El problema son los márgenes

El campo español está descontento y ha salido a la calle a protestar. El problema es complejo, depende de múltiples variables y cada cultivo tiene su propia casuística. No obstante, hay algunos problemas comunes y no están en el debate público. La costumbre es crear un observatorio y denunciar la venta a pérdida, que ya es ilegal. Pero el problema ha mutado con la crisis y los análisis convencionales no sirven.

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En 2008 la burbuja pinchó, las ventas en alimentación cayeron un 15% y retrocedieron a niveles de 1995. La crisis del euro provocó además un fuerte repunte de los tipos de interés del crédito en España. Ambas variables forzaron a las empresas de distribución de alimentos a reducir al máximo sus costes laborales y márgenes para sobrevivir. La marca blanca, con márgenes mínimos, ganó mucha cuota de mercado y ha afectado a toda la cadena de valor de los alimentos que consumimos hasta llegar al campo y a los agricultores y ganaderos.

España es un país low cost. Recordemos a Mariano Rajoy incitando a la inversión extranjera a aprovechar nuestros bajos salarios. El problema es que tras cinco años de recuperación del empleo, las ventas en el comercio minorista siguen un 10% por debajo de 2007 y en niveles de 2000. Y los márgenes siguen en mínimos. El líder del sector de distribución declara beneficios que suponen tan solo el 3% de sus ventas. Y los transportistas también se quejan de márgenes reducidos y bajos salarios.

Lo que enseñamos en las facultades de economía es que los mercados fallan y la intervención del Estado es necesaria. Pero enseñamos que los Gobiernos también fallan y la intervención debe ser eficiente, con un buen diseño de incentivos para resolver los problemas. Francia ha conseguido aprobar una medida innovadora que está dando resultados. El Gobierno fija un porcentaje mínimo de margen en cada eslabón de la cadena de valor de un producto: desde el agricultor hasta el consumidor final. Se debería estudiar si esta regulación se adapta a los problemas del campo español y que el diseño consiga aumentar la renta del agricultor. Los incentivos los carga el diablo; y mal diseñados, pueden acabar empeorando la vida en el campo.

Aun así, el campo seguiría teniendo problemas: pequeño tamaño de las cooperativas, adaptación a la revolución digital, desarrollo de productos biorgánicos y sostenible, etcétera. Pero al menos la medida supondría un alivio para la crisis del campo y ayudaría a frenar la despoblación. También ayudarían medidas que alivien la presión que ha supuesto la subida del salario mínimo sobre un sector tan castigado en márgenes. Y mayor información al consumidor y transparencia, como propone el movimiento Knowcosters. A esto hay que añadir que, tras el Brexit, hay que aumentar la aportación a la UE o habrá que reducir la política agraria común.

Si la única medida es seguir subiendo el salario mínimo, todo es susceptible de empeorar.