PSOE y Unidas Podemos acuerdan poner un tope a los alquileres en las áreas tensionadas

La negociación de la ley de vivienda derriba uno de sus principales obstáculos. Tras meses de disputa sobre cómo regular los precios de los alquileres en las áreas tensionadas (aquellas donde los precios han crecido por encima de lo que se considera razonable), los dos socios de Gobierno han alcanzado un consenso, según han anunciado este miércoles fuentes de Unidas Podemos. La solución encontrada es que mientras un área se considere tensionada (en principio se declarará esa condición por tres años) los contratos de alquiler en esa zona quedarán congelados.

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El germen de la propuesta lo lanzó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento, que lleva el peso de la negociación por parte del PSOE), que planteó una prórroga especial de los contratos de alquiler en áreas tensionadas, de manera que los inquilinos, en caso de finalización de contrato, podrían prolongar su estancia en la vivienda durante el tiempo en que esa zona continuase afectada pagando la misma renta. A eso, explican fuentes de Unidas Podemos (cuyo peso negociador recae en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030), se ha añadido en las negociaciones un acuerdo para que también se aplique en contratos nuevos, que en esas áreas tendrán como tope de precio lo que marcase el contrato anterior del inmueble. En ambos supuestos, por tanto, funcionaría un tope de renta que impediría a los alquileres seguir subiendo.

Faltan por perfilarse los detalles de ese mecanismo —¿qué pasaría en nuevos alquileres de inmuebles sin un contrato anterior de referencia?, ¿el precio se congelaría totalmente o podría actualizarse con el IPC?— y ni siquiera se da por completamente cerrado el acuerdo, pero para las fuentes de la formación morada la solución es satisfactoria y significa que “el PSOE ha cedido a la propuesta de Unidas Podemos de poner en marcha un sistema de regulación pública de los precios del alquiler para frenar las subidas abusivas de los mismos, frente a los incentivos fiscales que proponían inicialmente”.

En el Ministerio de Transportes replican que no les consta la aceptación del acuerdo por la otra parte y recuerdan que, en todo caso, el consenso ha nacido de una propuesta suya. Añaden que no implica la retirada de su plan de incentivos fiscales, que se mantiene en la mesa de negociación y es complementario a la congelación de precios. Estos incentivos consisten en rebajas fiscales para los propietarios de pisos de zonas tensionadas que se avengan a rebajar el precio a sus inquilinos hasta los niveles que marca el índice oficial de precios de alquiler. La bonificaciones podrían llegar hasta el 90% de las rentas percibidas y contemplan otras situaciones para promover el arrendamiento, como por ejemplo que los inquilinos sean menores de 35 años.

Una larga tramitación por delante

En Unidas Podemos muestran satisfacción, aunque admiten que lo acordado “no permitiría bajadas de precios del alquiler (...) ni daría cobertura a la ley catalana de vivienda”, dos de los objetivos que se habían marcado. La norma catalana, precisamente, ha protagonizado el último momento delicado en la relación entre los dos socios del Ejecutivo, ya que ante la finalización del plazo legal para hacerlo, el Gobierno ha decidido recurrirla ante el Tribunal Constitucional. No obstante, el camino para una nueva regulación de los alquileres en España se despeja y “los equipos negociadores continúan trabajando intensamente”, indican fuentes de la formación morada.

Ninguna de las dos partes aventura cuándo se logrará el acuerdo definitivo y llegará un texto al Consejo de Ministros para que este lo envíe a tramitación parlamentaria. El compromiso del Gobierno con la Unión Europea, según el plan de recuperación remitido a Bruselas, es dar este primer paso en el primer semestre de 2021; es decir, antes de que acabe junio. Inicialmente, fruto de la tensa negociación presupuestaria del pasado otoño, los dos socios de Gobierno se habían comprometido a tener un primer borrador de la que será la primera ley de vivienda de la democracia en enero. Pero pronto las diferencias hicieron saltar por los aires las previsiones. Tras meses de tira y afloja, el acuerdo parece muy cerca. Será, eso sí, el pistoletazo de salida para un recorrido en el Congreso y Senado que se espera largo. Según los planes enviados a Europa, el Gobierno prevé la aprobación definitiva de la norma en el segundo semestre del año próximo.