La Comunidad Valenciana es la autonomía que más grava las rentas altas y Madrid la que menos

Mientras arrecia el debate sobre la armonización fiscal en medio de acusaciones cruzadas entre autonomías y Gobierno central, la jungla tributaria de las comunidades autónomas se hace cada vez más densa. Actualmente existen 858 medidas distintas para los tributos cedidos y cruzar la frontera entre una región y otra determina importantes diferencias en IRPF, herencias o donaciones, según destaca el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2021 elaborado por el Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas (CGE). En esta vigésima edición del informe, presentado este miércoles, se recoge el impacto de la subida del tipo marginal máximo a las rentas más altas contenido en los últimos Presupuestos. La Comunidad Valenciana es la que más grava a los contribuyentes que ganan más; Madrid la que menos. La región de la capital también es la que tiene la menor presión sobre las rentas más bajas, junto a Canarias, La Rioja y País Vasco; Navarra y Cataluña la mayor.

Este es el resultado de que las comunidades autónomas no solo cuenten con impuestos propios; también tienen gestión plena sobre una serie de tributos que están totalmente cedidos ―como sucesiones y donaciones, patrimonio o actos jurídicos documentados, que crean importantes distorsiones entre territorios―, y competencias sobre los que comparten con el Estado, como el IRPF ―pueden fijar las deducciones, el mínimo personal y familiar, y el 50% de la escala general de gravamen―. “Es una selva inexpugnable”, ha lamentado el presidente del CGE, Valentín Pich.

En el IRPF, por ejemplo, el tipo marginal máximo oscila entre el 45,5% de Madrid y el 54% de la Comunidad Valenciana. Pero los tributos cedidos dan una imagen más abrumadora de las diferencias que existen en la fiscalidad regional. El impuesto sobre sucesiones, que grava las herencias, es un claro ejemplo de ello y una figura en la que se está generando una carrera a la baja cuando los beneficiarios son familiares cercanos.

Patrimonio, bonificado al 100% en Madrid

Un hijo o hija que herede bienes por 800.000 euros pagará en Asturias 103.135 euros, 1.586 en Madrid y cero en Andalucía, destaca el informe del REAF y de CGE. También el impuesto que grava las grandes fortunas da lugar a importantes disparidades. En el caso de un patrimonio de cuatro millones de euros, en Madrid no se pagaría nada, ya que el tributo está bonificado al 100%; en Extremadura, la comunidad con los tipos más altos para las fortunas más abultadas, la factura ascendería a 59.919 euros.

Ante estas diferencias, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido con ERC a acometer una armonización de los tributos cedidos para que la formación catalana diera su visto bueno a los Presupuestos para 2021, aprobados el pasado diciembre. Esta homogeneización irá de la mano de la profunda reforma fiscal que el Gobierno ya tenía marcada en su acuerdo de coalición y que no pudo llevar a cabo en 2020 por la pandemia, aunque sí se han aprobado nuevos impuestos como la tasa Google y Tobin, se ha subido el IRPF a las rentas más altas y se ha incrementado un punto el impuesto sobre el patrimonio para las fortunas de más de 10 millones, entre otras medidas.

La voluntad de llevar a cabo una armonización tributaria, en realidad, no es nada nuevo. Montero ha sido una de las figuras más beligerantes con la baja fiscalidad de Madrid en la casi totalidad de figuras tributarias desde su época como consejera de Hacienda en Andalucía, acusándola en repetidas ocasiones de dumping fiscal. Pero el hecho de que el horizonte de la reforma se acerque ―establecería que las comunidades no puedan bajar ni subir los impuestos que tienen cedidos más allá de determinados topes― ha airado al Gobierno madrileño y a otras autonomías gobernadas por el PP. “Seré la peor pesadilla de quien toque el bolsillo al contribuyente madrileño”, llegó a decir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado noviembre.

Exceso regulatorio

El CGE estima que la recaudación del Estado ha caído entre un 9% y un 10% en 2020, a falta de conocer los datos oficiales de cierre de año. Los ingresos brindados por los impuestos propios de las comunidades, destaca el CGE, solo suponen el 2,1% de los ingresos tributarios de las autonomías. Aun así, si se considera la recaudación por habitante, las diferencias son importantes: la horquilla oscila entre los 188,7 euros de Baleares a menos de 10 euros en Madrid o Castilla-La Mancha.

Por ello, el CGE ha vuelto a recomendar una reordenación de los tributos propios y a lamentar el exceso regulatorio cristalizado en más de 800 medidas fiscales sobre impuestos cedidos. También ha destacado que las comunidades han tomado muy pocas medidas tributarias para hacer frente a la covid-19. “Parece necesario reflexionar sobre el mantenimiento o no de determinados tributos y la capacidad normativa de las comunidades sobre los mismos”, señalan los economistas. “Es el caso del impuesto sobre el patrimonio, sobre sucesiones y donaciones y de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Transmisiones. Esta reflexión debería hacerse en el marco del nuevo sistema de financiación de las comunidades cuyo establecimiento parece inaplazable”.