Temporalidad pública

Una de las distorsiones más arraigadas en el mercado de trabajo español es la elevada temporalidad de los contratos, sin apenas parangón en Europa. Distintos intentos de reformas laborales no han podido invertir una tendencia que procede de los ochenta y que se ha intensificado en los últimos años, con bastante independencia de los cambios que han tenido lugar en la especialización productiva de nuestra economía. Las implicaciones de esto sobre la calidad del capital humano, la productividad y el bienestar de amplias capas de la población son nefastas.

El problema no es exclusivo de la práctica totalidad de los sectores económicos privados, sino también de las Administraciones públicas, especialmente en las comunidades autónomas y de forma destacada en la educación y la sanidad. Mientras que en la Administración central el 8% de los empleados son interinos, en las comunidades autónomas ese porcentaje se triplica, llegando al 30% en alguna de ellas, con maestros y enfermeras como principales afectados. Muchos de los empleados públicos interinos desempeñan funciones en absoluto temporales o estacionales, lo que deja sin justificación esa práctica.

De ese mal ejemplo y de sus peores consecuencias sobre el conjunto de la economía acaba de advertir la Comisión, que condiciona la percepción de los fondos europeos a la adopción de decisiones inmediatas tendentes a su corrección. Aunque de ningún modo sea un problema nuevo, haría bien el Gobierno en priorizar la extinción de esas prácticas contractuales en el sector público cuando no estén estrictamente justificadas. Asumir la simplificación contractual y con ella la estabilidad sería también un buen precedente para la reforma laboral genérica. Es cierto que la asunción de los costes de la transformación total de ese amplio contingente de contratos temporales no encuentra ahora el necesario soporte en unas finanzas públicas maltrechas, pero sí es el momento de concretar la distribución temporal de ese propósito en el contexto del plan necesario a medio plazo de saneamiento de las finanzas públicas.