Calviño excluye el control de los alquileres del Plan de Reformas enviado a Bruselas

La regulación de los alquileres apenas tiene cabida en las 112 páginas del Programa Nacional de Reformas que la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, ha remitido a la Comisión Europea. La vivienda, a diferencia de lo que sucede con otras reformas como la fiscal o la laboral, apenas ocupa unas cuantas referencias en el texto. Ninguna se dirige a hablar de los planes para regular las rentas de alquiler, un asunto que ha generado controversia entre los socios de Gobierno y sobre el que solo es posible encontrar alguna alusión velada. Fuentes del Ejecutivo señalan que no ven precisas esas alusiones, puesto que el documento habla “de las medidas que tienen que ir a Europa en lo referente a los fondos de recuperación”.

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Al repasar las principales reformas del plan español, el texto enviado a Bruselas alude a la “vertebración territorial y capital social”. Y ahí señala que “la Ley Estatal de Vivienda, que garantiza el derecho a una vivienda digna, también incorpora cambios para la rehabilitación y mejora del parque de vivienda”. Pero se centra en esto último, al recordar que dentro de los 6.800 millones que recibirá la componente dedicada a rehabilitación y regeneración urbana se destinarán 1.000 millones de euros “para recuperar un parque público de vivienda social para alquiler, tras una década de reducción y privatización”.

Ese programa dotado con 1.000 millones, cuyo diseño va encaminado a promover la construcción de nueva vivienda social bajo el sello de la eficiencia energética, copa precisamente las dos únicas alusiones del Programa Nacional de Reformas a las políticas de vivienda. Aunque añade poco detalle a lo que ya se conoce, sí se dice que tiene “el fin de proporcionar viviendas accesibles a los más jóvenes”. El Gobierno justifica que el documento solo se refiera a ese plan. “Hablamos de promoción de vivienda pública, que es vivienda social y ya contempla un control del precio, pero no es necesario establecer ningún otro hito de cara a Bruselas”, señalan las citadas fuentes, que creen que la alusión a otros aspectos de la futura norma como la regulación de los alquileres es “innecesaria”.

Solo en la parte de las “aportaciones de organizaciones sindicales”, el texto indica que estas “señalan la necesidad de reforzar los servicios públicos, más aún tras la crisis de la covid-19, así como de aplicar medidas que faciliten el acceso al alquiler de vivienda”. Pero de esas medidas que proponen los sindicatos solo se refiere a “la ampliación del parque público de alquiler social”. Obvia, por tanto, los límites de precios, una materia en la que las organizaciones sindicales se han situado en posiciones más próximas a Podemos. Algo similar sucede con las “aportaciones de la plataforma del tercer sector”, de la que dice que “defiende el fomento del alquiler y el acceso a viviendas sostenibles para las rentas más bajas”.

Sin rastro a topes en rentas como pide Unidas Podemos

La formación de Pablo Iglesias ha apostado por poner un tope a las rentas, de manera que haya que rebajar las que estén por encima y que se congelen las que actualmente sean más bajas. El asunto ha sido materia de fuertes discrepancias en el seno del Ejecutivo que han impedido llevar al Congreso el borrador de la futura ley, algo que se habían comprometido a hacer en febrero. En la discusión, el PSOE ha ofrecido regular el alquiler, que era un compromiso adquirido en el pacto de Gobierno, a través de incentivos fiscales a los propietarios que alquilen a precios asequibles. Podemos cree que eso no respeta el espíritu del acuerdo de coalición. Sin embargo, ni una propuesta (topes de precios) ni la otra (regulación fiscal) aparecen mencionadas en la hoja de ruta enviada a Bruselas. Esta solo habla de la ampliación del parque de alquiler social, una cuestión en la que existe un amplio consenso, tanto en el Gobierno como en el sector.

En los documentos remitidos a Bruselas sí que se contemplan todos los aspectos de la reforma laboral y de pensiones negociados en el seno del propio Ejecutivo para el plan de recuperación. Es cierto que en la propia redacción del texto, en lo referente a la reforma laboral, se da más espacio a aquellos aspectos en los que la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, tiene más interés, como los cambios en la contratación para acotar la temporalidad o las políticas activas. En cambio, deja un menor espacio a la negociación colectiva o la subcontratación. También se recogen los puntos ya anunciados de la reforma de las pensiones, como aumentar la edad efectiva de jubilación o la financiación de los costes impropios de la Seguridad Social con dinero de impuestos y no de cotizaciones.

También figura, en el anexo final que recoge las medidas aprobadas durante la crisis del coronavirus, una relación de las acciones emprendidas en materia de vivienda. Por ejemplo, los reales decretos a través de los cuales el Ejecutivo ha paralizado algunos desahucios, ha obligado a extender durante seis meses los contratos de alquiler o ha forzado a los grandes propietarios a aceptar quitas o aplazamientos de renta. También la línea de crédito avalada por el ICO para arrendatarios o el adelanto de las partidas que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana entregó a las comunidades autónomas (que tienen las competencias en vivienda) para que estas ampliaran los planes de ayuda a inquilinos vulnerables o reforzarán los parques públicos de alquiler.