Alquileres

Podemos defiende que el control de alquileres funciona “a corto plazo”

Un documento de la Vicepresidencia Segunda apuesta por implementar la medida junto con otras, como la creación de una mesa de diálogo social con representantes de inquilinos y propietarios

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, este miércoles en el Congreso de los Diputados. En vídeo, declaraciones del líder de Unidas Podemos y de José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre la ley de vivienda.EUROPA PRESS/E. Parra. POOL / Europa Press

Los argumentos que manejan los dos socios de Gobierno en defensa de sus propuestas de regulación del alquiler muestran que las posturas siguen muy lejos de encontrarse. Lo que no cambia desde hace meses es el objeto principal de la disputa: si es conveniente poner topes a los precios del alquiler. El PSOE, representado en las negociaciones por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (que tiene las competencias estatales en vivienda), ya había dicho que obligar a limitaciones de renta no le gusta. En su propuesta, basada en incentivos fiscales y que fue difundida a los medios este miércoles, atacaba esas medidas con el argumento de que en países como Francia y Alemania “no han demostrado eficacia en cuanto a la contención de rentas, y sí apuntan tener a corto plazo un efecto de contracción de la oferta”.

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La réplica de la Vicepresidencia Segunda y Ministerio de Derechos Sociales, en manos de Unidas Podemos y todavía dirigida por Pablo Iglesias (que abandonará ese cargo el 14 de abril para centrarse en las elecciones madrileñas), no se ha hecho esperar. Un informe de ese departamento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sostiene que “los efectos de la regulación del precio del alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado son positivos en el corto plazo”. El texto añade que la efectividad del control de rentas, no obstante, “está condicionada por la aplicación de medidas a medio plazo que amplíen la oferta de las viviendas públicas en alquiler”. Y señala que debe ir acompañada de otras acciones.

El documento, con membrete de la Vicepresidencia Segunda, es uno de los que el departamento ha usado para argumentar en la discusión con Transportes. Tras la última reunión entre ambas partes, este miércoles, Unidas Podemos ya dejó claro que no apoya el planteamiento de regular mediante incentivos fiscales y seguiría insistiendo en su propuesta. De esta se conoce poco: que se basa en que con base en una estadística oficial (está el índice de referencia del Gobierno, y algunas comunidades también tienen datos propios) se establezca un tope de precio de los alquileres en áreas tensionadas. Todos los arrendamientos que estén por debajo de ese precio se congelarían y los que estén por encima se rebajarían a esa marca.

Un mecanismo extendido

Contrariamente a lo que arguye Transportes —que en un mercado con gran presencia de pequeños propietarios como el español eso retraería la oferta de alquiler (lo que provocaría nuevas tensiones de precios)—, Derechos Sociales defiende que “en las principales economías desarrolladas se han venido practicando distintas políticas de control de precios de la vivienda de alquiler, que han recobrado importancia en los últimos años”. Y añade, respecto a esas experiencias, que “la literatura encuentra una menor subida de los alquileres en relación con los años anteriores” y que “no se aprecia una caída de la oferta de vivienda en alquiler”.

En concreto, Derechos Sociales se refiere a tres trabajos relacionados con los límites de precios en Alemania y que hacen referencia sobre todo al denominado Mietpreisbremse o freno de los alquileres. Este mecanismo es algo diferente a lo que se conoce de la propuesta de Podemos: se puso en marcha en 2015 y lo que impide es que los nuevos contratos en áreas de precios tensionados suban más de un 10% sobre el precio medio de la zona. Contiene muchas excepciones y, aunque como afirma el documento de Vicepresidencia, hay estudios que señalan que sí contuvo las grandes subidas de precios, no impidió que estos siguieran encareciéndose. De hecho, en 2020 Berlín estrenó un sistema más estricto y ahí el efecto no está tan claro: hay estudios que dicen que en el primer año la oferta se ha contraído y otros que dicen que el control ha funcionado.

No obstante, el informe de Vicepresidencia Segunda apunta a “una política que conjugue control de precios en las zonas tensionadas, inversión en nueva vivienda pública, mejora de rentas del trabajo, ayudas a grupos en vulnerabilidad, una nueva fiscalización y una legislación que luche contra la especulación”. Para mejorar la oferta apunta a la movilización de viviendas vacías y a la ampliación del alquiler social “gracias a las viviendas de la Sareb y de grandes tenedores de viviendas y de nuevas promociones”. En febrero, cuando comenzaron a hacerse públicas las desavenencias sobre la futura ley, Podemos ya apostó por rebajar la definición de grandes propietarios al que tuviera más de cinco inmuebles y por obligarles a destinar una parte de sus viviendas al alquiler social.

Por último, añade “la creación de un diálogo social entre asociaciones de inquilinos y las asociaciones de propietarios que negocien las condiciones del mercado de alquiler”. Esa propuesta de involucrar a organizaciones sociales en la regulación del mercado es similar a la que se da en otros países europeos y la defienden también algunos expertos.

Declaraciones cruzadas

El informe destaca la mala situación de la que parte España por la escasez de su parque social de alquiler (un 2,5%, de los porcentajes más bajos de Europa), la tasa de esfuerzo que tienen que hacer muchos inquilinos para pagar la renta mensual y la tardía emancipación (a los 29 años, frente a la media de 24 años en la UE). Pero más allá de ese diagnóstico, en el que hay consenso, no será sencillo que convenza a la parte socialista del Ejecutivo. Además del propio ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien ha afirmado este jueves que “hay espacios para converger”, otras dos ministras socialistas, María Jesús Montero (Hacienda) y Nadia Calviño (Economía), han defendido esta mañana en sendas entrevistas radiofónicas la propuesta de los incentivos fiscales. Montero ha puesto el acento, además, en que esta cumple “con lo que se firmó en el acuerdo para la constitución del Gobierno, que era evitar subidas abusivas de los precios de alquiler”.


Horas después, en un acto con agentes sociales sobre dependencia, Iglesias ha atacado la propuesta socialista precisamente por ese flanco. “Cuando se firma un acuerdo de Gobierno, el acuerdo está para cumplirse”, ha afirmado. “Un Gobierno no solamente es de izquierdas porque lo repita muchas veces. Es de izquierdas cuando cumple sus compromisos de izquierdas firmados ante la ciudadanía”, ha añadido.

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