La subida del IRPF afectará a los 16.740 sueldos más altos de España

La subida del IRPF a las rentas más altas que recogerán los Presupuestos de 2021 solo afectará a una pequeña parte de los contribuyentes. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha anunciado este martes en un acto junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que las nuevas cuentas incluirán un alza de dos puntos en el IRPF a las rentas del trabajo de más de 300.000 euros, lo que afectará a 16.740 contribuyentes según fuentes gubernamentales. Esta cifra es un 0,08% del total de los declarantes, más de 20,6 millones según las estadísticas de la Agencia Tributaria relativas a 2018.

El Ejecutivo también aprobará un incremento del IRPF para rentas del capital de más de 200.000 euros. Contando con eso, en total, la subida de los tipos marginales del IRPF puede afectar a un máximo de 36.194 contribuyentes, un 0,17% del conjunto, según cifras confirmadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se trata en todo caso de estimaciones y el número real de afectados dependerá finaalmente de las rentas que se generen el año próximo. En esa cifra no se incluye el incremento del IRPF por la supresión de deducciones por aportaciones a fondos de pensiones, que tendrá el mayor impacto tanto en recaudación (580 millones en la declaración que se presente en 2022) como en número de afectados.

Ambas subidas, que se plasmarán en las cuentas que presentará la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras su aprobación en el Consejo de Ministro de este martes, son más suaves que las planteadas por el Gobierno de coalición antes de la pandemia. El acuerdo de coalición que sellaron el PSOE y Unidas Podemos antes de la llegada de la covid-19 preveía una subida del IRPF de dos puntos para las rentas del trabajo más de 130.000 euros y cuatro puntos por encima de 300.000 euros; asimismo, contemplaba una subida de cuatro puntos para las rentas del capital de más de 140.000 euros. Estas alzas más marcadas, que han sido objeto de debate entre los dos socios de Gobierno, finalmente se han quedado descafeinadas ante el embate de la pandemia. Afectan por ello a un número muy inferior de contribuyentes y de forma menos drástica.

Tanto Sánchez como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llevan meses asegurando que la profunda reforma fiscal que tenían sobre la mesa a inicios de año queda pospuesta por la irrupción de la covid-19, que ha trastocado todas las previsiones económicas. El Gobierno estimaba en el Plan Presupuestario que envió a Bruselas a inicios de octubre una caída del PIB del 11,2% para este año, una previsión más generosa que otros organismos y que va perdiendo consistencia a medida que aumentan los contagios y con ellos las restricciones a la movilidad, tanto en España como en los países del entorno.

Aun así, el Gobierno aseguró que habría “ajustes” en el ámbito fiscal a lo largo del año que viene. Algunos de ellos se conocieron en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas: una subida del IVA del 10% al 21% a las bebidas azucaradas y edulcoradas, la entrada en vigor a inicio de año de las tasas Google y Tobin, un nuevo impuesto al plástico, un aumento de la fiscalidad verde y la nueva ley sobre el fraude fiscal. El documento recogía además otras medidas sin detallar: un incremento genérico de los impuestos directos, con un impacto de 2.548 millones en los próximos dos años, y otra en los indirectos, con 1.724 millones. En total, estas medidas brindarán una subida de los ingresos de 6.847 millones en 2021 y 2.323 millones en 2022, según los cálculos del Ejecutivo.

Parte de estas medidas que no se concretaron en el Plan Presupuestario han sido concretadas este martes en el acto conjunto entre Sánchez e Iglesias. Además de las subidas del IRPF a las rentas más altas, el vicepresidente segundo ha explicado que las cuentas de 2021 recogerán cambios en el impuesto de sociedades para los grandes grupos, con una limitación de las exenciones por dividendos y plusvalías generadas por su participación en filiales; habrá un incremento de un punto en el impuesto sobre el patrimonio para las fortunas de más de 10 millones de euros ―aunque serán las comunidades quienes deberán aplicarlo, porque es un tributo totalmente cedido―; y se establecerá una tributación mínima del 15% para las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis), entre otras medidas.