Los desahucios de inquilinos suben un 14%, pero bajan respecto a 2019

Los desahucios derivados de impago de alquiler aumentaron en el primer trimestre del año un 14% interanual, hasta los 7.862 casos, según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la comparación con el primer trimestre del año pasado hay que tener en cuenta, sin embargo, que ese periodo ya se vio afectado durante 18 días (del 14 al 31 de marzo) por la declaración del primer estado de alarma, que acarreó una parálisis considerable de la actividad. Si se contrasta la cifra conocida este lunes con respecto al último periodo comparable, el primer trimestre de 2019, el resultado es un descenso del 23,7%.

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Pese a esa llamativa caída de la cifra con respecto a dos años atrás, es complicado concluir si la explicación se encuentra en la normativa antidesahucios que el Gobierno aprobó el pasado diciembre. De un lado, el número total de lanzamientos (el argot judicial con que se denomina el momento en que el juez ordena un desahucio, que es lo que realmente mide la estadística) se situó entre enero y marzo en 10.961 casos, un 13,4% más que el año pasado y un 29,5% menos que dos años atrás.

El hecho de que los desahucios en general caigan más que los derivados específicamente del impago de alquiler significa que necesariamente tienen que estar descendiendo los desalojos que se derivan de otras causas. Concretamente, el CGPJ especifica que los lanzamientos derivados de impago de hipoteca fueron en el primer trimestre 2.548, un 6,5% más que un año atrás y un 41,4% menos que hace dos años. Los desahucios de inquilinos y los procedentes de ejecuciones hipotecarias son las dos grandes categorías que contempla la estadística judicial, pero esta añade un tercer motivo, que en realidad es un cajón de sastre que agrupa otras causas. Para el primer trimestre esa categoría de otros comprendió 551 casos, un 46,2% más que hace un año y un 38% menos que hace dos años. Conclusión: el grueso de la reducción del número de desahucios con respecto a hace dos años corresponde sobre todo a estas dos categorías y, particularmente, al hecho de que cada vez haya menos desalojos por morosidad en el pago hipotecario.

Puesto que las normas antidesahucios del pasado diciembre se dirigían exclusivamente a inquilinos, las cifras comparativas de las diferentes causas que conducen a un desahucio parecen sugerir que el decreto tuvo en el primer trimestre del año un impacto limitado. En realidad, la norma que se aprobó tras una tensa negociación entre los dos socios no implica en absoluto una paralización total de los desahucios. Queda al criterio del juez valorar, ante una situación de vulnerabilidad del inquilino, e incluso cuando este ocupe el inmueble sin un título habilitante para ello, si paraliza unos meses el desahucio para encontrar una alternativa donde vivir a la persona que va a ser expulsada de su vivienda.

En favor de la tesis de que la normativa de diciembre no ha tenido un gran impacto se encuentra también el hecho de que los inquilinos sean, con mucho, quienes más frecuentemente protagonizan desahucios en España. Entre enero y marzo más de 7 de cada 10 desahucios (un 71,7% exactamente) se derivaron de impagos del arrendamiento. Este porcentaje, con ligeros altibajos pero siempre en el entorno del 70%, se mantiene desde hace tiempo.

Aumento de las ejecuciones hipotecarias

En cuanto a los desahucios derivados de impagos de hipoteca, pese a que el descenso es sostenido desde hace años, la estadística conocida este lunes deja algún dato preocupante. Concretamente las ejecuciones hipotecarias presentadas, el momento inicial en que una entidad reclama la posesión de un inmueble porque el prestatario ha dejado de pagar las cuotas (y que si no hay acuerdo durante el proceso judicial puede acabar en un lanzamiento), se dispararon en el primer trimestre del año un 56,3%, hasta los 7.280 casos. En este caso no hay alivio al compararlo con 2019: son un 39,7% más. Este hecho, al que el pasado viernes ya apuntaba el INE usando los registros de la propiedad como fuente, se relaciona, entre otras cosas, con un aumento de la morosidad a causa de la crisis y podría provocar que en el futuro los desahucios procedentes de ejecuciones hipotecarias volvieran a crecer. En la anterior crisis, la de 2008, se dispararon y fueron causa durante años de un gran número de desahucios en España.

La estadística del CGPJ también da cuenta de un aumento de la litigiosidad hipotecaria. En los juzgados de primera instancia ingresaron entre enero y marzo 33.747 casos por cláusulas abusivas en las hipotecas, un 49% más que en el mismo periodo de 2020. Los casos resueltos se elevaron hasta más de 36.000 (un 10,2%) lo que dejó prácticamente invariable la cifra de asuntos pendientes: en los juzgados aún esperan sentencia casi 235.000 casos, un 0,4% más que un año atrás. Lo que tampoco cambia es el altísimo porcentaje de sentencias estimatorias: en los casos resueltos durante el primer trimestre, el fallo dio la razón al prestatario en un 97,6% de los casos.