Las cinco provincias en donde falla la educación, la sanidad y la banca

La accesibilidad geográfica a servicios básicos de interés general, como la sanidad, la educación o los servicios bancarios, “es relativamente buena en el conjunto del país”. La mayor parte de la población tiene acceso a esos servicios en su municipio o el acceso a los mismos “se puede realizar en un tiempo razonable”, concluye un nuevo informe monográfico de la Fundación Ramón Areces y el Ivie.

Sin embargo, bajando la lupa se encuentra lo que los investigadores denominan “las zonas oscuras”, aquellas en las que se hace difícil acceder a los médicos, a los maestros y conseguir efectivo de un banco. Son “un reducido porcentaje de la población, pero en cinco provincias del interior, se repite este problema sistemáticamente: Teruel, Cuenca, Guadalajara, Soria y Ávila”.

El informe llega días después del realizado por el Banco de España, que destacó en su informe anual que 3.403 municipios, el 42% del total, sufren un riesgo de despoblación. Solo Finlandia, Estonia y Letonia tienen una proporción mayor de pueblos en semejante situación. Es la España vaciada que no deja de crecer como una mancha de aceite por el círculo vicioso en el que la gente se va porque no hay servicios y los servicios desaparecen porque no hay población. Por eso, la conclusión del monográfico es que “la concentración de la población facilita el acceso a los servicios públicos y privados, pero deja zonas oscuras en la España vacía”.

El 12%, sin centro de salud

Según el desglose de la situación, el 11,9% de la población española vive en municipios donde no hay un centro de salud, si bien solo el 0,2% no tiene acceso ni siquiera a un consultorio en su localidad de residencia. Alrededor de un millón de personas (el 2,1% de la población) tienen que invertir más de 45 minutos para llegar al hospital más cercano.

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La accesibilidad geográfica a la educación obligatoria “es buena en general, ya que el 99% del alumnado de educación primaria y el 93% del de secundaria dispone de un centro escolar en su municipio de residencia. El 89% de la población entre los 16 y los 17 años reside en un municipio con centro de bachillerato”.

Por último, el porcentaje de población sin oficina bancaria en su municipio de residencia ha aumentado un 50% desde 2008 “hasta representar el 3% de la población, un problema que afecta a casi 1,4 millones de personas”. El estudio describe el problema por provincias, algo desconocido hasta ahora, y la conclusión es que en 12 de ellas el problema para conseguir servicios bancarios o efectivo le sucede a más del 10% de la población. Además, en general, son ciudadanos mayores, con movilidad reducida y de escasos recursos económicos.

El porcentaje de la población española que reside en municipios en los que no hay ninguna oficina bancaria ha aumentado del 2% en 2008 (año en el que la red alcanzó su mayor dimensión) al 3% en 2019. En términos absolutos, casi 1,4 millones de personas viven en municipios donde no hay oficinas bancarias, 448.000 más que en 2008. En algunas provincias el porcentaje supera el 20%.

Málaga: 18 minutos en coche para acceder a un banco

Sin embargo, la Fundación Ramón Areces y el Ivie aclaran que “no tener una oficina bancaria en el municipio de residencia no implica necesariamente un problema de exclusión financiera, ya que hay otras vías de acceso a los servicios financieros como la banca online”. Y calculan un dato novedoso: el tiempo medio de desplazamiento en coche desde un municipio sin oficina bancaria a la más próxima; la media es de 11 minutos, pero las diferencias entre ellos son grandes.

Por comunidades autónomas, el menor tiempo de acceso a una oficina corresponde al País Vasco (siete minutos), menos de la mitad que los 15 minutos de Canarias. Por provincias, el máximo se alcanza en Málaga, con 18 minutos de desplazamiento. “Si desagregamos por municipios, solo hay ocho localidades en todo el país (de un total de 8.131) en las que son necesarios más de 45 minutos en coche para llegar a una oficina bancaria”.

Sin embargo, existen algunas zonas oscuras en la geografía española en los que esa accesibilidad se complica y que afectan a una población con características muy específicas. Se trata de una población fundamentalmente mayor, que reside en municipios muy pequeños, normalmente de montaña y con malas comunicaciones. Su nivel de renta es también inferior al del promedio del país.

Internet, clave para corregir desigualdades

Los investigadores concluyen que “el principio de equidad territorial y la obligatoriedad de las Administraciones públicas de prestar los servicios de sanidad y educación requiere medidas correctoras para esta reducida población con mayores dificultades de acceso. Las nuevas tecnologías están encaminadas a jugar un papel fundamental en la provisión de estos servicios, especialmente en el ámbito educativo, ya que permiten una redefinición del espacio y la distancia. También deberían actuar los poderes públicos para garantizar el acceso a los servicios privados considerados esenciales, como la atención financiera”.

El informe admite que existen zonas “con colectivos de población vulnerables desde el punto de vista financiero para los que no tener acceso a una oficina bancaria sí puede ser sinónimo de exclusión financiera. Son personas que viven en municipios donde no llega internet, que no tienen dispositivos a través de los que conectarse a la red, y/o no tienen las habilidades mínimas necesarias para utilizar la banca online”.

La Fundación Areces y el Ivie reclaman que en estos casos, es la Administración pública “es la que debe resolver el problema, asegurando que la red llegue a todos los municipios, o en otros casos con otras soluciones, colaborando con las entidades de crédito”. “Pero no debe responsabilizarse a la banca del problema”, añade el informe, “ya que el negocio bancario, como cualquier otro, debe ser viable, lo que no es compatible con mantener oficinas que no son rentables”.

Exceso de concentración: Madrid aglutina el 7% de la población

Volviendo a los datos generales de población, el monográfico indica que la población española presenta un elevado grado de concentración en el litoral y en las zonas urbanas. “El 32% de los habitantes residen en las 52 capitales de provincia y solo el municipio de Madrid aglutina el 7% de la población del país. Esta concentración genera problemas de despoblación en amplias áreas geográficas y revela importantes diferencias económicas”.

De los 8.131 municipios que hay en España, la renta por hogar en los casi 6.000 que no superan los 2.000 habitantes es un 20% inferior a la media del país, mientras que las localidades con más de 500.000 habitantes disfrutan de una renta un 20% superior al promedio. La concentración también muestra efectos beneficiosos porque facilita el suministro de servicios de interés general públicos y privados para un mayor número de personas.