Los interinos podrán entrar en las bolsas de trabajo aunque suspendan la oposición

El Gobierno negocia contrarreloj la reforma para reducir la elevada tasa de temporalidad en la Administración Pública. Es una de las medidas comprometidas con Bruselas y, para cumplir el calendario, debe cerrar un acuerdo en los próximos días con sindicatos y comunidades autónomas, las administraciones con más empleados públicos a su cargo y las que cuentan con mayor número de interinos, cerca de un 32%. El Ejecutivo ha propuesto un nuevo proceso de selección para dar estabilidad a los trabajadores públicos temporales —310.000 según Función Pública, 800.000 para los sindicatos—, muchos prestan sus servicios en sectores tan sensibles como la sanidad o la educación.

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Según el último borrador enviado por el Ministerio de Función Pública a los sindicatos y comunidades autónomas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se pretenden regularizar “todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020”. Una de las propuestas del ministerio permitiría que los interinos puedan acceder a la bolsa de trabajo aunque no superen la oposición.

“Las convocatorias de estabilización que se publiquen podrán prever para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en bolsas de interinos específicas o su integración en bolsas ya existentes”, señala el Borrador de Acuerdo de criterios generales sobre medidas a aplicar en materia de temporalidad en las Administraciones Públicas. Y añade: “En dichas bolsas se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo correspondiente, y no habiendo superado este, sí hayan obtenido la puntuación que la convocatoria considere suficiente”.

Las organizaciones sindicales que están en la mesa de negociación (UGT, CC OO y CSIF) son favorables a esta propuesta. Sin embargo, esta confección ad hoc del concurso-oposición levanta recelos entre los demás opositores porque otorga cierta ventaja a los interinos respecto al resto de los aspirantes. Tampoco gusta a muchos trabajadores públicos, y especialmente a aquellos que valoran pedir un cambio de destino y temen que esas plazas vacantes sean adjudicadas a los interinos.

Experiencia acumulada

El documento detalla, además, que el mecanismo para regularizar a los interinos “se desarrollará a través de concurso-oposición, con una valoración de la fase de concurso de un 40%, en la que se tendrá en cuenta la experiencia como empleada o empleado público especialmente la acumulada y desempeñada en el puesto o plaza objeto de la estabilización”. Eso sí, con algunas particularidades. Este procedimiento es una mezcla de las otras dos vías por las que el Estado regula el acceso al sector público —oposiciones y concursos de méritos—, y cada cuerpo funcionarial deberá adecuarlo a sus particularidades. Además, contaría con algunas modificaciones que no contentan, por el momento, a todas las partes.

El Gobierno pretende dotar a la parte correspondiente a la oposición de un 60% del valor total de la prueba y otorgar un peso del 40% a la acreditación de los méritos. Es en esta última parte donde se busca conferir a los años de experiencia y trabajo acumulados por los interinos un valor superior al de otros criterios (formación, cursos realizados…), para favorecer así su conversión en fijos. Sin embargo, desde la bancada sindical quieren elevar este segundo porcentaje. CSIF considera que la experiencia laboral debería suponer el 80% de la valoración, que la fase de oposición no debería ser eliminatoria —dentro de este modelo quien no la aprueba no accede a la acreditación de méritos—, y que las materias del examen deberían versar sobre conceptos prácticos del trabajo a desempeñar, y no sobre fundamentos teóricos.

Las posturas entre el ministerio que dirige Miquel Iceta y los sindicatos están próximas, pero aún hay que acercar posiciones con las comunidades autónomas, según reconocen fuentes de la negociación, que auguran que el pacto podría cerrarse en la próxima semana. A pesar de que ambas vías están encauzadas, el tiempo apremia: es necesario que el acuerdo se cierre antes de final de mes y se ratifique, como muy tarde, en el Consejo de Ministros del 6 de julio para cumplir con los plazos marcados por Bruselas. La próxima reunión de la Conferencia Sectorial está prevista para el jueves, 1 de julio y las comunidades podrán presentar sus aportaciones al borrador hasta el martes, 29 de junio.

El procedimiento de concurso, remarca el documento, solo “tendrá carácter básico”, aunque deberá proporcionar “un marco de seguridad jurídica suficientemente flexible en el ámbito de todas las Administraciones Públicas, estatal, autonómica y local”. Aunque se trate tan solo de un marco de mínimos, debe generar el suficiente consenso entre las autonomías para que estas no sientan cuestionadas sus competencias y lo apliquen de la misma forma. Solo así, explican fuentes de la negociación, se podría reducir la tasa de temporalidad al 8% como se ha prometido a Europa. No en vano, es en las comunidades autónomas y las administraciones locales (especialmente en la educación y la sanidad) donde se localizan las tasas más elevadas del sector público: 36,6% y 12,28%, respectivamente, frente al 7,4% de la Administración Central.

Para que el nuevo marco regulador contra la temporalidad que prepara el ministerio que dirige Miquel Iceta, y en el que se contempla un proceso de estabilización para los interinos que hayan trabajado de forma ininterrumpida entre 2017 y 2020 y la reforma del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), resulte efectivo depende, necesariamente, del visto bueno de las comunidades. Sin su implementación la temporalidad no bajará, y el descenso hasta el 8% que se ha marcado como objetivo el Gobierno no se alcanzará antes del 31 de diciembre de 2024. Haciendo añicos el compromiso alcanzado con Bruselas, uno de los pilares que fundamentan la recepción de los fondos europeos.

“Esperamos que la semana que viene ya podamos alcanzar un gran acuerdo que ponga las bases para solucionar el problema de la interinidad a corto y medio plazo en Asturias y en España”, reconoció el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, el pasado jueves tras la Conferencia Sectorial de Administración Pública.

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Fuentes ministeriales reconocen lo delicado de la situación. Ordenar un esquema general que no interfiera con las competencias de las comunidades autónomas, y que tampoco provoque situaciones que pongan en jaque los principios de igualdad, mérito y capacidad por los que se rige el acceso al sector público no es asunto sencillo. Ni siquiera la voluntad de indemnizar con 33 días por año trabajado a los interinos que sean contratados a partir de la entrada en vigor del nuevo acuerdo obtiene la aprobación de los sindicatos. El hecho de que se queden fuera los que ya estaban antes no gusta a los representantes de los trabajadores, que vaticinan una avalancha de recursos por sentirse discriminados.

En la nueva reunión entre Gobierno, sindicatos y comunidades, todavía sin fecha, se limarán unas diferencias que todas las partes reconocen deberían resolverse si se pretende que el hachazo a la temporalidad en la Administración que exige Europa se ejecute en los plazos acordados.