Estados Unidos advierte a España de que estudia todas sus opciones en respuesta a la ‘tasa Google’

A pocos días de que Joe Biden asuma el cargo como presidente de Estados Unidos, Washington lanza un nuevo aviso al Gobierno español por la tasa Google. En un informe, la Oficina del Representante Comercial del país norteamericano concluye que el impuesto español, que entra en vigor este sábado, “discrimina” a sus empresas, es incompatible con los principios vigentes de la fiscalidad internacional y restringe su comercio. El organismo también señala que, pese a no haber tomado aún ninguna decisión al respecto, seguirá evaluando “todas las opciones disponibles”.

La advertencia no va dirigida solo a España. La oficina comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés) también ha llevado a cabo un análisis de los impuestos digitales de Austria y del Reino Unido, que se suma a los informes publicados la semana pasada sobre las tasas italiana, india y turca. En todos los casos, la conclusión a la que llega es la misma: discriminación de las compañías norteamericanas, vulneración de los principios tributarios internacionales y limitación al comercio estadounidense.

Estos informes son el resultado de las investigaciones que el organismo estadounidense inició en junio del año pasado, pocos días antes de que se verificara un encontronazo entre la Administración de Donald Trump y la UE sobre la tasa Google. Entonces, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, envió una carta a los ministros de Finanzas del Reino Unido, Francia, Italia y España —países que ya habían aprobado un impuesto digital o lo estaban tramitando—, avisando de que EE UU se descolgaba de las negociaciones de la OCDE para diseñar una tasa global y que tomaría represalias contra los países que establecieran sus propios tributos de forma unilateral.

Bruselas no tardó en reaccionar. Dejó claro que seguiría adelante con el diseño de una tasa Google comunitaria si la OCDE no alcanzaba un acuerdo global a finales de 2020. Algo que, de hecho, no ha ocurrido, y que añade incertidumbre sobre el futuro.

La OCDE, que ha retrasado sus trabajos por la pandemia, no ha logrado alcanzar en 2020 un pacto sobre un impuesto digital global como tenía previsto, y ha pospuesto a mediados de este año un posible acuerdo. Por su parte, la UE no ha vuelto a pronunciarse sobre su calendario. En Estados Unidos, mientras tanto, los electores decidieron en noviembre que Trump no siguiera al frente del país, pero nada asegura que el nuevo inquilino de la Casa Blanca retome las negociaciones.

Francia, uno de los primeros países que acabó en la diana de Trump por aprobar un impuesto digital, ya ha reclamado al nuevo presidente de EE UU —que asumirá el cargo próximo miércoles— que Washington vuelva a sumarse a las negociaciones de la OCDE. “Nos damos hasta el verano de 2021 para convencer a nuestro nuevo socio, la Administración Biden, de que suscriba este impuesto y las modalidades definidas en el marco de la OCDE”, dijo el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire.

Francia, al igual que España, es uno de los países que más está presionando para que las grandes tecnológicas, en su mayoría estadounidenses —como Apple, Facebook o Google—, paguen en las jurisdicciones donde obtienen sus beneficios, aunque no tengan presencia física en ellos. Actualmente, estos gigantes operan en el mercado europeo, pero apenas contribuyen a sus arcas públicas.

Discriminación

La tasa Google española entra en vigor este sábado, aunque su liquidación haya sido aplazada al segundo trimestre por retrasos en los desarrollos normativos. Con ella, el Gobierno prevé recaudar 968 millones de euros. Gravará a las empresas con ingresos globales superiores a los 750 millones y facturación en España por encima de los tres millones por los servicios de publicidad en línea, intermediación online y venta de datos generados gracias a información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. Todos elementos que, según la USTR, “discriminan” a las empresas estadounidenses.

El informe de la oficina de EE UU señala que el impuesto español es perjudicial tanto por el tipo de servicios como por el nivel de ingresos fijados. “Aplicando el umbral (...) de 750 millones de euros, el análisis identificó a 60 empresas, de las cuales dos (3%) tenían una matriz última en España y 34 (56,7%) en Estados Unidos”, señala la investigación, que añade que este límite que parece servir para discriminar por nacionalidad a las empresas de EE UU. Asimismo, agrega que las actividades que se verán gravadas por el impuesto “se dirigen a servicios donde las empresas estadounidenses son líderes del mercado”. También subraya que el sistema fiscal internacional determina que el impuesto de sociedades se abona en un país si una empresa tiene ahí un “establecimiento permanente”, algo que no respeta el nuevo gravamen.

“El mejor resultado sería que los países se unieran para encontrar una solución”, señala en una nota publicada junto al informe el representante comercial de EE UU, Robert E. Lighthizer. El Gobierno español, al igual que el francés, ya se ha comprometido a modificar su tasa Google cuando haya un acuerdo internacional.