplo en el caso del impuesto de sucesiones: un soltero de 30 años que hereda bienes de su progenitor por 800.000 euros, en los que 200.000 se corresponden a la vivienda habitual del fallecido. En este caso, la diferencia entre la comunidad donde se paga más y aquella donde se paga menos es abrumadora: rebasa los 100.000 euros. En Asturias hay que abonar 103.135 euros; en Andalucía, Cantabria y Galicia no se paga nada. La segunda autonomía donde habrá que pagar más en el ejemplo que pone el organismo, aunque a mucha distancia de la primera, es Castilla y León (unos 81.000 euros). Madrid, Extremadura y Murcia también cuentan con generosas bonificaciones: exigirán menos de 2.000 euros en el mismo supuesto.

En el caso del impuesto de donaciones, la brecha es aún más grande. Para los mismos 800.000 euros donados en metálico de un padre a un hijo, la diferencia entre comunidades supera los 200.000 euros. Las comunidades donde se paga más son Castilla y León y Extremadura (200.122 euros), seguidas por Aragón, Asturias y la Comunidad Valenciana. En Cantabria, donde se aplica una bonificación del 100%, no se paga nada; en Madrid, Andalucía y Murcia el importe solamente asciende a unos 2.000 euros.

Impuesto sobre el patrimonio

Este tributo grava las grandes fortunas y está en la diana del debate sobre la armonización fiscal. La mayoría de los países vecinos lo ha eliminado, al considerar que ya hay otras figuras que gravan la riqueza, en particular el impuesto sobre sucesiones. En España, al contrario, el Gobierno ha decidido darle vigencia indefinida a partir de 2021 ―desde 2011 se iba prorrogando año tras año― y subir un punto el tipo —del 2,5% al 3,5%— para las fortunas de más de 10 millones de euros.

En este caso, el mínimo exento estatal son 700.000 euros, aunque hay comunidades que aplican baremos más bajos: 400.000 euros en Aragón y 500.000 en Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana. Los tipos estatales oscilan entre el 0,2% y el 3,5%, y varias regiones los aplican por defecto. Otras ―Andalucía, Asturias, Cantabria, Baleares, Cataluña, Extremadura, Galicia, Región de Murcia y Comunidad Valenciana― tienen tarifas distintas. Extremadura cuenta con el tipo máximo más elevado, del 3,75%, y Madrid es la única que tiene bonificado el impuesto al 100%.

Para el mismo patrimonio de 800.000 euros, según el ejemplo del REAF-CGE, en Aragón se paga un impuesto de 1.164 euros; en Madrid, Álava y Vizcaya no se abona nada. Si el importe sube hasta los cuatro millones, la factura más elevada es la de Extremadura (más de 59.000 euros), seguida por Baleares y Comunidad Valenciana; y la más baja seguirá siendo la de la Madrid: cero euros.

ITP y AJD

El impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados grava las transmisiones inmobiliarias. Los tipos más bajos los tienen Madrid, Navarra, Canarias, País Vasco y La Rioja. El REAF-CGE pone como ejemplo la transmisión de un inmueble que no está destinado a vivienda habitual, con importes distintos que oscilan desde los 15.000 hasta los 750.000 euros. En Madrid y Navarra siempre se abonarán los impuestos más bajos; los más altos en Cantabria, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana.

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

El IRPF solo está cedido parcialmente a las comunidades, que pueden fijar los mínimos personales y familiares y modificar el 50% de la escala de gravamen que se corresponde a la cuota autonómica. Si se considera un trabajador soltero de 65 años, sin discapacidades ni hijos, las comunidades que más castigan las rentas bajas y medias (hasta los 45.000 euros) son Cataluña y Navarra. País Vasco y Madrid son las regiones donde menos se paga en estos supuestos. En el caso de rendimientos del trabajo de hasta 16.000 euros, las regiones con menor presión son Madrid, Canarias y La Rioja.

En el tramo comprendido entre los 45.000 y los 110.000 euros, el mapa cambia algo. Navarra sigue siendo la comunidad donde más se abona por IRPF, junto a Extremadura y Aragón, mientras que para los ingresos de entre 110.000 y 300.000 el segundo y tercer lugar lo ocupan la Comunidad Valenciana y Extremadura; de 300.000 euros para arriba, la autonomía con más presión es la Comunidad Valenciana, seguida por Navarra y La Rioja. Madrid es siempre la comunidad con el IRPF más bajo para las rentas superiores a 110.000 euros.