La negociación de la ley de vivienda entra en su fase decisiva

Algo se mueve en torno a la futura ley de vivienda. Despejado el calendario político, tras las sobrevenidas elecciones en Cataluña y Madrid, hace semanas que los socios de Gobierno han dejado de airear públicamente sus diferencias. La fundamental, la manera de regular los precios de alquiler en las áreas tensionadas, se mantiene. Pero también al respecto se han explorado nuevas propuestas para desbloquear las negociaciones y cerrar el acuerdo. En el plan de recuperación enviado a Bruselas se apuesta por enviar un borrador al Congreso antes de julio. Esto da al Ejecutivo un mes largo de plazo todavía. En el Ministerio de Transportes, el que tiene las competencias estatales en vivienda, lo ven factible.

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Si en febrero y marzo la tensión y los reproches mutuos eran casi diarios, hace ya tiempo que se optó por un perfil más discreto de cara a los medios. “Da la sensación de un parón que no es real”, señalan en el Ministerio de Derechos Sociales, cuya titular, Ione Belarra, llevó el peso de las negociaciones por parte de Unidas Podemos cuando era secretaria de Estado y mantiene ese papel como ministra. No obstante, se insiste en que “la pelota está en el tejado de Transportes”. La propuesta fiscal que planteó la parte socialista del Ejecutivo nunca ha convencido a sus socios, que piden “que plantee algún método para la regulación [de precios de alquiler]”. Es decir, límites de rentas.

La opción fiscal no es la última que se ha puesto sobre la mesa. Sin retirarla, y de manera complementaria, Transportes ofreció una prórroga obligatoria de los alquileres en áreas tensionadas, confirman fuentes conocedoras de las negociaciones. En tanto que estas zonas -para cuya definición se usaría el índice oficial de precios y otros indicadores como el crecimiento del IPC- mantuvieran los precios disparados, los inquilinos tendrían derecho a permanecer en sus casas. Esto impediría que, superados los 5 o 7 años de duración inicial del contrato, el casero pudiera subir la renta en un nuevo contrato.

Menos reuniones y más mensajes

Aunque ya no haya reuniones semanales de los equipos de ambos ministerios, sí ha seguido el cruce de “llamadas y mensajes”. Y Derechos Sociales también ha movido ficha. Según las mismas fuentes, habría propuesto una fórmula genérica para que sean las comunidades autónomas las que establezcan límites de precios. Esto salvaría el desencuentro con el PSOE, respaldaría la normativa catalana de control de precios -apoyada por Podemos y pendiente de un recurso del PP en el Constitucional- y abriría la senda a otros territorios para hacer lo mismo.

En el Ministerio de Derechos Sociales guardan silencio al respecto e insisten en que su voluntad y su propuesta principal es que se cumpla lo acordado en el pacto de Gobierno de coalición, que hablaba de “poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler”. En Transportes muestran que la idea no les agrada demasiado: “Esto es una competencia estatal y somos muy respetuosos con la competencia en otras materias, pero esta no podemos eludirla”, explica un alto cargo de ese departamento. Aunque las políticas de vivienda están transferidas a las comunidades, la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula los alquileres, es estatal y actualmente señala que la renta es “la que libremente estipulen las partes”.

El escollo principal, sin poner topes de precios como pide Podemos o dar beneficios fiscales a los caseros que alquilen barato como propone el PSOE, sigue ahí y el reloj corre. El compromiso enviado a Bruselas es resolver la negociación como tarde en junio y en Transportes lo ven posible. “Vamos a intentar cumplirlo”, zanjan. Después se iniciaría una tramitación parlamentaria que se prevé larga: los planes enviados a Europa señalan que la ley no entraría en vigor antes de mediados del año próximo. El plazo es “realista”, señala la fuente consultada en el ministerio que preside José Luis Ábalos, en previsión de que la norma genere “mucho debate” y, por tanto, muchas enmiendas tanto en el Congreso como en el Senado.

En lo que no se esperan problemas, al haberse alcanzado consenso en los últimos meses, es en otras medidas que contendrá la que pretende ser la primera ley estatal de vivienda de la democracia. Los puntos más destacados son las medidas para evitar desahucios y la penalización de las viviendas vacías. Sobre estas últimas, la idea es permitir a los Ayuntamientos para que recarguen más IBI (impuesto sobre bienes inmuebles) sobre las casas que están desocupadas sin justificación. Pendientes están los flecos de si afecta solo a personas jurídicas (empresas) o también a particulares y a partir de cuántas viviendas (se aplicaría solo sobre grandes propietarios).

Aunque los desahucios también son una cuestión sensible para ambos partidos —en la negociación para habilitar medidas especiales durante la pandemia saltaron chispas a finales del año pasado— lo cierto es que ninguno de los dos socios avisa de grandes divergencias en esta materia. A partir de lo que ya se aprobó entre diciembre y enero, la idea es mantener la posibilidad de que los juzgados paralicen temporalmente desahucios de familias vulnerables hasta encontrar una vivienda alternativa. Se restringiría, eso sí, solo a procedimientos civiles. La ampliación a supuestos penales en la última normativa motivó las protestas del sector inmobiliario y dos recursos de PP y Vox ante el Tribunal Constitucional.