El decreto antidesahucios incluirá la prohibición de cortar suministros básicos a consumidores vulnerables

Tras semanas de tira y afloja en el seno del Gobierno de coalición, todo está listo para que el nuevo decreto antidesahucios obtenga este martes luz verde en el Consejo de Ministros. El texto finalmente incluirá la prohibición de cortar suministros básicos (agua, luz y gas) a consumidores vulnerables en la pandemia. Así lo ha señalado esta mañana la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha acotado la aplicación del precepto a la duración del estado de alarma. Fuentes de Unidas Podemos, que exigía la aprobación urgente de esta medida, han destacado que afectará tanto a titulares de los contratos como a otras familias que puedan acreditar su vulnerabilidad por medio de los servicios o mediadores sociales.

Según fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la última redacción de la norma restringe todavía más los supuestos en los que no se podrá desalojar a personas que ocupan viviendas en precario (es decir, sin contrato de alquiler). Dicha restricción solo se aplicará en los casos de personas con dependencia, víctimas de violencia de género o que tengan personas dependientes o menores al cargo residiendo en la vivienda ocupada. Todo ello, siempre que además el propietario sea un gran tenedor (el que tiene más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros), que la entrada en la casa no se haya hecho ejerciendo violencia y que sea anterior a la entrada en vigor del decreto, lo que se espera que suceda antes de Nochebuena.

En cuanto a las compensaciones que podrán pedir los propietarios de estas viviendas, como recogía uno de los borradores de la norma y adelantó EL PAÍS, será siempre que transcurran al menos tres meses sin que las Administraciones públicas den una solución para los ocupantes y justificando debidamente el perjuicio económico (no se pagarán si los pisos antes de su ocupación se tenían inactivos).

En el caso de inquilinos con contrato de alquiler que no pueden hacer frente a la renta, los desalojos quedarán prohibidos siempre que se acredite la vulnerabilidad del arrendatario y que esto no provoque una situación de vulnerabilidad al arrendador, lo que deberá valorar el juez antes de emitir un auto de lanzamiento o de paralización del mismo. La moratoria de desahucios en estos supuestos estará vigente hasta la finalización del actual estado de alarma, prevista para el próximo 9 de mayo.

La normativa actual, aprobada el pasado marzo y prorrogada hasta el 31 de enero, solo contempla supuestos en los que la fragilidad del inquilino deriva directamente de la crisis provocada por la covid-19 y comenzó después de marzo. Ahora eso se corrige para incluir a hogares que eran vulnerables antes. “A aquellos que ya estaban en vulnerabilidad, la pandemia no les iba a mejorar la situación”, ha razonado este martes el ministro José Luis Ábalos para defender la ampliación de los supuestos.

También en estos casos, los propietarios (pequeños o grandes tenedores) que se sientan perjudicados económicamente podrán pedir una compensación si transcurren más de tres meses sin que las Administraciones encuentren una solución habitacional a los arrendatarios que no pueden pagar la renta. Para ello, el Ministerio de Transportes debe modificar ahora el plan estatal de vivienda, habilitando a las comunidades autónomas (que tienen transferidas la mayoría de competencias en Vivienda) a destinar fondos de ese programa para el pago de las indemnizaciones.