Reforma laboral

La reforma laboral prometida a Bruselas dejará solo tres tipos de contratos

El presidente Sánchez presenta en el Congreso el documento sobre el plan de recuperación en el que se detallan las reformas estructurales y las inversiones que se afrontarán con los 72.000 millones provenientes de los fondos europeos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes en el Palacio de la Moncloa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes en el Palacio de la Moncloa.Emilio Naranjo / EFE

El Gobierno se compromete ante Bruselas a hacer una profunda reforma laboral que incluye la simplificación de los contratos actuales hasta reducirlos a tres, según el documento que ha trabajado La Moncloa y que ha enviado al Congreso para debatirlo hoy en un largo pleno protagonizado por Pedro Sánchez. El texto, de 200 folios, detalla las reformas más importantes y también las enormes inversiones públicas que se desarrollarán gracias a los 72.000 millones que llegarán del gran fondo de recuperación europeo. El documento habla expresamente de tres tipos de contratos: “uno “estable” para el conjunto de las actividades, otro “temporal” para las que tengan esa naturaleza y uno “de formación” para la inserción, en particular, en el mercado laboral”.

Los tiempos son importantes, y el documento señala con claridad que habrá un primer paquete de reformas en este semestre que no son polémicas. Se da prioridad al plan de choque contra el paro juvenil, la modernización de las políticas activas de empleo -básicamente formación-, y la digitalización de los servicios públicos de empleo. Sin embargo, “en paralelo” se harán las demás, incluida la modernización de la negociación colectiva, la más sensible para la patronal y Bruselas. En cualquier caso, la redacción es lo suficientemente ambigua para que puedan aceptarla tanto Calviño como Díaz, y será en la negociación real con patronal y sindicatos cuando se vea hasta dónde está dispuesta a llegar La Moncloa y sobre todo en qué plazos. También tendrá importancia lo que tenga que decir Bruselas sobre esto, cuyas posiciones están más cercanas a Calviño.

Plan de choque contra el desempleo juvenil

El Ejecutivo también señala que hasta finales de 2021 habrá un mecanismo transitorio de ERTE que impulse la reincorporación de los trabajadores. Y anuncia “nuevos instrumentos de flexibilidad interna alternativos al despido y la alta temporalidad, mediante dos mecanismos de ajuste del tiempo de trabajo ante caídas de la demanda cíclicas o extraordinarias y de acompañamiento de procesos estructurales de transición en sectores en reconversión”. Estos serán los nuevos ERTE estructurales, que tendrán una nueva regulación con un fondo inicial para sufragarlo que se podrá financiar con créditos del fondo europeo. Y se apuntan otras reformas ya en marcha, con el objetivo de “garantizar un trabajo digno mediante una regulación adecuada del teletrabajo, los repartidores de plataformas digitales y las subcontratas, así como la modernización de los mecanismos de negociación colectiva”. Este último punto es decisivo porque era uno de los asuntos clave de la reforma laboral del PP.

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También promete “una modernización de los sistemas de casación (matching) de oferta y demanda, de las bonificaciones y las políticas activas de empleo, que renueve la digitalización de los sistemas de gestión para poder aplicar la inteligencia artificial para casar oferta y demanda y garantizar un itinerario personalizado de formación, reciclaje y empleabilidad para los trabajadores”.

La idea es reducir al mínimo la temporalidad. “Este programa contempla la simplificación de los contratos de trabajo, asegurando que los contratos temporales responden a la naturaleza del trabajo y con un marco adecuado para la formación. Junto a ello, se prevé la creación de un mecanismo permanente para la formación y recualificación de trabajadores en procesos de ajuste empresarial, tanto de carácter transitorio (ante caídas de demanda significativas) como estructural (ante procesos de reconversión sectorial que exijan la adaptación de los trabajadores o la transición hacia otro tipo de trabajos o sectores). Sobre la base de la experiencia del mecanismo de los ERTE, aplicado con éxito durante la crisis de la covid-19, se trata de disponer de un instrumento permanente de ajuste interno de las empresas, alternativo a la alta temporalidad y al desempleo, que actúe como amortiguador de la extremada volatilidad del mercado de trabajo español y se oriente a la formación y recualificación de los trabajadores”, señala el texto.

Otro de los asuntos más delicados, sobre todo por la discusión en el seno de la coalición, es la reforma de las pensiones. El documento que ha preparado el Gobierno -que no es el definitivo que se enviará a Bruselas y que tendrá mucho más detalle- pasa de puntillas sobre la cuestión más polémica, la ampliación del periodo de cómputo para calcular las pensiones futuras. No obstante, se cita expresamente esa posibilidad, aunque sin poner años como en los primeros documentos que se manejaron en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. “Se propone la puesta en marcha de un paquete de medidas complementarias entre sí que serán elevadas al diálogo social e incluyen: la separación de fuentes de financiación; la puesta en marcha de un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo; la continuación del proceso de acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal a través de incentivos a la demora de la jubilación y ajustando los elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas; adecuación a los nuevos modelos de carrera profesional del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación; la integración y convergencia de los distintos regímenes de pensiones, como los de los autónomos; la revisión del sistema de previsión social complementaria, fomentando su desarrollo en el ámbito de las empresas”, dice el texto. La mención al periodo de cómputo es pues muy suave, evitando la polémica.

También en la cuestión fiscal se pasa muy por encima, sin compromisos claros, y mucho menos detalle que en la reforma laboral. “Es preciso abordar una reforma del sistema tributario que permita hacerlo más sólido y resiliente, más equitativo, progresivo y justo, más alineado con la realidad del siglo XXI, que fomente la protección del medio ambiente y los hábitos saludables, así como la sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo”, sostiene el texto. “Todo ello debe venir acompañado de ajustes en los impuestos existentes. Cambios tendentes a aumentar la eficacia y la equidad de nuestro sistema impositivo y ajustes que alivien el impacto de la pandemia. De la misma manera, un sistema impositivo adecuado al siglo XXI debe afrontar un proceso de adaptación de la fiscalidad ambiental a las mejores prácticas de nuestros socios, en el marco de una reforma fiscal verde que contribuya a lograr un modelo socioeconómico más sostenible, que respalde las medidas de protección del medioambiente, de movilidad sostenible y de lucha contra el cambio climático, y que facilite el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia medioambiental”, señala.

Una de las claves del plan es el descomunal empujón a la inversión pública que se logrará gracias al dinero del fondo europeo. Es un giro completo que Pedro Sánchez comparó con el efecto de la entrada de España en la UE. El documento estudia el impacto de esa inversión pública en la economía y señala que “con una inversión de 2 puntos del PIB al año en el periodo de ejecución del plan, se logrará recuperar niveles de inversión pública en línea con los máximos del último ciclo y cerrar la brecha con los países más inversores”. El plan analiza la evolución de la inversión pública en España en los últimos años, y recuerda que “desde la creación de la Unión Económica y Monetaria hasta bien entrada la crisis de 2008, la inversión pública anual había superado el 4% del PIB de media, claramente por encima del promedio europeo. Esta tendencia se invirtió en la última década. Mientras la inversión en Europa se ha mantenido relativamente estable en un 3% del PIB, en España se ha reducido a la mitad, situándose en los últimos años en apenas un 2% del PIB”.

El plan, con casi 70.000 millones de inversión pública, y las reformas previstas supondrán, según los cálculos del Gobierno, un crecimiento potencial por encima del 2% del PIB. “El impacto a medio-largo plazo del plan puede llegar a suponer un incremento en el crecimiento potencial de la economía de 4 décimas”, remata el texto, además de crear los 800.000 empleos en tres años de los que Sánchez lleva hablando meses.

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