España propone a la UE un control anual de la situación social y laboral en cada país

España ha propuesto a la Unión Europea el establecimiento de un marco de vigilancia de los indicadores de política social y laboral similar al aplicado en política fiscal (Pacto de Estabilidad) y al de los desequilibrios macroeconómicos. El nuevo pacto fijaría objetivos cuantitativos e incluiría un mecanismo de alerta que se activaría tan pronto como la situación de un país se deteriorase o cuando se detectase un riesgo de dumping laboral.

La propuesta ha sido suscrita por el Gobierno de Pedro Sánchez junto al Gobierno de Bélgica, liderado por el liberal Alexander de Croo. El documento se ha trasladado a Bruselas y al resto de capitales europeas con vistas a la preparación de la cumbre europea prevista para el 7 y 8 de mayo en Oporto. Tanto la Comisión Europea como Portugal, que ocupa la presidencia semestral de la UE, aspiran a que de esa cita salga una agenda que garantice que la recuperación económica post-pandemia integra una importante dimensión social junto a los objetivos medioambientales y digitales ya fijados.

El texto hispano-belga (definido como non-paper en la jerga diplomática) subraya que “el Pilar europeo de los derechos sociales es una brújula crucial para el empleo, la educación y las políticas sociales”. Y considera que “su implementación debe acelerarse por la crisis de la covid-19 y por la transición verde y digital en ciernes”.

El llamado Pilar de derechos sociales fue pactado en la cumbre de Gotemburgo en 2017 y fijó 20 principios rectores en materia de igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, condiciones laborales justas y protección e inclusión social. Pero de momento ese pilar es poco más que una declaración de buenas intenciones con escaso recorrido.

La crisis sanitaria, además, ha devastado la economía de buena parte de los países europeos y se teme que deje una temible resaca de depauperación y exclusión social. A Bruselas le preocupa que la fractura en condiciones laborales y sociales de la era post-pandemia pueda llegar incluso a poner en peligro el funcionamiento del mercado interior, que requiere una cierta convergencia económica entre sus socios.

Crecimiento más social

España y Bélgica creen que se deben atajar esos riesgos de manera inmediata, convirtiendo el Pilar en el instrumento que “equilibre las políticas económicas y el mercado único con una estrategia de crecimiento más social y más sostenible”. Para lograrlo, los gobiernos de Sánchez y De Croo proponen la introducción “de nuevos objetivos sociales”, ligados a los objetivos económicos y revisables cada cinco años.

El nuevo Pacto social establecería, además, objetivos cuantitativos en áreas tan precisas del mercado laboral como la calidad del puesto de trabajo, la brecha salarial entre varones y mujeres o la higiene y seguridad en el trabajo. Los objetivos cuantitativos también se extenderían a áreas de política social y educativa como el número de personas sin techo, el abandono escolar o el acceso asequible a servicios de calidad. En este último terreno se menciona expresamente, como en ocasiones anteriores, la atención a la infancia, pero también a los ancianos, un capítulo que ha ganado relevancia tras la elevada mortandad provocada por la pandemia en las residencias de ancianos, una tragedia que ha golpeado con gran fuerza a España y Bélgica.

La propuesta incluye también el establecimiento de un “mecanismo de alerta”, cuya activación llevaría a una investigación en profundidad sobre la situación social y laboral en el país donde se considere necesario. Ese tipo de instrumentos de vigilancia ya existen en materia de desequilibrios macroeconómicos y somete a exámenes exhaustivos a los socios de la UE donde se aprecian, por ejemplo, déficit o superávit muy abultados en la balanza por cuenta corriente, dependencia excesiva de la inversión internacional, evolución al alza de los costes laborales de manera desproporcionada en relación con la productividad o un endeudamiento enorme del sector privado. En el último ejercicio de revisión (2020), Bruselas sometió a examen a 10 países (España, Alemania o Francia, entre ellos) y puso en vigilancia a los tres con mayores desequilibrios (Italia, Grecia y Chipre).

España y Bélgica creen que la misma vigilancia deberá aplicarse a partir de ahora a los indicadores sociales y laborales, reforzando también su control en el llamado Semestre europeo (el ejercicio anual de la situación presupuestaria de cada país en aplicación del Pacto de Estabilidad).

El reforzamiento del pilar social, según los dos países, debería ser clave también en la gestión del fondo europeo de recuperación (NextGeneration EU), que a partir de este año distribuirá 750.000 millones de euros entre subsidios y préstamos para paliar los efectos de la pandemia.

El texto hispano-belga también pide que de la cumbre de Oporto salga una mirada de la UE a largo plazo a unos mercados laborales y a un ámbito social que, probablemente, se verán transformados por el impacto de la covid-19. El documento aboga por impulsar el aprendizaje continuo, estimular la incorporación de nuevos métodos de trabajo, reforzar los derechos laborales y los sistemas de seguridad social.

España y Bélgica también defienden el mantenimiento de la suspensión del Pacto de Estabilidad hasta que se supere la crisis. Y aprovechar la exitosa experiencia del programa Sure (100.000 millones de euros en préstamos para financiar las regulaciones temporales de empleo durante la pandemia) para desarrollar un seguro europeo de desempleo que “contribuya a la estabilidad económica y a la solidaridad”. La Europa post-covid empieza a perfilarse.