Pilar Blanco-Morales: “La competencia fiscal siempre es a la baja”

Catedrática de Derecho con una dilatada carrera política, Pilar Blanco-Morales (Llerena, Badajoz, 63 años) es vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura (PSOE). En una entrevista por videoconferencia, exige que la reforma del sistema de financiación autonómico “no se aborde como una pugna entre comunidades”. Apoya la armonización de impuestos: “La competencia fiscal siempre es a la baja, por eso es muy necesario establecer ese marco armonizado”, zanja. Y confía en que los fondos europeos impulsen la “transformación” del sistema productivo de la región, que siempre aparece entre las más rezagadas en las estadísticas económicas.

Pregunta. Han aprobado la convocatoria de las ayudas directas del Gobierno. ¿Cuándo llegará el dinero a las empresas?

Respuesta. Hemos dado unos días para que los potenciales beneficiarios conozcan las condiciones y planteen las dudas. El periodo de solicitudes se abre el 1 de julio. El dinero llegará en el verano. La Junta de Extremadura ha hecho todo el esfuerzo necesario para que el procedimiento a 31 de diciembre esté concluido y puesto para su verificación y fiscalización.

P. ¿Preocupa la comprobación posterior?

R. No. Estamos habituados a la fiscalización de ayudas y subvenciones. ¿Conlleva dificultades? ¿Requiere aportar medios humanos y materiales? Lo sabemos, y estamos dispuestos a hacerlo.

P. Extremadura es una de las comunidades con peores indicadores económicos. ¿Los fondos europeos mejorarán la situación?

R. Los indicadores de riqueza siempre han estado, lamentablemente, por detrás del resto de comunidades. Partimos de una posición deficitaria en todos los sentidos. Eso conlleva que Extremadura sea región objetivo uno para la UE en política de cohesión y tiene que serlo en la política de recuperación. Confiamos en que esos recursos sirvan para mejorar la situación, pero no es solo una cuestión de recursos. Extremadura tiene estabilidad política, instituciones sólidas, y ha realizado una importante labor de agilización administrativa. Es de lo que se trata para abordar la recuperación, más bien la transformación, en este caso radical, de nuestro sistema productivo.

P. ¿Qué apuestas tienen?

R. No es una apuesta. Es un compromiso político sobre bases institucionales sólidas. Nuestros proyectos van alineados con los objetivos del mecanismo de recuperación y resiliencia, en aras de la transformación ecológica y digital, sin olvidar la cohesión territorial. Seguimos necesitando infraestructuras físicas, sin olvidar la cohesión social. Y por supuesto garantizando la igualdad de género. Extremadura tiene una batería de proyectos que abarcan el aprovechamiento de los recursos naturales, la transformación de la agroindustria, el regadío sostenible, la economía circular, la administración digital, la transformación del modelo educativo con un importante diseño de la formación profesional dual y un compromiso de aprovechar la crisis no solo para la recuperación, sino también para la transformación.

P. ¿Son suficientes los plazos de ejecución?

R. Son muy cortos. Y deben serlo porque si no lo fueran no sería posible la recuperación en esa V asimétrica que se espera.

P. ¿Qué hacer con las liquidaciones negativas del sistema que llegarán en 2022?

R. Creo que hay que abordarlo primero con la conciencia de que responden a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Segundo, con la necesidad de acompasarlas al sostenimiento de los servicios públicos y a las políticas de reactivación. Estoy convencida de que encontraremos fórmulas que no obliguen a recortes, aunque entendemos que nos deben obligar a aquellos ajustes necesarios para garantizar la sostenibilidad.

P. Extremadura es una de las comunidades mejor tratadas por el sistema de financiación.

R. Es una de las comunidades que, por su situación económica, y en cumplimiento del principio de la solidaridad que establece la Constitución, mayores recursos necesita.

P. ¿Cómo hay que reformar el sistema?

R. Hay que empezar hablando de qué modelo de Estado del bienestar queremos y cómo lo sostenemos. En segundo lugar, qué ingresos y recursos públicos se necesitan para abordarlo. Por último, cómo ese nuevo modelo llega a las comunidades. El discurso sobre los impuestos, que es fundamental, no se puede hacer desde planteamientos de un liberalismo feroz que entiende que pagar impuestos es algo malo, cuando es algo necesario. Una vez definido ese sistema tributario, debemos definir cómo construimos ese modelo sobre la base de una hacienda vertebrada, distinguiendo entre los impuestos en los que se tributa en función de la posición económica de cada persona y en los que pagan todos por igual.

P. ¿Se ha desenfocado el debate?

R. Radicalmente. Pagan impuestos las personas, naturales y jurídicas, y quienes se benefician de los servicios públicos también son las personas. La reforma del sistema no se puede abordar como una pugna entre comunidades. Porque a algunas les sale el dinero por las orejas y se pueden permitir abrir embajadas en el extranjero para difundir patrañas históricas; otras no podemos porque tenemos que atender las necesidades de una población que históricamente ha tenido pensiones más bajas, salarios más bajos. Estamos radicalmente en contra, por inconstitucional, del principio de ordinalidad. Son necesarios mecanismos de solidaridad. Reclamamos un modelo que aporte fondos adicionales, garantice la suficiencia, corrija las diferencias y nos permita cumplir con nuestras obligaciones con los ciudadanos. Y el coste de los servicios es fundamental evaluarlo, así como garantizar la nivelación de todos los servicios prestados.

P. ¿Qué hacer con el status quo?

R. Con la reforma todas las comunidades tienen que ganar. Tenemos la obligación de configurar un nuevo status quo, y este es un Estado del bienestar sostenible, basado en la solidaridad entre los que más tienen y los que menos. Además, hay unos elementos históricos, como el efecto capitalidad de Madrid o la industrialización sobre una base de infraestructura inexistente en otros territorios, que no son reversibles. Ojalá disfrutáramos de ellos todas las comunidades.

P. ¿Entonces más recursos y un cambio en el reparto?

R. Así lo defendemos. En función del coste real de los servicios. En Extremadura la población beneficiaria de los servicios públicos de sanidad es el 100%. No hay un nivel de renta suficiente para acudir a un mecanismo complementario. Subrayo la solidaridad y esa profunda reflexión sobre qué sistema fiscal tenemos y qué sistema necesitamos. A partir de eso, qué servicios públicos estamos obligados a prestar. Empezar por el reparto es olvidar que hay que pensar primero en qué Estado del bienestar queremos.

P. Hay comunidades reacias a que se toquen sus competencias fiscales.

R. Es una polémica profundamente ideológica. Extremadura es un ejemplo del ejercicio responsable de la capacidad normativa para diseñar nuevos tributos. Entendemos que España es un país vertebrado, no es la suma de 17 comunidades más el Estado. Insisto sobre un modelo fiscal que corrija los desequilibrios económicos interterritoriales. También la participación de las comunidades forales en los mecanismos de nivelación. No cuestiono los sistemas de concierto, son constitucionales, sino su opacidad y la necesidad de que estas comunidades participen en el diseño de ese nuevo sistema que, reitero, debe empezar por el diseño de los ingresos que se requieren.

P. Apoya la armonización fiscal.

R. Por supuesto. Por lealtad con los ciudadanos y por lealtad constitucional. Es profundamente desleal con los principios de la Constitución traducir el debate en impuestos sí, impuestos no. Y es radicalmente falso que bajar impuestos contribuya a la mejora de la recaudación y al crecimiento. Sí está demostrado que con impuestos más sencillos, más gestionables, más desprovistos de bonificaciones y exenciones y con un claro compromiso contra la economía sumergida y el fraude, se mejora la recaudación. Dicho eso, el debate no está en subidas o bajadas, sino en la configuración de un sistema tributario equitativo, solidario, que distinga entre las diferentes situaciones en las que se encuentran las personas y, por ende, los territorios.

P. ¿Por qué se ha exacerbado la competencia fiscal entre comunidades?

R. Primero por una cuestión ideológica. Por la primacía de los postulados liberales. Segundo, porque los socialdemócratas, y hago autocrítica, no hemos sabido explicar para qué sirven los impuestos. La competencia fiscal siempre es a la baja, por eso es muy necesario establecer ese marco armonizado, donde se nos permita ejercer esas competencias, pero partiendo de un mínimo y un máximo.